Suroriente del país, la tierra donde disidencias siguen sembrando el terror

Apenas seis días antes de que se conmemorara en Colombia el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las Farc, una noticia mostró no solo las paradojas de la guerra, sino la persistencia del conflicto pese al triunfo que supuso sacar de la confrontación al mayor grupo armado ilegal del país

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En una carretera polvorienta enterrada en los límites entre Meta y Caquetá, un grupo de bandidos detuvo cinco camionetas de la Unidad Nacional de Protección —la mayoría asignadas para la seguridad de excombatientes—, obligó a los escoltas a abandonarlas, los despojó de su armamento y les prendió fuego a los vehículos.

Las versiones de lo sucedido ese 18 de noviembre apuntan a que los verdugos fueron del Frente Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, que querían darles una nueva amenaza a sus antiguos compañeros en armas, los que cumplieron su palabra, firmaron la paz y decidieron volver a la vida civil.

Y, en efecto, lograron que una comunidad entera de reincorporados, de más de 100 familias, empezara a planear la huida.

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El hecho, que se registró en La Macarena, Meta, es solo uno de los eventos recientes que muestran que la guerra nunca se marchó del suroriente del país.

“Se trata de una región que por varias décadas estuvo bajo el control de las dos principales estructuras de las Farc: el Bloque Oriental y el Bloque Sur. En parte es por eso que en la zona ha habido un intento de retoma de las disidencias, que se han ido expandiendo”, explica Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

En efecto, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas, toda la Orinoquía se ha consolidado como la zona de influencia de las facciones disidentes de las antiguas Farc, que siembran el terror a su paso.

De hecho, un informe presentado en septiembre por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), identificó esta región como uno de los ocho focos territoriales del conflicto armado.

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En este foco se ubican los municipios de Algeciras (Huila), San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena y La Uribe (Meta), donde tienen presencia varias estructuras ilegales.

Entre estas, el frente Jorge Briceño Suárez, el Frente 62 Compañía Fernando Díaz y la Columna Móvil Teófilo Forero Castro (de la Unidad Oscar Mondragón de la Segunda Marquetalia).

Estos grupos “se encuentran actualmente en una disputa por un corredor de conexión con el pacífico y repliegue hacia la zona de los llanos. A diferencia de las otras zonas, su importancia no es por presencia de cultivos ilícitos u otras economías ilegales, el interés es por el control de corredores, la formación de un centro de avituallamiento y de reclutamiento con el fin de engrosar las filas de las estructuras armadas”, señala Indepaz.

Los registros del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP muestran que desde diciembre de 2016 hasta noviembre de 2021 se registraron 15 masacres en estos tres departamentos: seis en Caquetá, seis en Huila y tres en el Meta.

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En cuanto a homicidios de líderes sociales, la UIA documentó —durante los cinco años después de la firma del acuerdo— 36 asesinatos en Caquetá, 34 en Meta y otros 27 en el Huila.

Otro indicador que deja ver la violencia que amenaza a la paz en estas regiones es el de homicidios de excombatientes de las Farc. Caquetá, con 31 casos, y Meta, con 28, ocupan respectivamente el cuarto y quinto lugar de la lista de departamentos más riesgosos para la vida de los firmantes de paz, que ya cuentan casi 300 asesinados entre sus .

Para el líder social Rigoberto Abello Rodríguez, miembro de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac), “no hay suficiente participación de las comunidades en la implementación del acuerdo de paz, lo que ha llevado a situaciones de retraso y desconfianza que agudizan los conflictos en el territorio”.

Abello destaca, eso sí, que en varias zonas del suroriente del país, sobre todo en Caquetá, se han disminuido los hechos violentos, ha crecido la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en los procesos organizativos y se ha creado consciencia de que la implementación del acuerdo es a largo plazo.

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“La gente ha aprendido que el proceso de paz es eso, un proceso, que no es proyecto de beneficencia del Estado sino una ruta a largo plazo que, desde las comunidades, puede salir adelante. Pero para eso es indispensable que se cumpla con los espacios de participación”, señala el líder.