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Gremios de Atlántico y Bolívar rechazan cobro de valorización en el corredor Cartagena–Barranquilla

El cobro que proyecta hacer el Invías a partir de junio sería, según los gremios, inconstitucional. 

Via al Mar Cartagena Barranquilla

Via al Mar Cartagena Barranquilla Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

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Los principales gremios económicos de los departamentos de Atlántico y Bolívar reiteraron su rechazo al cobro de la valorización nacional en el corredor vial Cartagena–Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, argumentando que se trata de una medida ilegal.
En un comunicado conjunto, advirtieron que esta contribución, impulsada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), vulnera principios constitucionales y amenaza el desarrollo económico de la región Caribe.
El pronunciamiento se da en medio del proceso judicial en curso ante el Consejo de Estado, donde fue itida una demanda de nulidad contra las resoluciones que sustentan el cobro. Además, los gremios intervinieron recientemente ante la Corte Constitucional en respaldo a la acción presentada por el senador Mauricio Gómez Amín, que busca frenar la implementación del cobro.
A esta postura se sumó el respaldo a la solicitud que elevó la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal istrativo del Atlántico para que se ordene la suspensión del cobro hasta que se resuelva la acción popular interpuesta por el senador barranquillero Carlos Meisel.
"Esto sería un golpe fuerte para nuestra región, estamos defendiendo judicialmente lo que sería un absurdo, un atropello. Gustavo Petro se empecinó en que el Caribe empeorara su calidad de vida y eso es una realidad con la que nos toca vivir, pero también defendernos. Esperemos que judicialmente logremos pararlo", dijo a EL TIEMPO Meisel.
Esto sería un golpe fuerte para nuestra región, estamos defendiendo judicialmente lo que sería un absurdo, un atropello. Gustavo Petro se empecinó en que el Caribe empeorara su calidad de vida y eso es una realidad con la que nos toca vivir, pero también defendernos.
Senador Carlos Meisel.
Carlos meiselSenador de la República
El senador barranquillero insistió en que hay que esperar que se pronuncie la justicia sobre este tema: "Nosotros pedimos unas medidas cautelares para suspender el cobro. El tribunal ha respondido en su proceso en los tiempos que debe responder, pero tenemos que ser muy respetuosos de su decisión. Yo doy la pelea, con la intención de ganar, pero al final hay un juez que define y hay que respetarlo".

Cobro iniciaría desde Junio

Según información confirmada por EL TIEMPO, el Invías tiene previsto iniciar la emisión de las primeras cuentas de cobro a finales de junio de este año. 
El proceso se realizará de forma gradual, comenzando por 10.868 predios en Santa Catalina (Bolívar), Piojó, Tubará y Juan de Acosta (Atlántico). En julio, continuarán las liquidaciones para 46.305 predios en Cartagena, y en agosto se sumarán 19.363 predios en Galapa, Malambo y Soledad. 
Vía Cartagena-Barranquilla

Vía Cartagena-Barranquilla Foto:Ministerio de Transporte

En septiembre y octubre se completará el proceso con Barranquilla y Puerto Colombia, respectivamente, alcanzando un total de 147.744 predios.
El objetivo del Gobierno nacional es recaudar 1,23 billones de pesos que serían destinados a financiar obras de infraestructura en otras zonas del país.

Reacción de los gremios

 Sin embargo, los gremios alegan que este cobro contradice el artículo 317 de la Constitución, al desvirtuar la naturaleza de la valorización y convertirla en un impuesto a la propiedad, cuya competencia no le corresponde a la Nación.
Entre los principales vicios señalados en la demanda se encuentran la retroactividad del cobro, la ausencia de un beneficio económico concreto para los predios, deficiencias en la delimitación de la zona de influencia, la falta de estudios técnicos sobre la capacidad de pago de los propietarios y errores en la determinación de la base gravable.
Circunvalar de la Prosperidad

Circunvalar de la Prosperidad Foto:Cortesía Ruta Costera

“La medida, además de ser jurídicamente insostenible, representa una amenaza para el desarrollo inmobiliario y turístico de 11 municipios del Caribe colombiano, al imponer una carga económica desproporcionada sobre miles de propietarios en un contexto de fragilidad económica. Esto podría desembocar en procesos de cobro coactivo, remates y paralización del mercado inmobiliario”, advirtieron los gremios en el comunicado.
Mientras se espera un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la solicitud de medidas cautelares, los gremios instan al Gobierno nacional a reconsiderar la implementación de este cobro, por los impactos sociales, jurídicos y económicos que conllevaría para la región.

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