‘La Corte ya estableció que hay déficit en la UPC, falta es calcular cuánto, por eso acudimos a la Procuraduría’

La crisis financiera del sistema de salud no da espera, y para resolverla es fundamental hacer un cálculo del déficit actual en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que recibe cada EPS por afiliado y que resulta insuficiente para cubrir el gasto real en salud según han señalado diversos informes técnicos y gubernamentales. En Colombia, por cada $100 pesos recibidos por concepto de la UPC en 2024, se gastaron $109,5.

Sin embargo, las mesas técnicas que ordenó realizar la Corte Constitucional para actualizar la UPC de 2024 y revisar la de años anteriores no lograron su objetivo, según el mismo alto tribunal, que en un reciente auto dejó claro que no hubo una metodología adecuada en los encuentros coordinados por el Ministerio de Salud. En su más reciente providencia, la Corte establece que las mesas deben realizarse nuevamente, reconoce que existe un déficit en la UPC y señala que corresponde al Ministerio calcular la magnitud de dicha diferencia.

Buscando que, ahora sí, se cumpla lo ordenado por el alto tribunal, el gremio de las EPS, Acemi, las organizaciones de pacientes, asociaciones de s y otros gremios del sector presentaron el pasado viernes a la Procuraduría una solicitud para que esta entidad acompañe las nuevas mesas que tendrá que convocar la cartera sanitaria. Según explicó Ana María Vesga, presidenta de Acemi, en entrevista con EL TIEMPO, la propuesta, basada en diez ejes, establece un nuevo enfoque metodológico que asegure acuerdos verdaderos, basados en datos y análisis técnicos.

En primer lugar, es importante señalar que en el auto 007 de la Corte Constitucional, que ordena la conformación de estas mesas para la revisión de la UPC, la Corte instruye al Ministerio a convocar a la Procuraduría General de la Nación como parte de la mesa. La Procuraduría estuvo presente en el primer ejercicio, pero este no permitió una discusión técnica real. Su participación fue a través del conducto del Ministerio de Salud, que, como hemos visto, no facilitó un ejercicio de búsqueda de consensos que reconociera el desfinanciamiento del sistema. Lo que estamos pidiendo ahora es que la Procuraduría asuma un rol activo, proponiendo y liderando para garantizar que la mesa se conduzca de manera diferente.

La primera razón fue la conformación de la mesa: faltaron actores. No estuvieron presentes representantes gremiales, de la academia ni de los médicos. Si se va a dar una conversación de fondo sobre el financiamiento del sistema —la decisión más importante para paliar esta crisis—, todos deben estar representados. La segunda razón es que existen dos posiciones: el Ministerio sostiene que la UPC es suficiente, mientras que aseguradores y pacientes, respaldados por la Corte, consideran que hay un déficit. Se necesita una metodología que permita recoger argumentos técnicos de ambas partes y buscar consensos. Sin embargo, el Ministerio utilizó una metodología llamada Philips 66, que organizó la discusión en subgrupos donde los aseguradores se sentaron con aseguradores, los prestadores con prestadores, los pacientes por separado... y el Ministerio, que es juez y parte, orientaba el ejercicio. Además, hubo sesgos en la formulación de las preguntas, en el análisis, y no se permitió una exposición técnica real por parte de las EPS.

Hay muchas metodologías de resolución de conflictos. No queremos imponer una, pero sí partir del reconocimiento de que existen dos posiciones antagónicas. Eso requiere establecer una mesa balanceada y tranquila, como en cualquier negociación compleja. En las anteriores mesas, por ejemplo, había un desbalance: dos representantes de aseguradores frente a doce o trece de prestadores. Tampoco se permitía exponer adecuadamente —ni siquiera había ayudas audiovisuales—. Pedimos una mesa en donde cada sesión aborde una pregunta específica, se entreguen los soportes técnicos previos, se permita exponer con argumentos, y todo eso se entregue a una mesa técnica independiente que lo evalúe. No estamos pidiendo que el Ministerio deje de tener la competencia legal para fijar la UPC, pero sí que se acepte que existe un conflicto técnico, y que se debe resolver con el apoyo de terceros imparciales.

Las IPS ya presentan información a través de los RIPS que, aunque no son perfectos, sí son obligatorios. Así como desde 2019 se ha exigido a las EPS entregar información detallada —lo cual representa un esfuerzo inmenso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Nueva EPS recibe cuatro millones de facturas al mes—, también se puede solicitar a las IPS que presenten sus facturas. Con esa información se puede cruzar y generar una muestra representativa, como se hace en cualquier estimación estadística. El problema es que hoy existe un discurso oficial que insiste en que las EPS entregan información deficiente, pero no se exige con la misma rigurosidad a las IPS. Si estandarizamos la información, se podría contrastar qué EPS reportó qué gasto, qué IPS facturaron dicho gasto y descubrir dónde están las inconsistencias. Esto también permitiría conocer con mayor certeza cuánto le cuesta el sistema al país y cuál es realmente la deuda entre los actores. Actualmente, hay diferencias enormes entre las cifras que manejan los hospitales y las EPS, y eso no debería suceder.

Ese es uno de los mayores vacíos. La Nueva EPS, que tiene 12 millones de afiliados —el 25 % del sistema—, no ha entregado información financiera ni de 2023 ni de 2024. Durante las mesas hubo un representante, pero no con la información consolidada. Es paradójico que el mismo Gobierno que se queja de la calidad de la información de las EPS no exija a sus propios interventores que entreguen los datos de las entidades bajo su control. Hoy, el 60 % de la población está afiliada a EPS intervenidas. Si esa información no está disponible, el análisis queda incompleto. Una alternativa es usar la información de los prestadores que trabajan con esas EPS para reconstruir el gasto, pero lo ideal es que el Gobierno asuma su responsabilidad y garantice la entrega de datos.

Significa que cada sesión debe abordar una pregunta específica —frecuencias, severidades, siniestralidad—, y no avanzar sin haber resuelto lo anterior. En las mesas pasadas, por ejemplo, el Ministerio hizo una presentación del estudio de suficiencia que todos ya conocíamos. No hubo posibilidad de presentar nuestras propias cifras ni de confrontar lo que el Ministerio decía con lo que nosotros veíamos en los datos. Debe haber un facilitador que al final de cada sesión sintetice: “Estos son los números del Ministerio, estos son los de las EPS, aquí hay diferencias, aquí hay acuerdos”, y eso se pasa a la mesa técnica para su análisis. Pero hoy no sabemos qué recogió el Ministerio ni cómo lo va a procesar.

En la mesa pasada eso nunca se resolvió. El Ministerio no acepta que exista un déficit. Desde el inicio de las mesas afirmaron que eran los únicos competentes para fijar la UPC y que ya la habían calculado. Por eso, se limitaron a explicar lo que habían hecho, sin revisar el faltante. La Corte, incluso en su auto más reciente, les señala que no están entendiendo la pregunta. La Corte ya estableció que hay rezago; lo que falta es calcular su magnitud. Si el Ministerio vuelve a hacer el mismo ejercicio, no se logrará nada. Por eso acudimos a la Procuraduría con esta propuesta. No sabemos si funcionará, pero tenemos que intentarlo. Este es el ejercicio más importante del sistema de salud en este momento.

No es como un apagón de luz que ocurre de un momento a otro. El sistema sigue funcionando, pero se está deteriorando todos los días: se cierran camas, los médicos dejan de atender, hay desabastecimiento, los hospitales cortan servicios por falta de pago… Hoy todas las EPS —con contadas excepciones— están en patrimonio negativo. Los hospitales están en crisis. Esto no da más espera. Sin importar qué pase con la reforma a la salud, con los decretos o con la consulta popular, sin financiamiento no hay sistema. Y eso hay que resolverlo ya. El déficit económico afecta a los pacientes y a las entidades prestadoras. La Corte ha dado un plazo: en julio deben reactivarse las mesas técnicas y en septiembre debe estar resuelta la nueva UPC. Si se hace bien, aún podemos corregir el rumbo.

La Procuraduría ha mostrado interés genuino y nos ha convocado a espacios de seguimiento. Lo que pedimos es que proponga un nuevo método para conducir la discusión y garantice que se cumpla con el mandato de la Corte. Este no es solo un debate técnico; es la única manera de salvar al sistema de salud colombiano.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros