Gobierno oficializa creación de zona de ubicación temporal para frente 33: tendrá una duración inicial de 7 meses

El presidente Gustavo Petro firmó este viernes la resolución con la que se oficializa la creación de una zona de ubicación temporal en la que se preagruparán los del frente 33 de las disidencias de las Farc.

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“Establecer por siete (7) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, una Zona de Ubicación Temporal ZUT en área rural del municipio de Tibú del departamento de Norte de Santander, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con el Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte”, dice la resolución, que no aclara la fecha de inicio.

Tampoco aclara si la definición de esta zona estará acompañada de algún acuerdo de cese del fuego o suspensión de operaciones en contra de la disidencia. 

Según el documento, este espacio tendrá como objetivo “facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes”. Además, establece que los de la disidencia tendrán 45 días para trasladarse a Tibú, Norte de Santander.

El artículo 2 define las condiciones y compromisos que regirán la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). Entre los aspectos más relevantes se incluyen: el establecimiento de un acuerdo para determinar las condiciones, responsabilidades y modalidades relacionadas con la disposición del material de guerra del frente 33; la garantía de seguridad jurídica para sus dentro del componente de justicia; y la implementación de un plan de transformaciones territoriales.

“El anuncio deja varios interrogantes. Lo primero es que no hay claridad si ellos estarán armados en la zona o las armas se tendrán algún tipo de disposición con un ente neutral. Eso no se aclara en el documento”, señaló el investigador Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte (Barranquillo).

No obstante, en la resolución se indica que en esta zona se mantendrá en todo momento y lugar la vigencia del Estado Social de Derecho. Además, como manifestaron los negociadores del Gobierno y está establecido en la Ley 2272, esta no podrá funcionar como una zona de despeje. “Las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción”, se lee en el documento.

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También se abordan aspectos clave como la elaboración de un plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la participación en programas de desminado humanitario y el proceso de tránsito hacia la ciudadanía plena de los integrantes del frente 33.

Pese a que esto último se puede interpretar como una victoria para la política de ‘paz total’, la oficialización de esta zona de ubicación temporal se da en un escenario crítico para la población del Catatumbo y con una guerra abierta entre el frente 33 y el Eln por el control territorial del Catatumbo.

De acuerdo con datos del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la región, los combates han provocado el desplazamiento de más de 66.000 personas, el confinamiento de cerca de 11.500 y al menos 130 homicidios.

Este frente, liderado por alias Jhon Mechas y alias Richard, hace parte de las disidencias del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), conocidas como las disidencias de ‘Calarcá’.

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Frente a la creación de esta zona, el pasado fin de semana la defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó varias preguntas relacionadas con la instalación de esta zona. “El Estado debe proteger a la población frente al accionar armado de ambos grupos. ¿De qué manera la protección estatal a la zona no representará una ventaja militar para el frente 33 frente al Eln?”, señaló el pasado fin de semana.

Marín también expresó dudas sobre los mecanismos de verificación que aseguren que la zona no se utilice para expandir control territorial o atacar a civiles señalados de apoyar al grupo rival.

Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, “sí puede darse ese riesgo de que se convierta en una ventaja militar, sobre todo porque no hay claridad sobre la disposición de las armas. No se sabe si llegarán armados o no a la zona”.

La decisión de ubicar la zona en Tibú es riesgosa, advierte, porque se trata del epicentro del enfrentamiento con el Eln, donde no existen garantías reales de seguridad. Pero también porque es el lugar al que están regresando muchas familias que huyeron en la primera oleada de violencia.

“No se sabe si estos acuerdos terminarán realmente en un proceso de desarme, lo cual aumenta la exposición de las comunidades a posibles represalias, tanto del frente 33 como del Eln”, concluyó.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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