Reforma salud: ¿por qué hay tantas dudas sobre su trámite en el Congreso?

La reforma de la salud ya llegó a la Comisión VII de la Cámara de Representantes. Y aunque es un simple trámite para que se inicie la discusión de la que, por ahora, es la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro que mayor impacto tendrá sobre la vida de todos los colombianos, su llegada a esa célula legislativa se convirtió en la manzana de la discordia en el Capitolio. Pero es una discordia jurídica.

La discusión no es de poca monta e, incluso, podría llegar a la Corte Constitucional, pues el Gobierno planea tramitar el proyecto como una ley ordinaria, pero voces importantes del Capitolio, así como juristas y exconstituyenes, aseguran que es una ley estatutaria, pues toca el derecho fundamental de la salud.

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Por eso hay polémica de que la discusión se inicie en la Comisión VII, ya que las estatutarias deben comenzar el trámite en las comisiones primeras y, además, no está permitido que se debatan durante las sesiones extraordinarias, así que habría que esperar hasta que comiencen las ordinarias el 16 de marzo.

Además de esto, el trámite puede ser complejo, pues se necesita mayoría absoluta —la mitad más uno— para que sea aprobada, y si el resultado es positivo, no pasa automáticamente a sanción presidencial, como las ordinarias, sino que pasa directamente a la Corte Constitucional que, de no tener reparos, da vía libre a la sanción. De lo contrario, el Congreso deberá modificar los aspectos señalados por el alto tribunal.

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Esta semana 25 congresistas le enviaron una carta a los presidentes del Congreso, Roy Barreas y David Racero, para que se eviten vicios de trámite, pues de haberlos, la Corte tumbaría el proyecto, lo cual significaría un golpe para el gobierno Petro.

“Existen elementos más que suficientes para determinar” que “tendrá que ser tramitado como ley estatutaria (...) con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional”, dijeron los legisladores.

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El senador Humberto de la Calle, uno de los firmantes de la carta, aclaró que no están emitiendo una postura frente al proyecto, que tiene “cosas muy buenas y otras malas y regulares”, sino que su mensaje va en el sentido de que “se necesitan mayores garantías, mayorías más sólidas, que se necesita un examen previo de la Corte”.

Incluso, comentó que no solamente se trata del derecho fundamental de la salud el que está en juego.

“Por ejemplo, la libertad que hoy tiene la gente de escoger EPS, se pierde (...). Lo que queremos es discutir de verdad, a fondo, en beneficio de los colombianos, brindando la seguridad de que no vamos a apresurarnos en una ley tan delicada”, sentenció el senador, quien participó de la redacción de la Constitución de 1991.

Por esto, se apeló la decisión del presidente de la Cámara, David Racero, de enviar la reforma a la Comisión VII. “La Ley 5ta nos da la facultad de apelar la decisión del Presidente, luego debe ser la plenaria de la Cámara de Representantes que decida a qué comisión debe ir el proyecto y el presidente, David Racero, debe garantizar que la apelación se dé antes de que el trámite arranque en la Comisión VII”, explicó el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, quien también firmó la carta.

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Tras la petición, Barreras le pidió al ministro del Interior, Alfonso Prada, que eleve la consulta al Consejo de Estado, pero, en todo caso, insistió en que es ordinaria. Y así mismo lo hizo el jefe de Estado cuando conoció dicha misiva: “La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma de la Ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”.

Para Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exprocurador, no hay duda de que se trata de una iniciativa estatutaria, ya que si bien todas las disposiciones del proyecto no son de ley estatutaria, habría unas que sí lo son y que tocan el núcleo del derecho fundamental a la salud.

“Me parece una equivocación del Gobierno que, frente a la duda, se arriesgue a que se apruebe una ley ordinaria y que después la Corte Constitucional la declare inexequible cuando se trata simplemente de esperar un mes para arrancar las sesiones del 16 de marzo”, explicó, y agregó que aunque una ordinaria no pasa a revisión directa de la Corte, no tiene dudas en que sea demandada. “Si continúan dándole ese trámite de ley ordinaria corren el riesgo de que le tumben toda la reforma cuando es cuestión solo de esperar un mes y presentarla como ley estatutaria”, complementó.

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En ese sentido opinó el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra. Para él, es necesario recordar que la Ley 100 fue modificada en 2015 por una ley estatutaria que estableció el derecho a la salud como un derecho fundamental. “A mí me parece que es obvio que tiene que hacerse por ley estatutaria, pero el Gobierno dice que no se toca el núcleo del derecho fundamental”.

De hecho, varios ex de la Corte coinciden en que el camino que cogió el Gobierno es equívoco. Nilson Pinilla, expresidente del alto tribunal, considera que “al haberse catalogado la salud como derecho fundamental lleva a que se deba hacer el estudio como ley estatutaria, porque se refiere a la regulación de un derecho fundamental. Es clara la posición de la Corte de que la salud en sí misma es un derecho fundamental por la implicación que tiene frente al ser humano, por eso sí creo que debería ser una ley estatutaria”.

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Pero también hay expertos que respaldan la postura del Gobierno. Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, argumentó que no todos los asuntos relacionados con la salud requieren de este trámite. “Ya existe la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la salud; cosa distinta es la regulación de la prestación del servicio de salud, eso es por ley ordinaria, así como las modificaciones a la ley 100 que también es una ley ordinaria. Resulta equivocado y contrario a la jurisprudencia considerar que todo lo tocante a derechos fundamentales necesita trámite de ley estatutaria”.

El debate, sin duda, está abierto y de seguir su trámite como ordinario, el cual se iniciaría la primera semana de marzo, es muy probable que la ley, de ser aprobada en mayo, según los cálculos del Gobierno, sea demandada, por lo que en definitiva será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra.

No obstante, el Gobierno deberá primero alinear su coalición, que ha expresado dudas sobre la iniciativa, así como en el mismo Pacto Histórico, desde donde Barreras ha sido uno de los más críticos del proyecto, pues pide construir sobre lo construido.

Además, son evidentes sus diferencias con la ministra de Salud, Carolina Corcho. Así lo dio a entender en entrevista con este diario, en la cual la señala como arrogante.

Las fuerzas políticas se están moviendo incluso desde antes de conocerse el texto. El Centro Democrático ya presentó una contrarreforma, y Cambio Radical, que es independiente, pero tiene unas posturas bastante críticas sobre el proyecto, también ha expresado sus reparos. Sin embargo, estos votos en contra no son suficientes para que la reforma no sea aprobada, por lo que serán los partidos de la coalición los que definan qué pasará con el proyecto.

Tanto los partidos Liberal, Conservador, ‘la U’ y la Alianza Verde, que son el grueso de la coalición, han expresado dudas frente a algunos artículos y harán reuniones de bancada en los próximos días para tener una postura oficial.

Uno de los puntos en los que varios coinciden es que no se puede destruir el actual sistema y hay que construir sobre lo construido.

El Gobierno, por su parte, ya se está moviendo, pero lo único cierto es que hoy el Ejecutivo solo tiene seguros los votos del Pacto Histórico a su favor.

MARÍA ISABEL ORTIZ

REDACTORA DE JUSTICIA

MATEO GARCÍA

REDACTOR DE POLÍTICA