Reducción de vacaciones de congresistas y otros proyectos claves de la semana

Por segunda semana consecutiva, el tire y afloje de la reforma de la salud concentró la atención del país político. Las dos primeras sesiones oficiales del proyecto eclipsaron los otros proyectos que el Congreso tramitó en una semana en la que no contó con ninguno de sus dos presidentes: David Racero (Cámara) y Roy Barreras (Senado) hacían parte de la delegación que acompañó al presidente Gustavo Petro en Estados Unidos. Sin ellos, el Legislativo funcionó a media máquina, pero con discusiones importantes.

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Uno de los proyectos más relevantes que fue discutido en esta semana que termina es la prohibición del fracking. El martes, mientras que la Comisión Séptima de Cámara definía si iba a sesionar o no, ante una recusación a todos sus , la plenaria del Senado dio el sí en segundo debate a la iniciativa que busca prohibir esta polémica técnica para la extracción de hidrocarburos.

Grupos ambientalistas, sectores sociales y otras organizaciones acompañaron la sesión en la que se le dijo "no al fracking". La iniciativa venía con el apoyo del Gobierno, que en dicha jornada, a través de la ministra de Ambiente, comentó: "La decisión que tomó el senado, conlleva a que no se abra paso a prácticas absolutamente depredadoras, poco eficientes en sacar energía pero que generarían un conflicto por el agua".

La poca oposición al texto aprobado vino por parte del Centro Democrático, cuyos congresistas expresaron que no se podía cerrar la puerta a esta forma de explotar petróleo y gas, a través de la ruptura hidráulica, ante la disminución de reservas en el país.

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Al final, el concepto de Ecopetrol, en el que se comentó que no se afectaría la producción actual fue determinante para la acogida mayoritaria. Ahora el proyecto pasará a la Cámara, donde tendrá que tener sus respectivos debates en Comisión y Plenaria. Hay tiempo suficiente para su discusión, pues es de carácter ordinario y tiene hasta dos años para tramitarse.

Otra de las discusiones relevantes para la agenda del país y que no tuvo el despliegue esperado fue el proyecto de acto legislativo –reforma a la Constitución– que crea la Jurisdicción Agraria, una iniciativa de interés para el Ejecutivo. Esta, en cumplimiento del acuerdo de paz con las extintas Farc, pretende modificar la rama judicial para crear jueces, salas especializadas y hasta una alta corte enfocados únicamente en resolver temas de litigios de tierras y agrarios.

El texto tuvo una primera vuelta por Cámara y Senado sin contratiempos, pero en su segundo paso por el Congreso ha tenido que enfrentar las observaciones del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, que consideran que no se debe crear una nueva instancia de cierre para atender la naciente jurisdicción agraria.

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"Con la actual infraestructura, capacidad e idoneidad del sistema judicial colombiano, es innecesaria la creación e implementación de una nueva Corte Agraria y Rural, para cubrir la urgencia de una justicia especializada que dirima los conflictos del uso, tenencia y propiedad de la tierra en el país", dice una carta enviada por la Corte Suprema de Justicia a la Comisión Primera de Cámara.

Para el alto tribunal, las funciones que asumiría esta nueva instancia ya las cumplen su Sala Civil, en los conflictos entre particulares, y el Consejo de Estado, cuando hay actos istrativos de por medio. Esta tesis fue compartida por la oposición, que presentó en la jornada del miércoles una ponencia alternativa en la que se eliminaba la Corte Agraria del proyecto de acto legislativo.

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A pesar de los conceptos de los altos tribunales, la célula descartó la propuesta alternativa. Ahora tendrá que pasar a debatir la ponencia que cuenta con el visto bueno del Ejecutivo y que crea la Corte Agraria y Rural como órgano de cierre de esta jurisdicción. Esta discusión no se pudo llevar a cabo esta semana y el tiempo apremia, pues apenas es el primer debate de cuatro que debe dar este semestre y quedan menos de dos meses de sesiones para este trámite.

Por los lados de la Comisión Primera de Senado se dio el quinto debate del acto legislativo que busca disminuir el receso legislativo a los Congresistas. Esta es una propuesta que viene desde el Congreso pasado, abanderada por el exrepresentante Gabriel Santos, y se hundió en su último debate en 2021. Ahora, el proyecto ha sido liderado por el senador David Luna, de Cambio Radical. Este apunta a que se le quite dos meses al receso legislativo.

Actualmente, el segundo semestre legislativo de sesiones comienza, por determinación constitucional, el 16 de marzo y se termina el 20 de junio. De llegar a aprobarse este acto legislativo, los congresistas tendrían que retomar funciones desde el 16 de enero. “Este es un gran mensaje para la sociedad, para demostrar que queremos reducir los privilegios, para que haya más control político al gobierno de turno y para que los ciudadanos puedan aprovechar la iniciativa de presentar leyes en un periodo de tiempo mayor”, fue el mensaje de Luna al terminar la discusión. Ahora, el proyecto debe pasar por plenaria de Senado y su respectiva vuelta en Cámara.

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La representante liberal Karina Espinosa y la senadora conservadora Liliana Bitar presentaron al Congreso un insólito proyecto con el que buscan frenar la infidelidad en Colombia. La han denominado la ley 'Cero Cachos' y tiene como fin reformar la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) para que en colegios y familias se concientice sobre las implicaciones de las infidelidades. La iniciativa busca atacar “toda conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial, incorrecta, cruel, que una persona comete hacia otra, y que amenaza la institución familiar”.