Las complicaciones en el Congreso detrás de la elección del nuevo contralor

El proceso de elección de contralor general tuvo una nueva complicación esta semana. Luego de anunciarse que se iba a tardar el proceso debido a la llegada de más postulantes que los que podía asumir la comisión de acreditación documental, ahora se supo que no hay entidad para que lleve a cabo el proceso de exámenes exigidos por la ley.

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Con una carta, la Universidad Nacional de Colombia anunció que rechazaba la escogencia para hacer las pruebas a los candidatos a contralor debido a que posiblemente estarían incursos en inhabilidades y conflictos de intereses.

La razón de ellos es que la institución educativa tiene varios contratos con la Contraloría, por lo que está situación “afecta la fluidez del proceso y con evidente riesgo reputacional para la Universidad Nacional y el Congreso de la República”.

Ante esta situación, el claustro informó que se apartaba del proceso. “Nos permitimos manifestar nuestra decisión institucional de retirarnos del acompañamiento al proceso de selección, con miras de salvaguardar la institucionalidad del país y coadyuvar a que la elección del contralor resulte en aplicación de los principios de precaución, transparencia, publicidad y selección objetiva”, anunció la universidad.

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A pesar de ello, la institución agradeció al Congreso que hubiese sido escogido inicialmente a la Universidad Nacional. “Su confianza en nuestra institución resulta enaltecedora y gratificante para continuar trabajando en la construcción del conocimiento en pro de la sociedad colombiana y aportar a los procesos colectivos de sus instituciones”, dijo la institución.

La decisión de la Universidad Nacional no fue bien recibida por las mesas directivas del Congreso. Fuentes le comentaron a EL TIEMPO que el anuncio retrasa al menos un mes y medio el proceso, sobre todo porque debe presentarse nuevamente la convocatoria para que las universidades del país se postulen.

A esta nueva demora hay que sumarle que las instituciones están en vacaciones de fin de año, por lo que el proceso debe llevarse a cabo a mediados de enero, cuando estas reanuden del todo sus actividades istrativas.

La recriminación del Legislativo también parte de que la Universidad Nacional apenas ahora hable de un posible conflicto de intereses cuando es uno de los primeros aspectos que debe tener en cuenta para presentarse a una convocatoria.

La situación de no tener una universidad para hacer los exámenes es un problema más que se suma al largo listado. La selección del próximo contralor ha tenido varios contratiempos. Después de varias demoras en el Congreso, que hizo que el proceso iniciara en octubre, se suma el pedido de varios congresistas de que se cambie el cronograma.

Mientras el Legislativo avanza en la selección del reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, este último tiene en la vía judicial una tutela que busca que lo regrese al cargo. En las dos instancias por las que pasó fue rechazada, pero tiene una última oportunidad en la Corte Constitucional.

Esto ha hecho que Cámara y Senado haya un pedido para que se posponga la elección hasta tener un pronunciamiento final del alto tribunal. En Cámara se comenzó con una proposición para que la plenaria cambiara el cronograma. Como una forma de preservar el proceso, la representante Jennifer Pedraza recusó a todos los representantes.

Para evitar las complicaciones que implicaba esta situación, se desistió y se anunció que se iba a crear una célula temporal que iba a vigilar todo el proceso. En el caso de Senado, EL TIEMPO supo que hubo un intento similar, pero Iván Name supo desactivar la posible complicación y anunció que iba a buscar una fórmula media para continuar con el proceso y al mismo tiempo garantizar que no iba a existir el riesgo de que el país tuviera “dos contralores” al tiempo.

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La situación había quedado en dichos términos hasta esta semana, cuando el Congreso emitió una resolución en la que se anunció que el proceso iba a demorarse más de lo esperado ante dos contratiempos. En primer lugar, llegaron más postulados de los esperados, por lo que se desbordaba la capacidad de la comisión de acreditación documental, compuesta por senadores y representantes.

En segundo lugar se anunció que ya se había elegido la Universidad Nacional para las pruebas pero que por distintas situaciones “hasta la fecha no se ha iniciado toda la gestión contractual que la habilite para empezar sus actividades dirigidas a estructurar y realizar las pruebas de conocimiento objetivas”. Bajo esta argumentación se anunció que se iba a rehacer el cronograma.

“Se adelantará hasta tanto se suscriba el contrato y convenio con la Universidad Nacional por parte de la Dirección istrativa de Senado”, explicó el Legislativo, que añadió que solo hasta que se suscriba el contrato “se expedirá el acto istrativo estableciendo un nuevo cronograma”.

Sin embargo, el anuncio de la Universidad Nacional complica la situación, pues se debe volver a una etapa anterior en la que se debe escoger una nueva universidad para hacer las pruebas. Esto significa que es muy probable que la Corte Constitucional alcance a pronunciarse ante la tutela de Rodríguez sin que el Congreso tenga en firme una lista final de aspirantes.