En días pasados, el Ministerio de Transporte emitió una resolución que homologa y define las especificaciones técnicas que deben cumplir los bicitaxis, de pedal o motor, para poder circular y hacer parte del ecosistema de movilidad de las ciudades, una medida que el país comprende como la legalización definitiva de un sistema de transporte hasta la fecha ilegal e inseguro, del que viven miles de personas y familias.
Es una buena iniciativa. En lugar de perseguir y criminalizar, la cartera rectora de la movilidad opta por definir el marco técnico de los vehículos para formalizarlos y asegurar los niveles mínimos de calidad y seguridad, como debe ser, para los miles de pasajeros que hoy los usan en distancias cortas.
En lugar de perseguir y criminalizar, la cartera rectora de la movilidad opta por definir el marco técnico de los vehículos para formalizarlos y asegurar los niveles mínimos de calidad y seguridad
Supo Mintransporte, además, regular por encima de las consideraciones y presiones de taxistas y buses urbanos, que consideran el bicitaxismo un problema para controlar, antes que como una realidad inocultable, creciente y con profundos lazos económicos en quienes lo ejercen para subsistir.
En ese orden de ideas, bien podría el Ministerio encarar el asunto pendiente de las aplicaciones de movilidad. Con iguales consideraciones, se puede y debe legalizar un servicio altamente usado, del cual viven cerca de 150.000 familias, que paga alrededor de 60 millones de dólares al año en impuestos, con trazabilidad financiera y tecnológica, pólizas que aseguran a pasajeros y conductores, además de rigurosos procesos de selección de personal, calidad de servicio y estado técnico-mecánico de los vehículos, entre otros.
El proceso que en este caso permitió encontrar caminos eficientes para formalizar el bicitaxismo debe ser un aliciente con el fin de resolver el limbo de las ‘apps’ de movilidad, las cuales son legales en otras partes del mundo y, de hecho, trabajan de manera articulada con el taxismo para brindar un mayor seguridad y calidad de servicio a la ciudadanía. Y, desde luego, para darle a una importante fuerza trabajadora mejores garantías laborales y de ingresos.
EDITORIAL