La vía institucional

En tiempos como los que corren, caracterizados por la pugnacidad del debate político y por la desazón que produce ver la dificultad para la escucha y el entendimiento, el discurso del presidente Gustavo Petro el pasado sábado 20 de julio en la instalación de las sesiones del Congreso de la República trajo consigo, además de los anuncios de rigor, un bienvenido cambio de tono. Al contrario de lo que en algunos sectores se alcanzó a vaticinar, su intervención se caracterizó por las invitaciones a sacar a adelante las reformas propuestas por los caminos que la Constitución ofrece. Esa ruta siempre la hará bien a Colombia.

En lo que concierne a los anuncios, tras lograr la aprobación de cambios de fondo en el sistema de pensiones en la legislatura anterior, el discurso presidencial dejó claro que su siguiente prioridad será la concreción de una reforma agraria. Es este un asunto de discusión nacional que necesita ser abordado y, como bien lo dijo Petro, requiere una búsqueda de acuerdos no solo entre fuerzas políticas; ha de ser necesariamente más amplia. El Presidente, reiteramos, tiene la razón cuando llama a consensos. No hay otra manera de sacar adelante una iniciativa de este calado. En este tema son indispensables la transparencia y la claridad normativa que eviten cualquier esguince en contra del Estado de derecho.

Los acuerdos ágiles con las fuerzas políticas a los que también se refirió –que vendrían a ser los sustitutos del mecanismo legislativo de fast track, opción que, como lo afirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, implica unos tiempos que la harían poco práctica– dependerán en buena medida de que el Ejecutivo envíe señales claras de que su proyecto de reforma agraria se acoge a lo que la Constitución establece en materia de respeto de la propiedad privada, así como de las normas que regulan los procesos de compra y adjudicación de tierras. En este sentido, es notable que el mandatario haya afirmado, incluso, que la eventual ley bien podría incluir “contenciones”.

Con todo, en este campo, debe tomarse nota de lo ocurrido la semana pasada con la acertada y bien sustentada decisión de la Corte Constitucional que dejó sin piso el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que modificaba la metodología para algunos procesos agrarios, dando pie a una posible “expropiación exprés”.

A la reforma agraria se le suman, de acuerdo con el discurso del sábado, un nuevo intento de reforma de la salud que tendría detrás una concertación con los diferentes sectores que no existió en el primer proyecto, y la laboral, cuyo trámite comenzó en la legislatura pasada y que contiene elementos que a juicio de los conocedores podrían ser pesado lastre para otro propósito gubernamental como lo es la reactivación económica.

Sobre esta última también versó la intervención, e incluyó un tema que debe ser examinado con lupa: las inversiones forzosas para el sector financiero. Expertos han dicho sobre esta figura que si bien tiene algunas virtudes, puede implicar riesgos para el encarecimiento del crédito general.

Este último tema, así como otros que han generado inquietud son, con todo, susceptibles de discusión en los escenarios que la Constitución brinda para ellos y sobre los que actúa nuestro sistema de frenos y contrapesos. Porque, no sobra reiterarlo, el institucional será siempre el camino correcto para debatir y tramitar las reformas que el Gobierno ha propuesto desde su campaña. Una vía en la que el reto de persistir en la búsqueda de acuerdos es lo que espera el país.