Una biopolítica de la guerra

La paz es, por estos tiempos, un término minusvalorado, despolitizado o levemente político. Para determinados sectores de la sociedad, es un concepto un tanto ambiguo, muchas veces etéreo, objeto de una "vulgarización recalentada". De acuerdo con la politología moderna en su rica complejidad conceptual e histórica; "es una situación", "un estado de cosas" que requiere un elevado grado de justicia y una expresión mínima de violencia.

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Un conflicto multipolar de las dimensiones que aquejan la compleja realidad colombiana tiene costos sociales y económicos (¡y humanos!) enormes, solo solucionables –si hay entera voluntad en las partes- en un mediano plazo, aunque generalmente se estima, de acuerdo con las características valorables del proceso, que su posible resolución se alcance solo en el largo plazo. Por ello, es importante seguir un camino que nos conduzca de la periferia del sistema crítico a su centro.

Una negociación de esta naturaleza implica la ausencia de terror estructural y directo, además de la unidad monolítica de cada organización que desafía la confrontación armada y un serio y definitivo alejamiento de la violencia ordinaria, lo que supone la realización de la supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad para todos, es decir, la plena satisfacción de las necesidades humanas básicas.

Para trabajar en su solución, es indispensable modernizar y democratizar la sociedad de forma que el país esté en condiciones de adecuar sus estructuras (todas sus instituciones) en función del trámite civilizado y pacífico de las tensiones y conflictos que impactan a la sociedad. Es decir, es preciso la construcción de un espacio público, de un diálogo constructivo y fecundo que dé paso a los caminos necesarios hacia su solución pacífica.

Podría decirse que a la ‘paz total’ con delincuentes, guerrilleros y paramilitares es imposible llegar sin afectar las causas estructurales que determinan el maremágnum de violencia (pobreza, narcotráfico, extorsión, secuestro) y sin que se avance en los niveles socialmente posibles de consenso, esto es, sin que se afiance la democracia participativa, puesto que no se puede pretender alcanzar una convivencia estable y duradera si no se enfrentan los problemas que dieron origen a las múltiples variables que entraña la violencia por parte de los grupos alzados en armas.

Las negociaciones –las que hasta ahora se han llevado a cabo-. han llegado a déficits impensables y perdido legitimidad y credibilidad entre la mayoría de nuestros compatriotas. No obstante, advertimos en medio de este desorden criminal sectores importantes que mantienen –contra toda esperanza-, grandes expectativas en las posibilidades de progreso de una bien fundamentada salida pacífica negociada, precedida de un cese el fuego.

Los llamados ‘violentólogos’ (científicos sociales de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes) en una breve, aunque maravillosa síntesis retrospectiva, constataron y analizaron con claridad la multipolaridad de nuestras violencias en el estudio solicitado por el gobierno del presidente Virgilio Barco.

En ese informe describieron varias modalidades de violencia: política, urbana, despojo de territorios, proliferación de bandas criminales, delitos contra minorías étnicas, crímenes de lesa humanidad y en el ámbito familiar, reclutamiento de infantes. Al tratar de comprender esta multiplicidad de violencias, estas se pueden analizar como el producto histórico de cuatro tipos de estructuras de exclusión que permiten descubrir las huellas históricas que alimentan la confrontación.

Como hemos sostenido insistentemente, los investigadores, estudiosos y negociadores del conflicto, hay condiciones estructurales que están en la raíz de la situación crítica que enfrenta el país y que continúan avanzando sin solución. Son variables de peso que reclaman una rápida y sostenible salida transformadora si se quiere construir la paz. Ante todo, es indispensable concretar la vigencia práctica de los acuerdos celebrados con las Farc-EP el 26 de septiembre de 2016.

Hay que postular el consenso como utopía, como ideal democrático que nos permita pensar y construir un orden social basado en la diversidad y en la pluralidad, que debe concretarse en un marco legal en el que puedan expresarse los proyectos políticos de todos los colombianos.