¿La Fiscal de bolsillo?

“La justicia no es solo un ideal: es la condición que garantiza que la libertad no sea una farsa”. Carlos Gaviria Díaz

Las actuaciones –y, sobre todo, las omisiones– de la fiscal Camargo ponen en entredicho su imparcialidad. Mientras los procesos contra familiares y aliados del presidente Petro avanzan con una lentitud desesperante, los casos contra de la oposición caminan con inusitada celeridad. ¿A qué obedece esta selectividad?

Desde su posesión, el proceso contra Nicolás Petro, hijo del Presidente, se enredó por completo. Antes de que Camargo asumiera el cargo, tanto Nicolás como su expareja Daysuris Vásquez habían aceptado los hechos. Se esperaba entonces un trámite expedito de sentencia anticipada. Sin embargo, una de las primeras decisiones de la nueva fiscal fue remover al fiscal Mario Burgos del caso. A partir de allí, el proceso entró en una espiral de dilaciones. El principio de oportunidad se vino abajo.

Más grave aún es lo que ocurre con el escándalo de la UNGRD, el mayor caso de corrupción de la historia reciente del país. Mientras la Corte Suprema ya ha capturado a expresidentes del Congreso como Iván Name y Andrés Calle, la Fiscalía no logra concretar acuerdos de colaboración con quienes ya aceptaron su responsabilidad. El preacuerdo con Olmedo López fue rechazado por un juzgado de Bogotá, y el principio de oportunidad de Sandra Ortiz permanece bloqueado.

Lo alarmante es que, aunque la fiscal Camargo ha negado su intervención en este último caso, medios de comunicación revelaron documentos que prueban lo contrario. Uno de ellos afirma que el procedimiento está “pendiente de autorización por parte de la señora Fiscal General de la Nación”. Otro, firmado el 14 de mayo por Marcela Cárdenas, jefa del Departamento de Protección y Asistencia, confirma lo mismo: la colaboración está suspendida, a la espera del visto bueno de Camargo. Es decir, la Fiscalía mantiene engavetado un acuerdo por el cual Sandra Ortiz entregaría información que podría comprometer al Gobierno Nacional.

Tampoco se conocen avances contra otros implicados del escándalo de la UNGRD, como los ministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Fernando Velasco (Interior). Para ellos, el limbo jurídico en que se encuentran los principios de oportunidad de sus subalternos es funcional: sin colaboración, no hay pruebas; sin pruebas, no hay condenas. La narrativa oficial puede seguir siendo la de un “acto aislado” de Olmedo López.

Y esto no es todo. La Fiscalía no ha movido un dedo en los casos por presunta financiación irregular de la campaña presidencial, ni frente a las denuncias por tráfico de influencias hechas por el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes. El secretario de Transparencia –encargado precisamente de prevenir la corrupción– tiene denuncias en su contra. ¿Cómo explicarlo? Quizá por eso un ministro como Benedetti sea el rock star del Gobierno, representa sus principios y que no tiene finales.

Todo esto contrasta con la velocidad con la que la fiscal Camargo actuó contra el expresidente Álvaro Uribe: en apenas una semana revocó dos preclusiones previas y presentó una acusación, sin aportar nuevas pruebas. Este doble rasero es insostenible.

Cuando la cabeza del órgano investigador se alinea con intereses políticos y no con los principios de justicia y legalidad, la institucionalidad entera se tambalea. No se trata de omisiones aisladas, sino de una política deliberada de dilación y favorecimiento que mina la credibilidad del Estado de derecho.

La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de actuar. Debe citar a la fiscal Camargo y evaluar si sus conflictos de interés están afectando los procesos más sensibles del país. Porque si una fiscal le responde a un jefe distinto al de la ley, el sistema entra en crisis. Y no hay democracia que resista una justicia subordinada al poder político.

LUIS FELIPE HENAO