Sin necesidad de remontarnos a las promesas de campaña de Gustavo Petro, basta recordar su discurso de posesión del 7 de agosto de 2022. En esa ocasión dedicó casi la mitad de su primera alocución ante los colombianos a sus intenciones de paz, proclamando que el suyo sería el “Gobierno de la vida y de la paz”. Además, afirmó que Colombia se convertiría en una “potencia mundial de la vida”. Sin embargo, esas promesas han quedado en el aire.
Desde el comienzo, los resultados han sido desastrosos. Durante los primeros meses de su mandato, entre el 7 de agosto y el 27 de octubre, se registraron 32 masacres. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, en 2023 se produjeron 91 masacres con alrededor de 300 víctimas, y en 2024, hasta el 29 de julio, ya se habían contabilizado 41 masacres. Desde que Petro asumió el poder, la cifra asciende a 164 masacres con aproximadamente 750 víctimas, una realidad profundamente alarmante.
Bajo su mandato, los indicadores de seguridad se han deteriorado un 17 por ciento. Según el Dane, solo en 2023 ocurrieron 27.476 muertes por causas violentas, y los homicidios se ubicaron como la cuarta causa de muerte en Colombia, con un incremento del 91 por ciento. En cuanto a la extorsión denunciada, durante el primer año de Petro creció un 23 por ciento, y en el segundo, un 17,3 por ciento. El secuestro, por su parte, aumentó un 112 por ciento en el primer año. Asimismo, mientras que en 2022 se erradicaron 33.454 hectáreas de coca entre enero y mayo (gobierno Duque), en el mismo periodo de 2023 (gobierno Petro), la cifra cayó drásticamente a 4.511 hectáreas.
Mientras Petro predica la paz, la inseguridad y la violencia aumentan exponencialmente, afectando de forma grave la economía y la prosperidad social.
En su programa de gobierno, Petro prometió poner fin a la violencia contra los excombatientes de las Farc. No obstante, en el transcurso de su istración, 72 firmantes de paz han muerto de manera violenta. Además, 154 de la Fuerza Pública han sido asesinados por los mismos grupos con los que el Gobierno sostiene negociaciones de paz. Estas cifras de violencia han sido provocadas por aquellas organizaciones con las que el Gobierno ha establecido mesas de diálogo, incluso en medio de las conversaciones. Para justificar su programa de ‘paz total’, Petro actualmente sostiene ocho procesos de negociación con diversos grupos criminales, todos ellos vinculados al narcotráfico.
Apenas una semana después de asumir la presidencia, ordenó acercamientos con el Eln, prometiendo firmar la paz en tres meses con ese grupo. Desde entonces, ha iniciado procesos de diálogo, sin avances, con guerrilleros, paramilitares y otros delincuentes, incluidas dos facciones de las Farc y dos grupos paramilitares (el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’), levantando incluso órdenes de captura contra sus cabecillas.
Por otro lado, Petro ha debilitado considerablemente a la Fuerza Pública. Desde agosto de 2022, más de 60 generales y almirantes de todas las fuerzas han sido retirados. De las 731 aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Militares y de Policía, solo el 40,76 por ciento están operativas; las restantes están fuera de servicio, principalmente por falta de mantenimiento. Un ejemplo claro es que uno de cada cuatro helicópteros no está en operación, siendo los más afectados los MI-17 del Ejército, de los cuales solo ocho están disponibles.
Así las cosas, Petro llega a la mitad de su mandato con un panorama sombrío: un país prácticamente sitiado por la violencia y un proceso de ‘paz total’ sin resultados. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿somos potencia de qué? Porque de la vida, de la tranquilidad, de la seguridad, de la paz, definitivamente no lo somos. Mientras Petro predica la paz, la inseguridad y la violencia aumentan exponencialmente, afectando de forma grave la economía y la prosperidad social. Para colmo de males, nada reconoce y, por el contrario, culpa de todos sus males y del desgobierno a sus antecesores.