Sí, pero brusco no

Pareciera que la autoacusación del jefe del Estado sobre su incumplimiento en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz de 2016, que pretendió llevar personalmente como confeso al Consejo de Seguridad de la ONU, ha permitido entender en las altas esferas gubernamentales que cumplir lo pactado resulta altamente benéfico para Colombia. Y, si se quiere, para la istración. Duque no lo quiso asimilar así y su gobierno fue un paréntesis de indecisión y gasto inane desenfrenados.

Los Acuerdos de Paz contienen, para el más imparcial observador, casi todos los temas que el país debe solucionar para volverse una nación desarrollada. Implementar sus mandatos no beneficia ya a la extinguida guerrilla, sino a todos. Se puede aplicar no solo a las regiones más afectadas por el conflicto, prioritarias, sino a todo el territorio nacional.

Sus mecanismos de justicia, verdad, reparación y no repetición pueden acelerarse desde el Ejecutivo para que culminen su labor en cuanto a la guerrilla que se desmovilizó y entregó sus armas, y a los demás actores públicos y privados involucrados, incluyendo a las víctimas. Si hay más acuerdos, cosa dudosa, pues ahí están. No se necesitan nuevos tribunales, y mucho menos para profundizar el fortalecimiento de los agentes delictivos no políticos a través del llamado “perdón social”, base de la fracasada ‘paz total’.

Por ejemplo, en el punto primero de los Acuerdos, el relativo al Desarrollo Rural Integral, están los asuntos claves para pasar la página del conflicto por la tierra, del abandono gubernamental del campo, de la falta de infraestructura, de mercadeo y crédito modernos. La ley estatutaria de la jurisdicción agraria, ordenada en el Pacto y ya aprobada, puede con celeridad dotar a medio país de un mecanismo judicial especializado en dirimir las numerosas controversias en los territorios, las cuales han llevado con demasiada frecuencia a la violencia.

Los Acuerdos dan línea en asuntos de género, étnicos, financieros, tecnológicos y más, que dos presidentes se obsesionaron en descartar durante los seis años siguientes al 2018.

Hay 16 Planes Nacionales de Reforma Rural Integral, ya formulados casi todos. Requieren ser puestos en marcha por el Estado para lograr el objetivo que nos trazamos quienes nos comprometimos con sacar adelante los Acuerdos: hacer confluir en prosperidad campo y ciudad, reduciendo en la mitad la pobreza rural, meta de la que estamos hoy seis años más lejos que en 2018, por no entender que quien lo logre será el héroe. No los protagonistas de hace una década.

Eso pasó con la infraestructura: “Yo carreteras de Santos no hago”, dijo impávido el señor Duque, con lo cual no hizo ni las suyas ni las que él llamó ajenas.

Los siete años más de vigencia que Petro ha pedido para los Acuerdos coinciden con los que perdimos en el cuatrienio anterior y en los dos primeros años de este. Esa extensión no debe afectar tiempos constitucionales o de transición que están en el Pacto.

De otro lado, la sustitución territorial de coca es el único camino viable para salir del narcotráfico, si al mismo tiempo se hace interdicción. Lo establece un Acuerdo que llama a la cooperación internacional, indispensable, junto con la del empresariado nacional. No olvidemos que nuestros amigos del mundo ya casaron un billón de pesos en ayudas para la paz. No es ninguna bicoca.

En el Acuerdo está el compromiso de brindar seguridad, ya establecido en la Constitución, pero olvidado para los territorios más abandonados de Colombia, desde donde el crimen y la violencia irradian hacia zonas urbanas, hoy en peligro.

Acelerar la implementación de la paz nos daría otro horizonte. Todo está escrito. No se necesita ‘fast track’, ni constituyente. Solo la disposición de los políticos de servir a Colombia sin mezquindad, sin ambiciones electorales y con altas probabilidades de pasar, todos, a la historia.

Como dirían De la Calle y Jaramillo: “Volvamos al Acuerdo”. Pero brusco no.

LUIS CARLOS VILLEGAS

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