Derechos del campesinado y conservación ambiental, un equilibrio urgente

Las normas sobre ordenamiento ambiental del territorio son fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, pero sin una perspectiva de derechos humanos y justicia ambiental, las estrategias y los incentivos para la conservación pueden traer consigo tensiones con derechos de sujetos constitucionalmente protegidos.

En varios lugares del país, las comunidades campesinas son presionadas por el desarrollo de estrategias territoriales de conservación, que les exigen abandonar sus parcelas por estar ubicadas en zonas presuntamente incompatibles con cualquier forma de uso campesino, tales como vivienda, siembra de alimentos o cría de animales. Una presión similar sufren los campesinos cuando se incentiva a conservar exclusivamente a los propietarios privados de los bosques, mientras se deja de lado la dura realidad del país rural: muchos campesinos y campesinas no son legalmente dueños de sus tierras.

Casi el 50 por ciento del territorio continental colombiano se encuentra bajo figuras de ordenamiento territorial para la conservación, estrategias que limitan el uso que se les puede dar a estas tierras y obstaculizan la formalización de los derechos de propiedad de sus habitantes. El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente prohíbe la adjudicación de baldíos en áreas de reserva forestal, y el artículo 63 de la Constitución Política establece que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Estas instituciones hacen parte de un amplio conjunto de estrategias de conservación que buscan contener la ampliación de la frontera agrícola, porque es justo y necesario hacerlo; sin embargo, en su desarrollo no siempre se han respetado los derechos de las comunidades campesinas y esto genera importantes conflictos locales. Por ejemplo, era muy frecuente que las comunidades campesinas no fueran tenidas en cuenta cuando se decidía ampliar un área protegida ya constituida.

A esto se suma el boom de incentivos económicos y tributarios para la conservación de bosques. Modelos como el de los descuentos en el impuesto predial, los créditos de carbono, acuerdos de conservación, esquemas de pagos por servicios ambientales, entre otros, benefician exclusivamente a los propietarios privados. Mientras tanto, las familias campesinas que no tienen legalmente la propiedad de su tierra y quienes han sido las mayores víctimas del conflicto armado cuentan con pocos, pequeños e inestables incentivos que les permitan mantenerse dignamente en sus territorios mientras conservan la naturaleza.

Estos programas, de no controlarse, pueden terminar siendo un incentivo no para la conservación, sino para la acumulación de la propiedad de la tierra, la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola. Todos estos son justamente factores que contribuyeron al surgimiento y la permanencia del conflicto armado colombiano.

Por esto, el Gobierno tiene el enorme desafío no solo de detener la deforestación en el país, sino de garantizar la participación reforzada de las comunidades campesinas en el desarrollo sostenible de sus territorios. Una cosa difícilmente podrá hacerse sin la otra. Más aún en un contexto de emergencia climática y conflicto armado.

CARLOS QUESADA y LAURA SANTACOLOMA*

Investigadores de Dejusticia