Más derechos que deberes

Cada día aparecen nuevos derechos. Cada necesidad, cada malestar, cada diferencia se traduce en un derecho exigible creado por la ley, la doctrina, las altas cortes o el derecho internacional. Hablamos, por ejemplo, del derecho al olvido, del derecho a la identidad de género autopercibida, del derecho a la verdad emocional, del derecho a la autodeterminación informativa, del derecho a ser dejado en paz, del derecho a la desconexión digital, de los neuroderechos y muchos más.

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El asunto es que todos estos derechos a menudo se reconocen sin precisar con claridad quién debe garantizarlos, en qué condiciones, ni qué costo tienen para la sociedad. Muchos han oído hablar de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948, pero pocos de la “Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos” proclamada en 1998. Muchos han oído pronunciamientos de jueces de control de garantías, pero nunca vemos jueces de control de deberes ni estructuras institucionales con peso para exigir el cumplimiento de las obligaciones.

Este fenómeno tiene todo tipo de causas, pero me aventuro a decir que en Colombia el alto número de abogados per cápita puede tener algo que ver. Según varios estudios, en nuestro país se gradúan más abogados que ingenieros y muchas universidades ofrecen el programa de Derecho sin garantizar formación ética.

Otra causa pueden ser las altas tasas de impunidad. Cuando las normas no se cumplen o no se hacen cumplir, los ciudadanos comienzan a reclamar nuevos derechos como mecanismo de presión o compensación.

Un factor adicional puede ser el uso electoral que les dan algunos políticos a los discursos de derechos. Sin hacer estudios de impacto, sin tener en cuenta políticas públicas estructurales, sin analizar la viabilidad, lanzan propuestas para crear derechos como una forma de clientelismo simbólico.

No podemos perder de vista que todo derecho implica un deber. No existen prerrogativas sin límites. Cuando alguien ejerce un derecho, necesariamente hay otro –una persona o una entidad o el Estado– obligado a respetarlo o hacerlo efectivo.

Quienes han estudiado este tema sostienen que las sociedades donde no existe un compromiso para hacer cumplir los deberes se caracterizan por contar con ciudadanos poco solidarios, sistemas judiciales saturados por reclamos sin fundamento y una crisis de legitimidad de la autoridad pública y de las instituciones. ¿Le suena?

NATALIA TOBÓN