Nuestra ‘cosa nostra’

Desde el comienzo, este ‘Nannygate’, o escándalo de la niñera Marelbys Meza, comenzó a tener un notable parecido no solo con el proceso 8.000, que juiciosamente han comparado ya varios medios de comunicación, sino con los procedimientos de la mafia. Solo me referiré a 2 o 3 coincidencias demasiado relevantes, empezando porque ya hay un muerto.

Ambos escándalos arrancan con grabaciones ilegales. Y así como las del 8.000 terminaron corroborándose a través de testigos, sobre estas también se ha venido confirmando su veracidad.

En el proceso 8.00O hubo un protagonista muy resentido que sentía que lo estaban dejando solo: Santiago Medina, tesorero de la campaña. El ministro Serpa, preocupado, le consiguió un abogado de toda su confianza, Ernesto Amézquita. Con ese respaldo, Medina comenzó negándolo todo. Cuando entendió que los intereses de Amézquita no eran los suyos sino los del Gobierno, decidió cambiarlo y toda la verdad se supo. Pero el Gobierno tuvo tiempo para preparar su defensa: oportunamente la indagatoria con las verdades a Medina le fue filtrada a Serpa, no deslizada bajo su puerta, como mintió en su momento, sino entregada por el entonces procurador, Orlando Vásquez Velásquez, según fuentes de la Procuraduría. La explicación fue producto de una bochornosa rueda de prensa de la época.

El “Medina” de esta segunda historia, en quien recaería toda la culpa, viene a ser el fallecido coronel Óscar Dávila. Su jefe inmediato, el coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de Palacio y muy de confianza de Petro, no solo le levantó 100 millones de pesos a Dávila para que contratara a un abogado, sino que llegó a señalarle exactamente a cuál: al “abogado del régimen”. Pero como a Medina, Dávila muy pronto sospechó que este estaba más interesado en proteger al Gobierno que a su cliente. Consideró cambiarlo y colaborar con la Fiscalía, cuando fuertes presiones de diversa procedencia lo desesperaron, hasta llevarlo a la salida de quitarse la vida, como parece. ¿Por qué el “abogado del régimen” ocultó que al humilde coronel de la policía le había cobrado 50 millones en honorarios, mientras enlodaba a la Fiscalía y a los periodistas como “detonantes” de la muerte de Dávila? Pero recién enterado de su muerte, salió corriendo a devolverle los 50 millones a su viuda. Oficiales del rango de Dávila no ganan mucho más de diez millones de pesos al mes. ¿De dónde salieron los 100 millones que Feria donó para su defensa? ¿Será que la propia institución tiene presupuesto especial para remunerar al “abogado del régimen” para defensas en procedimientos ilegales?

Laura Sarabia viene a ser el Fernando Botero de esta historia. Si él hubiera hablado en su momento y dicho la verdad, en lugar de insistir en que Samper lo sabía todo, pero Botero no, Samper se habría caído. La mentira lo salvó. ¿Estará Laura Sarabia dispuesta a hablar para poder criar a su hijo de un año (“recién parido”, dice Petro) en lugar de terminar presa varios años por delitos como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y concierto para delinquir?

A Laura le pasa, por ahora, lo que al jefe de Casa Militar, el coronel Feria: adoran a Petro y creen que él los salvará. Lo mismo creyó Santiago Medina del equipo de Samper. Por lo tanto, es muy pronto para saber si ambos contarán la verdad. Y, sobre todo, revelar cuál es el verdadero origen y la suma real de los dineros perdidos en casa de Laura Sarabia. ¿O preferirán callar y también ponerse, a cambio de unos honorarios procedentes quién sabe de dónde, en manos del “abogado del régimen”, paladín de la justicia?

Por último, merece análisis lo revelado a ‘Semana’ por un testigo anónimo, con la grave acusación de que la plata que circuló y se robaron de donde Laura Sarabia eran 3.000 millones y que pertenecían a Gustavo Petro. Dando por hecho que la publicación de ‘Semana’ está suficientemente sustentada, como el medio serio y prestigioso que es, ahora es menester que la Fiscalía contraste esta volcánica información. ¿Qué puede pasar si esto se confirma? Que quizás sería la primera vez que el camino contra un presidente tomaría realmente un curso serio ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Cuando Samper, todo eso lograron comprarlo a través de Heyne Sorge Mogollón, tristemente célebre “representante investigador”, a cuyo municipio de origen, Chimá, como pago, le metieron millones en vituallas. Pero los grupos económicos, los medios y los partidos políticos estaban del lado de Samper. En cambio, Petro no es tan seguro que cuente con ese apoyo, aunque muchas cosas se logran por el camino... Incluso el chantaje.

Lamentablemente para este país, todo señala a que en este gobierno se mueven fuerzas tan siniestras que, francamente, ya casi nos permiten hablar de nuestra propia ‘cosa nostra’: ¿nos estará gobernando un régimen que utiliza procedimientos propios de las mafias?

MARÍA ISABEL RUEDA

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