Los retos de la justicia en 2025

El 2025 se avizora como el año de la justicia. Las altas cortes y la JEP tendrán en sus manos decisiones fundamentales para el futuro del país. Además, deberán seguir siendo un pilar para la defensa de la democracia y del Estado social de derecho:

La Corte Constitucional debe decidir demandas muy importantes como las presentadas contra la reforma pensional, contra la ley de la paz total y contra la reforma tributaria. Asimismo, debe garantizar su independencia en un año en el que entrarán 3 nuevos magistrados, uno por terna del Presidente y 2 por ternas de la Corte Suprema de Justicia.

El principal reto de la Corte Suprema será seguir garantizando la independencia de la justicia, y un tema esencial será el avance de las salas de Instrucción y Conocimiento en la investigación y el juzgamiento de casos de corrupción de congresistas involucrados en casos como Fonade y el ‘cartel de la hemofilia’, en los cuales el país está esperando decisiones desde hace años. También deberán avanzar las investigaciones por nuevos escándalos como el de la UNGRD.

El Consejo de Estado debe seguir siendo uno de los pilares de la legitimidad de la justicia y aguantar los embates del Gobierno frente a las decisiones que no le favorecen. La confirmación de que el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para investigarlo y la anulación del nombramiento del embajador de Colombia en México generaron la ira del presidente Petro. Para 2025 el Consejo de Estado tendrá la delicada labor de decidir las demandas que se presenten contra 1) Las decisiones que adopte el Consejo Nacional Electoral sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial, 2) Las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios del Gobierno como Álvaro Leyva y 3) Las demandas por doble militancia contra varios congresistas del Pacto Histórico.

La JEP tendrá un año decisivo. Mientras que el Presidente y el exsecretariado de las Farc la han criticado duramente por no haber emitido sentencias, otros sectores manifiestan que se ha politizado, por asumir temas que son de competencia de la justicia ordinaria: 1) La vinculación de Mancuso, cuando previamente la propia JEP había señalado que no tenía competencia para investigar a los paramilitares, es contradictoria y desconoce que fue expulsado de Justicia y Paz por incumplir sus compromisos con las víctimas, por lo cual la propia Corte Constitucional tuvo que involucrarse en el tema negando la competencia de la JEP y reiterando la de Justicia y Paz; 2) Unos días después de la absolución de Santiago Uribe por un juez de Medellín, la JEP sacó un insólito comunicado mencionando la importancia del hermano del expresidente Uribe en los ‘12 Apóstoles’, pese a no tener competencia para juzgarlo; 3) Hace unos días la JEP anunció, con bombos y platillos, el hallazgo de cuerpos en La Escombrera, asociándolos a la operación Orión, sin saber siquiera si eran víctimas del conflicto armado, del narcotráfico, de peleas de bandas o de la delincuencia común, lo cual genera enormes riesgos, pues si se descubre que no son víctimas de la Fuerza Pública perderá mucha legitimidad.

Irónicamente, mientras el petrismo ha lanzado todo tipo de ataques a la JEP para remplazarla por un tribunal de cierre, también está utilizando sus comunicados para involucrarla en debates políticos e ideológicos frente a temas en los que no existen todavía decisiones judiciales, por lo cual corre el riesgo de politización. La JEP ha tenido grandes avances en la investigación de graves crímenes cometidos por las Farc y la Fuerza Pública, pero no puede dejarse involucrar en temas políticos, pues perdería toda su legitimidad. Por ello, su principal meta en 2025 será emitir sentencias para que los focos se centren en sus decisiones judiciales y no en discusiones innecesarias.

LUIS FELIPE HENAO

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