Las tres impunidades

Cada vez que ocurre un hecho que despierta el interés mediático –como el caso de Sofía Delgado o el escándalo de la UNGRD, donde todavía no están todos los que son– vuelve a hablarse de dos de los padecimientos graves de nuestra ya enferma sociedad: la impunidad y la corrupción.

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El país realmente 'padece' tres tipos de impunidad: la judicial, la política y la social.

Entendiendo que la impunidad se predica cuando frente a hechos delictuosos judicialmente probados no hay sanción y que la absolución y preclusión, cuando a ello hay lugar, son también formas de hacer justicia –hay suficientes diagnósticos sobre sus causas–, no hay voluntad política real para afrontar el fenómeno más allá de mencionarla como tema de campaña.

No se cuenta con estudios reales que muestren la dimensión del fenómeno, y los que a veces se citan no son suficientemente rigurosos. Sus mayores manifestaciones son la "resolución" de los casos por prescripción o vencimiento de términos. No hemos sido capaces de organizar un cuerpo serio de investigación –aun con todo el auxilio de la tecnología– para que los procesos no dependan de la frágil y a veces deleznable prueba testimonial. Por eso mismo se hace énfasis en la mal llamada "justicia premial" para dar beneficios –exagerados– a los criminales con tal de que confiesen y le faciliten la labor al Estado. Es más o menos lo mismo que ocurre con el ahora desnaturalizado conflicto armado: si no los podemos derrotar, démosles amnistía e indulto, incluso violando los compromisos internacionales contenidos en el Estatuto de Roma.

La lentitud judicial es el mayor acicate para la impunidad. Si se aplicaran los términos existentes hoy en los códigos, ningún proceso penal en Colombia debería durar más de tres años, incluyendo todas las instancias. Lo que hay que preguntarse es por qué no se cumplen, y ahí nos encontramos con: fallas en la formación de los abogados; deficiente carrera judicial; multiplicidad de normas; bandazos en la política criminal; falta de seriedad del Parlamento y de los gobiernos; ausencia de un régimen disciplinario severo y ágil, entre otras muchas causas.

La impunidad judicial se facilita por las otras dos: la política y la social. No hemos logrado desarrollar el concepto de "responsabilidad política", en virtud del cual los funcionarios deben responder no solo por delitos o culpas, sino por omisión de control, ineficiencia, incuria, error en la escogencia de funcionarios, laxitud en el manejo de los fondos del Estado, entre otros.

En varias de estas columnas he citado casos como el del aterrizaje de una avioneta en la Plaza Roja que le causó la salida al ministro de Defensa en la antigua Unión Soviética; el ministro de Salud en Francia que renunció por la falta de cuidado en un hospital que permitió la contaminación de pacientes por sida en transfusiones de sangre; o, el de quienes han tenido que renunciar por plagio en trabajos académicos.

Aquí nada de eso pasa. Confundimos responsabilidad política con responsabilidad penal y por eso los funcionarios señalados de faltas en la gestión dicen que esperan la decisión judicial, que, como ellos mismos saben, toma muchos años adoptarla. Lo sucedido con la UNGRD es un clarísimo ejemplo. Cuando no había la burlada moción de censura, los ministros solían renunciar después de un debate parlamentario. Hoy, la moción de censura solo ha servido para que, a veces por el tortuoso camino del clientelismo, los ministros –no solo de este gobierno– terminen "atornillados".

La presunción de inocencia rige en materia penal, no en cuestionamientos políticos fundados; habría que agregar que nadie conjuga el verbo renunciar en la primera persona del presente de indicativo. Antes, si al entrar a un consejo de ministros el presidente saludaba con displicencia a un ministro, este entendía que era la hora de irse. Ahora los desautorizan en público y miran para otro lado, como si no fuera con ellos.

La impunidad política para el presidente y otros altos funcionarios se deriva del perverso sistema que viene desde el 86, de convertir a políticos en jueces. Y la impunidad social hace que políticos seriamente cuestionados e incluso condenados sean protagonistas de eventos sociales donde son tratados con "respeto".