La realidad del poder ‘intrascendente’

“Puede decirse que, si bien nuestros regímenes son democráticos, no se nos gobierna democráticamente”. Con esa frase el historiador Pierre Rosanvallon arranca su libro El buen gobierno, con el que completa su trilogía sobre las transformaciones de las democracias contemporáneas. Dice que se cree que se vive en democracia porque “el poder sale de las urnas como consecuencia de una competencia abierta, y de que vivimos en un Estado de derecho que reconoce y protege las libertades individuales”. Pero cuando el centro de gravedad democrático se desplaza de las instituciones al ejercicio de gobierno, esa virtud desaparece: los gobernantes interpretan la votación recibida como patentes de corso que los electores le dan al elegido para que gobierne como quiera. Y que lejos de representar los intereses de los ciudadanos, solo deben representar sus propios intereses y los de los suyos. Con eso da rienda suelta a sus pasiones, como si haber sido elegido significara que para él no existen los límites. Que no tiene que dar explicaciones por sus acciones y sus decisiones. Y está convencido de que, como diría Hayeck, a los gobernados “no les queda otro honor que el de obedecer” sus dictados.

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Pareciera que Rosanvallon ha impreso la mejor imagen diagnóstica de las fracturas en los huesos mismos de la democracia colombiana. No de ahora, sino de muchos años atrás. Solo que la más reciente es la más precisa. Porque la relación del gobernante ya no es con sus representados, a quienes no ha podido cumplir las promesas hechas en la campaña presidencial. Ahora solo les reclama que deben salir a las calles a defender su gesta reformadora, que lejos de resolver los problemas de la salud o el empleo informal le está sirviendo para pasar factura a sus “enemigos históricos”.

Pero el problema no está en que cada dictado sea peor que el anterior. Que no encuentre problema en quebrar el orden constitucional y legal. El problema de fondo está en que, en el cumplimiento de su tarea, el que los seguidores de Aristóteles llamarían “el rey filósofo” o los de Confucio “el hijo del cielo” no ha sido capaz de asegurar un Estado de derecho que “reconozca y proteja las libertades individuales”. No solo porque no ha podido imponer su autoridad para que sus contrapartes con las que negocia cumplan con lo acordado en la mesa de negociación. Sobre todo, porque en las principales ciudades las organizaciones criminales tienen importantes porciones de control territorial.

Pero la lucha por el control de los territorios no está fuera de Bogotá. Alguien habría imaginado que el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo llegaría a advertir sobre la lucha entre las organizaciones criminales por el control territorial de nueve localidades de la capital, como lo advierte la alerta temprana (AT) 004 de 2024 (Chapinero, Tunjuelito, Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, Teusaquillo, Barrios Unidos y Santafé); o las alertas de riesgo explicitas en las AT 036 de 2023 para Jamundí y AT 001 de 2022 para Cali; o 022 de 2023 para Barranquilla.

Lo grave para el Gobierno es que la democracia también tiene sus propios mecanismos de compensación que hacen que las pretensiones de romper las reglas de juego democrático conduzcan a acciones y decisiones que, cuando logran ir más allá de los enunciados, no logran los efectos deseados.

Es la realidad de lo que podríamos llamar el “poder intrascendente”, que no es otra cosa que un cumulo de órdenes que se imparten en público o se incorporan en decretos que al final no logran nada distinto de producir una gran confusión y un desarreglo institucional tal en el que cada uno de los actores (incluyendo al gobernante) solo tiene capacidad para neutralizar a los demás, pero no para imponer su idea o su fuerza política sobre ellos. Bien porque no tiene los equipos competentes para hacer la tarea, o bien porque no tiene el control real sobre las instituciones que deben hacerlo. El gobierno queda reducido al activismo. Puro activismo.

* Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional