La conmoción, inconstitucional

Cuando estaba en la oposición, el presidente Petro era enemigo de declarar la conmoción interior. Dijo literalmente en 2021: “El Gobierno en su deriva dictatorial se apresta a decretar la conmoción interior. Mi rechazo total a ese camino”. Como la política es dinámica y en este gobierno brilla la incoherencia, el Presidente mediante un decreto lleno de errores ordenó la conmoción para conseguir recursos para 2026:

El decreto hace afirmaciones contrarias a los discursos del Gobierno y reconoce su fracaso institucional: 1) Afirma sin vergüenza que en los últimos años los “cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”; 2) Manifiesta que “desde 2022, en el marco de los procesos de paz, el Gobierno ha desplegado inversiones (...) en la región del Catatumbo, pero estos esfuerzos han sido insuficientes y no han logrado garantizar la institucionalidad necesaria”, y 3) Sostiene insólitamente que “los graves incumplimientos a lo dispuesto en el acuerdo final de paz han impedido el adecuado abordaje de la conflictividad social en la región del Catatumbo”. Todo esto es únicamente atribuible a la improvisación y mal gobierno.

La exposición en el decreto de conmoción del requisito de urgencia, exigido por la Corte Constitucional en las sentencias C - 556 de 1992, C-027-96, C-802-02 y C-070-09, es totalmente contradictorio con el resto del documento en el cual se reconoce expresamente que las causas de la crisis vienen desde 2021: 1) El decreto señala que “el descenso en los precios de la hoja y de la pasta base de coca registrado desde 2021, con el subsecuente estancamiento temporal del circuito económico ilícito, generó, de una parte, una situación de crisis alimentaria”; 2) Asimismo dice que “en la sentencia SU-020 del 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del acuerdo final”; 3) También manifiesta que la Defensoría “identificó bloqueos institucionales que impiden el adecuado funcionamiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida”; 4) Para rematar, reconoce que “la crisis en la región del Catatumbo refleja problemas estructurales”, lo cual desvirtúa totalmente los argumentos de inminencia e imprevisibilidad.

En relación con el requisito de insuficiencia de las medidas ordinarias para superar la crisis, el decreto incurre en el error de analizar lo que ha hecho y no la suficiencia de las medidas legales existentes. Asimismo, reconoce que “desde 2022, en el marco de los procesos de paz, el Gobierno nacional ha desplegado inversiones en la región del Catatumbo, pero estos esfuerzos han sido insuficientes”, lo cual es vergonzoso e implica el reconocimiento del fracaso del actual gobierno.

La parte final del decreto muestra que lo único que quiere el Gobierno es aprovechar la situación para recaudar recursos. En este sentido se afirma que “dada la excepcionalidad de la situación, el Gobierno nacional deberá recurrir a recursos fiscales extraordinarios y a modificaciones del PGN”. Esto prueba el desgobierno y que son pésimos para ejecutar y que, por lo tanto, “es necesario adoptar medidas extraordinarias en materia contractual con el objeto de agilizar la ejecución de los recursos requeridos para garantizar la estabilidad institucional”, lo que provoca pánico luego de lo sucedido en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Finalmente, se declaró estado de conmoción interior en territorios indígenas pese a no haberse hecho consulta previa, lo cual es inconstitucional.

En manos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Congreso está impedir que, como decía el Petro de 2021, se utilice la Conmoción Interior para fomentar la dictadura.

LUIS FELIPE HENAO

(Lea todas las columnas de Luis Felipe Henao en EL TIEMPO aquí)