Ocde: ¿punto de inflexión en la política forestal?

“Nos complace mucho dar la bienvenida a Colombia como miembro 37 de la Ocde. La adhesión de Colombia reafirma nuestro compromiso de unir a los países que se esfuerzan por alcanzar los más altos estándares en las políticas públicas mundiales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos”. Ángel Gurría, secretario general de la Ocde.

No hay duda de que los bosques contribuyen a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Ello es así, por los múltiples bienes y servicios que proporcionan: mitigación del y adaptación al cambio climático, biodiversidad, maderas, productos forestales no maderables, fuente de energía renovable, seguridad alimentaria, aire, protección de suelos y aguas, valores económicos, empleo, ingresos, medios de subsistencia, salud, paisaje, recreación, valores culturales, etc. Pero buscar y lograr el mayor beneficio de los bosques para la sociedad requiere contar con políticas públicas idóneas y eficaces, es decir que definan objetivos, estrategias y acciones pertinentes de corto, mediano y largo plazo, y, lo más importante, que sean efectivamente llevadas a la práctica.

El ingreso oficial de Colombia a la Ocde, el pasado 28 de abril, como mínimo debería significar un punto de inflexión en lo relativo a los procesos de formulación, concertación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública forestal. Es una oportunidad excepcional para empezar a enmendar ostensibles falencias que en esta materia en los últimos veinticinco años arrojan, para el Estado colombiano, un balance muy pobre, particularmente en lo que atañe a logros y realizaciones, y para la sociedad civil en general y grupos interesados en particular, no pocas frustraciones y afectaciones. Sobre todo, las derivadas de injustificables incumplimientos en asuntos estratégicos como los de planificación, institucionalidad, normatividad, participación y financiación.

En este contexto, el proceso de revisión de la política forestal acordado en el marco de la “conversación nacional”, y que empieza a adelantarse bajo la orientación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, puede ser el primer paso en la dirección correcta, que tendría que afianzarse con la definición de una hoja de ruta, la ampliación de la convocatoria a diversos actores y la vinculación activa de otros ministerios, y que debería culminar con la renovación de la carta de navegación para la gestión forestal sostenible. Los es virtuales de discusión pública que viene desarrollando el programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital aportan a este proceso los resultados de muy serias reflexiones de funcionarios y expertos nacionales y de algunos internacionales, al igual que las de numerosos participantes de diferentes regiones del país.

No se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Se trata de que la política forestal de Colombia se actualice, se complemente y se proyecte hacia una nueva etapa de largo plazo; que se decante, entre las varias que hoy se traslapan de manera inconexa y a veces incoherente; que se reafirme su carácter de política de Estado, sobre la que cada gobierno puede introducir ajustes y señalar prioridades en función de su programa político, pero sin apartarse de lo fundamental.

No debe perderse de vista que la adhesión del país a la Ocde estuvo precedida de recomendaciones que incluyeron la de mejorar el manejo de los bosques para evitar la deforestación, y tampoco que, según el propio DNP, “la Política de Crecimiento Verde (PCV) se deriva, en buena medida, de las discusiones adelantadas en el marco del de Colombia a la Ocde” (Conpes 3934 de 2018).

La PCV establece directrices muy precisas en materia forestal, hasta ahora sin mayor avance. Es claro: la gran inflexión que requiere la política forestal de Colombia, ahora como flamante miembro de la Ocde, esencialmente consiste en que se implemente.

José Miguel Orozco Muñoz