Francia y el reto ambiental de Duque

La primera visita como jefe de Estado del presidente Iván Duque a la ONU, en Nueva York, sorpresivamente produjo una noticia muy esperanzadora frente al grave problema de la deforestación, sin duda el mayor reto ambiental que enfrenta su gobierno.

La buena nueva provino de la reunión que en paralelo a la Asamblea General sostuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron. En la declaración conjunta de dicho encuentro se señala, entre otros aspectos, que “Francia apoyará la aplicación de la estrategia de Crecimiento Verde de Colombia”, anuncio que es trascendental para el futuro de los bosques del país.

Y esto es así porque, aunque obviamente la Política de Crecimiento Verde (PCV) 2018-2030 es transversal y abarca muchos otros temas, su componente forestal es el que podría contribuir en mayor medida a frenar la pérdida de bosques. La PCV establece las líneas estratégicas: 1) desarrollar arreglos del marco de política y normativo; 2) fortalecer las capacidades institucionales; 3) establecer instrumentos económicos y financieros de apoyo al sector forestal, y 4) promover la investigación, innovación, educación y formación en el sector forestal.

Si bien es claro que el conocimiento casi preciso que hoy se tiene acerca de los sitios, causas y agentes de la deforestación no deja duda sobre la imperiosa necesidad de emprender en forma urgente una contundente y sistemática acción del Estado (Fuerza Pública, Fiscalía y justicia penal) frente a los factores de naturaleza criminal que acaban con los bosques, también es evidente que las opciones no pueden ser solo de tipo coercitivo y punitivo.

Las comunidades que habitan en áreas forestales y ven en el bosque una verdadera oportunidad de desarrollo y conservación de sus territorios requieren que el Estado provea los bienes públicos que hagan posible el manejo forestal sostenible, tradicionalmente objeto de muchas declaraciones retóricas y escasas acciones reales.

Pero para lograr esto es menester que se dé un vuelco sustancial al enfoque exclusivamente preservacionista que, en la práctica, ha prevalecido hasta ahora en la gestión de nuestros ecosistemas boscosos durante la era del Sistema Nacional Ambiental (Sina), 1993-2018.

No se puede persistir absurdamente en la medida aislada y unilateral de declarar más y más áreas protegidas sin una visión realmente integral en materia ambiental, que, en consonancia con el mismísimo Convenio de Biodiversidad y con las vigentes ‘Política de biodiversidad’ y ‘Política de bosques’, también promueva y apoye en forma efectiva el uso sostenible de los bosques como estrategia para conservarlos.

En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno Duque debería adoptar explícitamente tanto la PCV como la ‘Estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques’ (EICDGB o Estrategia Nacional REDD+) y ordenar su respectiva articulación.

La EICDGB contempla entre sus líneas centrales el “desarrollo de una economía forestal para el cierre de la frontera agropecuaria”. Para este fin, la heterodoxa definición de frontera agrícola que recientemente aprobaron los ministerios de Agricultura y de Ambiente quizá sirva para traer desde el sector agropecuario a los productores forestales los bienes públicos que en 25 años del Sina no les han llegado desde la esfera ambiental.

Estípula: el secretario distrital de Ambiente, Francisco Cruz, y la directora del Jardín Botánico de Bogotá, Laura Mantilla, le hicieron olímpico quite al reciente foro ‘Diálogo académico en torno a la tala de árboles en Bogotá’, organizado por la Universidad Distrital y la Universidad de los Andes.

Su tesis de que “la última opción es talar” (Semana, edición 1.898, septiembre de 2018) fue ampliamente rebatida por los expertos que sí se hicieron presentes en dicho evento: https://www.youtube.com/watch?time_continue=587&v=pbcUuoCahDw.

JOSÉ MIGUEL OROZCO MUÑOZ