Un fantasma recorre los pasillos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads): el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Su don de ubicuidad le permite rondar simultáneamente por los ministerios de Agricultura y de Comercio, y por el DNP. Sus recurrentes apariciones ya ni perturban la tranquilidad de ministros, directivos y funcionarios (aunque no pocos jurarían que jamás lo han visto ni han oído hablar de él) de esas entidades, las que lo convirtieron en duende, mutándolo de flamante “política de Estado” a mero relleno y adorno de discursos, documentos y presentaciones oficiales.
No anda solo. Lo acompaña otro espectro: el Servicio Forestal Nacional, para cuya implementación nunca se ha movido un dedo. Comparten doble partida de nacimiento: la Ley 37 de 1989 y la Ley 99 de 1993. Esta última creó el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y el Mads, al que encargó de la crianza y buen cuidado de aquellas dos criaturas, pero este, cual padre irresponsable, inexplicablemente las abandonó.
Por aquello de la equidad de género, les hace compañía una bruja: la ley forestal. Desde que en 2008 la Corte Constitucional le dio cristiana sepultura a la Ley 1021 de 2006, se han hecho varios anuncios para reemplazarla, pero ha pesado más el temor reverencial dizque a un terrible monstruo: la consulta previa.
A pesar de ser una aparición, el Comité Asesor de Política Forestal, que preside el Mads, jamás aparece. Aun así, se lo ve muy orondo en el organigrama del sector agropecuario del Ministerio de Agricultura. Como si existiese. Luce muy desfigurado por el paso del tiempo. Asusta.
Los planes de ordenación forestal (POF), una mezcla de Frankenstein (armados todos con piezas y formas diferentes) con zombi (muertos, pero simulan estar vivos), merodean por todas las corporaciones autónomas regionales (CAR), y en su mayoría ni siquiera son conocidos, mucho menos reconocidos, por los llamados a ser sus padrinos, los consejos directivos de esas entidades.
El desempeño de funciones técnicas en la ya de por sí precaria istración forestal pública y la asistencia técnica forestal privada son un monstruo bicéfalo aterrador. A veces, las ejercen quienes tienen formación profesional para ello, los ingenieros forestales, pero, en indecente competencia, también lo hacen agrónomos, veterinarios y un largo etcétera en el cual se involucran hasta arquitectos y es de empresas. ¿Idoneidad? Mmm... ¿Y eso como para qué?
Todos estos fantasmagóricos seres, junto con otros espantos forestales, como el pago por servicios ambientales (PSA), que excluye el manejo de bosques, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), que no incluye la categoría VI (uso sostenible de los recursos naturales) de la UICN, celebraron en fastuoso aquelarre los 25 años del Sina, el Mads y las CAR, cumplidos el pasado 22 de diciembre. Brindaron con pócimas de desdén y negligencia, y, sotto voce, maldijeron a sus críticos con palabras de grueso calibre. ¡Ah!, y lanzaron un temible conjuro, este sí a grito entero, tan fuerte que su eco traspasó fronteras y llegó incluso hasta la Ocde, donde causó cierto asombro: “¡Que desaparezcan los bosques de Colombia! ¡je, je, je!”.
El manejo forestal sostenible, convertido en quimera, aguardó sin éxito a que desde las mesas de tan espléndido festín le cayeran algunas migajas. Al salón se asomaron las nuevas candidatas a brujas, la ‘Política de crecimiento verde’ y la ‘Estrategia integral de control de la deforestación’, rogando para que las incluyeran, sin mutilarlas, en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque.
Al final del festejo hubo gran júbilo cuando se anunció la excelente noticia de que el 44 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el cambio climático, generadas en Colombia entre 1990 y 2014 ¡se debió a la deforestación y a la mala gestión de los bosques! ¡Hurra!
@JosMiguelOrozc6