Parecen haber quedado atrás aquellos días en que el poderoso Roberto Prieto llamaba a ministros y funcionarios palaciegos con soberbia a hablarles de asuntos de Estado y darles órdenes, amparado en su relación personal con el expresidente Juan Manuel Santos. Ya ni las razones a la entonces primera dama, ni los elocuentes diálogos con su red de compinches contratistas, ni el amenazante tono con el que se refería a varios periodistas le servirán para escaparse de responder por delitos mucho más graves que aquellos que se le imputaron en una primera tanda y que lo tenían viviendo muerto de la risa en el Centro de Estudios de la Policía (Cespo).
Había pedido la libertad condicional o, en su defecto, la detención domiciliaria porque la irrisoria condena de cinco años que recibió, le permitía pensar en esas gabelas. La justicia, lamentablemente, no investigó a Roberto Prieto por el caso de Odebrecht; le hizo un favor, que es distinto, pero ahora las cosas han cambiado y él y otra docena de personajes nefastos que hicieron parte de esta trama de corrupción tienen la oportunidad de hablar y, si no lo hacen, bueno es que paguen con cárcel y con plata la burla a los colombianos, la indebida interferencia en la política y la honda lesión a la moralidad pública que causaron.
Ahora a delatar, don Roberto. A hablar con pruebas al canto, como las que solo usted tiene, de lo que pasó en 2010 y luego en 2014. A aprovechar esa posibilidad que le está dando la Fiscalía de tener una inmunidad total si recurre a lo que se llama una “delación jerárquica”, como lo contamos en Noticias RCN este fin de semana. Es decir, a señalar sin temores a quienes estaban por encima de usted en esta estructura criminal o a quienes se pudieron beneficiar de sus trapisondas. No se quede solo pagando por unos delitos de los que otros sacaron tanto provecho.
Pero Prieto no es la única pieza de este rompecabezas, aunque sea el centro mismo de tanta corrupción. Dos personajes que han sido imputados por enriquecimiento ilícito y también por lavado de activos tienen otro tanto que contar. Se trata de Andrés Sanmiguel y Esteban Moreno, cuyas conversaciones reveló en su momento la periodista Vicky Dávila en una columna que tituló: ‘La grabación oculta” y en la que se recogía una frase inquietante de Moreno: “A mí me tocan una muela y se incendia el país”. La Fiscalía ya le tocó la muela y va por el bolsillo de Moreno. No hace falta que incendie el país; solo basta con que diga la verdad.
Los nombres de estos dos contratistas han rondado siempre en este escándalo, sin que haya habido unas declaraciones concretas de su parte. Con un par de delitos como los que ahora se les imputan, que pueden llevarlos a condenas de más de 20 años, si yo fuera ellos estaría buscando ya al fiscal Gabriel Jaimes, que es el único habilitado para negociar principios de oportunidad a cambio de una colaboración real en este caso. La puerta, de nuevo, hay que decírselos, está abierta, y si la vergüenza frente a lo que le hicieron al país no los llevó a hablar, bien valdría la pena que para salvar sus propios pellejos y el de sus familiares (la esposa de Sanmiguel también fue imputada) dijeran todo lo que tengan para decir.
Señores Prieto, Sanmiguel y Moreno: hablen como hablaban en esas impúdicas conversaciones que creían privadas y que luego se fueron conociendo, pero esta vez háganlo delante de la justicia. Si la promesa del fiscal general, Francisco Barbosa, y su delegado Gabriel Jaimes, de cerrar el caso Odebrecht en los próximos tres años se cumple, el país recuperará la confianza institucional perdida. ¡Comenzaron bien, apretando donde es!
José Manuel Acevedo M.