Ni firmó la paz con el Eln en tres meses, ni consiguió la ‘paz verdadera y definitiva’, ni ha sido este el ‘gobierno de la vida’, como prometió Gustavo Petro en campaña. La realidad del orden público, desde su llegada al poder, es desoladora: se perdió la autoridad, se debilitó la Fuerza Pública y se premia a los criminales con concesiones sin límite. El saldo es una violencia desbordada que hoy lacera a la nación.
Rompe el alma saber que, en solo la última semana, veinticuatro uniformados fueron asesinados en el territorio nacional. Policías vilmente ultimados bajo el macabro ‘plan pistola’ –que creíamos desterrado– y militares masacrados a manos de grupos narcoterroristas comandados por “gestores de paz” que “dialogan” con el Gobierno, amparados en el falso “cese al fuego bilateral” que, en la práctica, solo hacen respetar a la Fuerza Pública.
El drama se agrava en el Catatumbo, donde la violencia recrudece y el número de familias desplazadas aumenta de manera exponencial. Resulta inconcebible y cruel que Petro haya utilizado una declaratoria de Estado de Excepción –levantada en plena crisis– únicamente para crear impuestos, prolongando su vigencia bajo una burla institucional. Igual desamparo sufren en el Cauca y otras regiones, donde soldados, policías y campesinos son abandonados a su suerte. Durante más de dos años y medio no ha habido ministro de Defensa; tampoco comandantes de la Fuerza Pública que se planten con firmeza para honrar el juramento de proteger a la patria, conforme al mandato constitucional.
El fracaso de Petro como gobernante es absoluto. A la violencia desbordada se suman la corrupción galopante, el colapso del sistema de salud, el caos económico, la extinción de los programas sociales, la parálisis de la infraestructura y la ausencia de políticas públicas en educación y vivienda, entre otras. No enfrentamos simplemente un desgobierno: vivimos una conmoción institucional provocada por quien debería preservarla y garantizarla, agravada peligrosamente por el abuso sistemático del poder. ¿Hasta cuándo?
Nada de esto es improvisado. La victimización constante y agresiva de Gustavo Petro -inventando fantasmas golpistas- forma parte de su estrategia para distraer a una opinión pública cada vez más aturdida; pero ansiosa y dispuesta a la reacción. Y mientras el país se hunde, desde el Gobierno utilizan sin pudor los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Ahora andan promocionando una “consulta popular” inexistente legalmente, la cual están financiando descaradamente con dineros públicos.
Entre tanto, ¿hasta cuándo? nos preguntamos los colombianos, atrapados en medio de una anarquía opositora que dispara sonoros perdigones al aire, desorganizada y dispersa, convencida erróneamente de estar avanzando, mientras en realidad pedalea descoordinadamente sobre bicicletas estáticas. En contraste, el petrismo construye –con habilidosa astucia– una organización electoral y populista que avanza como un rodillo.
Hoy pululan en Colombia más de medio centenar de aspirantes presidenciales, alentados por el espejismo de su propio ego, sin advertir que, según las encuestas, hoy solo tres (Bolívar, Vicky y Fajardo) tienen opciones reales. Y que de ellos, quien lidera las preferencias es el que maneja la gruesa chequera oficial del Departamento de Prosperidad Social, evidenciando que Petro sí sabe hacia dónde cabalga: sobre los lomos de la vanidad de cuarenta candidatos opositores que se disputan los últimos lugares.
Ese ‘¿hasta cuándo?’ no puede quedarse en un lamento estéril. Ni debe convertirse en un grito infinito que al final termine en un muro de lamentaciones. No hay tiempo para ilusiones idealistas ni para cálculos políticos absurdos. Los colombianos, en medio de la ansiedad y la angustia, claman por acciones concretas, por decisiones urgentes de una oposición que acuda a la sensatez y entienda, de una vez por todas, que está en juego algo más grande que sus intereses personales o partidistas. Lo que está en juego es ni más ni menos que la existencia del Estado.
ERNESTO MACÍAS TOVAR
@ernestomaciast