Entrega total

La soberanía es un principio inviolable que sustenta la existencia del Estado, y se erige por encima de cualquier forma de gobierno o gobernante de turno. En una democracia, el ejercicio del poder está supeditado, controlado y reglado por la Constitución. El presidente de la República, como jefe de Estado, no puede, bajo ningún pretexto, ceder la autoridad ni el control del territorio a personas o grupos; menos aún si se trata de organizaciones criminales.

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Lo que sucede hoy en Colombia, con la alarmante pérdida de seguridad y el control estatal del país, es motivo de profunda preocupación. Día tras día, vemos cómo Gustavo Petro entrega poder y fortalece a los grupos criminales y a sus cabecillas. Esta situación ha pasado de preocupante a sospechosa. Resulta inisible que un mandatario esté cediendo su autoridad constitucional y el poder del Estado, con la entrega del territorio nacional bajo el eufemismo de su 'paz total' a quienes tanto daño han causado a la nación.

Para justificar decisiones que ponen en riesgo la institucionalidad, Petro se ampara en el mandato popular otorgado en las urnas, el cual, si bien nadie lo discute, fue conseguido por un margen muy estrecho. Sin embargo, ese mandato no puede interpretarse como un cheque en blanco para abandonar la seguridad del país y permitir que quienes actúan al margen de la ley impongan su voluntad sin restricción alguna.

Regiones como el Cauca, Chocó, Huila, Caquetá y Santanderes, entre otras, sufren la acción siniestra de toda clase de delincuentes. En las ciudades, la violencia callejera, la extorsión y los ataques con explosivos asedian al comercio y a sus habitantes; mientras que, en zonas rurales, las masacres, el secuestro, el reclutamiento de menores y de nuevo los retenes criminales en las vías configuran un panorama desolador. Todo ocurre a manos de aquellos que "dialogan" eternamente con el Gobierno, sin resultados.

Nunca antes la Fuerza Pública había estado tan limitada en su capacidad ofensiva contra la delincuencia. Sin herramientas para cumplir su misión constitucional, es común escuchar, aunque en voz baja, a mandos medios del Ejército y de la Policía expresar su frustración ante las constantes órdenes de inacción, justificadas en procesos de diálogo o ceses bilaterales que los criminales no respetan. Inclusive, para maniatar a la Policía, Petro expidió el Decreto 1231 del 3 de octubre de 2024, a través del cual reglamenta el uso proporcional de la fuerza por parte de los policías; es decir, no podrán actuar contra los bandidos.

Además de la falta de recursos, miles de policías y militares están solicitando su retiro ante el desamparo en que se encuentran. Alarma, por ejemplo, el recorte del 20 % en el presupuesto para el mantenimiento de aeronaves en 2025. Los helicópteros, especialmente, esenciales en la lucha contra la delincuencia organizada, se han convertido en una amenaza para los uniformados, quienes, con razón, temen abordarlos por sus condiciones precarias.

Mientras tanto, el Gobierno continúa creando "mesas de diálogo" sin resultados. Petro sigue concediendo sin control ni exigencias títulos de “gestores de paz” a cabecillas criminales. Estas organizaciones aprovechan la suspensión de órdenes de captura para liberar a los delincuentes más peligrosos. Alias Gafas, por ejemplo, nombrado gestor de paz, volvió a las armas. Recientemente, en un show mediático de camaradería, Petro compartió tarima con Mancuso y anunció también "mesa de diálogo" con los paramilitares. Petro ha resucitado políticamente a bandidos como Mancuso, 'Macaco', 'Chiquito Malo' y 'Márquez', entre muchos otros.

El país está en llamas a tal punto que las elecciones de 2026 "están amenazadas por los grupos violentos", como reconoció sin disimulo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y el riesgo es por culpa del fracaso rotundo de la 'paz total'. Entre tanto, Petro conduce a Colombia hacia la "entrega total" a los violentos.