¿En camino a un Estado fallido?

Era una situación anunciada. Las alertas 021, del 15 de agosto de 2024, y 026, del 15 de noviembre del mismo año, ya habían advertido sobre la inminencia del riesgo al que estaban sometidos los pobladores del Catatumbo. No solo encienden las alarmas sobre las violaciones de derechos a las que estaban expuestas las comunidades por "las pretensiones de fortalecimiento y expansión territorial de grupos disidentes de las Farc desde el Catatumbo". También alertan sobre dos hechos que agravaban el riesgo. Por una parte, la escalada violenta que se desata sobre la población, como consecuencia de la reactivación de "las operaciones militares ofensivas por parte del Ejército Nacional desde el pasado mes de agosto". Y, por otra, el "reacomodo y la reaparición de 'los Pelusos' (antes Epl) en mayo de 2024, que han mantenido una confrontación con el Eln desde 2018 en el Catatumbo". Según la alerta, "el Epl no tendría la suficiente capacidad para recomponerse y al mismo tiempo retomar la confrontación con un grupo que lo supera militarmente como es el Eln. Sin embargo, de confirmarse su aparición, ese grupo podría resultar funcional para otros grupos que quieran operar en el Catatumbo".

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No obstante la claridad y contundencia de las alertas, el Gobierno nada que responde a la solicitud de la Defensoría. Incluso, a través del ministro de Defensa, dijo que no fue notificado. Es la reacción que mejor refleja la inacción gubernamental en la protección de la vida y los derechos de los colombianos. Lo mismo había ocurrido semanas antes en el Cauca cuando el Defensor del Pueblo tuvo que pedirle al Gobierno que hiciera presencia en los municipios del norte del departamento por las muertes, desplazamientos y confinamientos provocados por los enfrentamientos entre los armados; y antes, en el Chocó, cuando el Gobierno no reaccionó ante el paro armado decretado por el Eln que confinó por casi diez días a más de 50.000 afros e indígenas que vivían en la zona de los ríos Cajón, Sipí y San Juan, desde el municipio de Istmina hasta los de Medio Baudó, Nóvita y Medio San Juan, permitiendo la violación de los derechos de los habitantes y graves afectaciones al comercio, los alimentos, el transporte y la salud por la escasez de medicamentos. Podría citar más casos. Basta decir que no han sido más de una decena de ocasiones en que el Gobierno ha respondido a las 42 (sí, ¡¡cuarenta y dos!!) alertas de riesgo inminente en 17 departamentos emitidas por la Defensoría entre el 7 agosto de 2022, cuando comenzó el gobierno Petro, y el 21 de enero de 2025, o a las 45 (¡¡cuarenta y cinco!!) alarmas de riesgo estructural emitidas para 25 departamentos en el mismo periodo de gobierno.

Mientras se esclarecen los hechos en torno a una posible injerencia de gobiernos extranjeros en la decisión del Eln de desatar semejante ataque en el Catatumbo, lo único cierto es que la crisis humanitaria que se vive refleja la incompetencia política y militar del Gobierno para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales y buscar su 'paz total'. Lo grave es que esa incompetencia está llevando al Estado colombiano en camino de un Estado fallido que, según la definición de Herman y Ratner (Foreign Policy, n.º 89), "es un Estado que ha perdido la capacidad para mantener tanto el monopolio de las armas como de la fuerza, y la eficacia para proveer a su población los bienes públicos imprescindibles y garantizar el ejercicio de sus derechos".

Por eso, recurrir a una declaratoria de conmoción interior para resolver el problema, además de resultar inútil, deja ver que al Presidente se le salió el país de las manos. Más si en la confrontación hay agentes extraterritoriales. Petro se desconectó del territorio y no sabe qué es lo que está ocurriendo. Tanto que ahora reclama de sus militares la falta de inteligencia por no saber cómo se estaba moviendo el Eln en el terreno. Y eso que si de algo se jactaba, era de que su condición de "combatiente" le daba un conocimiento que le permitía saber cómo actuaban las insurgencias armadas... ¿Y entonces?