La ‘paz total’: participación y convivencia

En el curso del primer año del gobierno Petro, sectores interesados del país, la vetusta clase dirigente y la comunidad reaccionaria han advertido con suma preocupación la presencia activa de sobresalientes pensadores progresistas y académicos de avanzada al lado del primer magistrado cooperando en la implementación de procesos de transformación sociopolítica.

(También le puede interesar: La riqueza de las naciones depende de sus capacidades de innovación)

Además de esta selección distinguida, se aprecian gentes originarias de las etnias y culturas diversas, que han encontrado en la voz presidencial la guía indispensable para contribuir a la lucha contra la pobreza, el hambre, el equilibrio ambiental, la multicriminalidad y su aliado el narcotráfico, una personalidad lúcida y ética que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo de los problemas públicos.

La posibilidad de emprender la búsqueda de la paz total o integral —como prefieren algunos puristas del idioma —, esta vez con la más amplia ‘participacción’ (sic) de actores, empieza a funcionar como una muestra de pluralismo político que intenta reconstruir la gobernanza por la paz basada en los principios de la democracia participativa y, como foco, las energías limpias y las ideas clásicas de los derechos humanos acompañadas del inequívoco propósito de reinventar el Estado y su institucionalidad.

Al mismo tiempo, actores relevantes del análisis político vinculados a los principales medios de comunicación alistan sus baterías críticas para medir la favorabilidad de la opinión o la desfavorabilidad del primer magistrado y elaborar un minucioso inventario de sus ejecutorias y del cumplimiento de sus promesas y sus desaciertos para contribuir a la creación de un clima de oposición agitado y sistemático para perturbar la gobernanza democrática.

Sin duda, el aspecto central de este análisis comprometido y sectario estará basado en la precaria seguridad y la multicriminalidad que padece el país, sin examinar las causas originarias de ese problema ya histórico.

Desde luego, este ‘trabajo’ lo harán sus manumisos ejecutores sin el menor rigor técnico, sin apelar a la databilidad estadística y a la trazabilidad histórica, más bien ‘pensando con el deseo’ que les impone su tendencia política, naturalmente, contraria a la del señor presidente.

Así, el conflicto social creará un ambiente en el que la violencia y la criminalidad común se mezclan con la ley para buscar la adquisición y el control de la tierra a fin de lograr la obediencia de las regulaciones laborales impuestas por los grandes propietarios o reducir el poder de dominación de otros grupos.

Colombia ha estado buscando a través de convenios internacionales y reformas regionales que permitan una salida política al conflicto sociopolítico colombiano y la construcción de una paz humana transformadora y participativa, y los últimos esfuerzos parecen ofrecer la certeza de que es posible superar las injusticias sociales y económicas, que constituyen parte muy especial de la violencia criminal.

Las formas de violencia familiar, los maltratos y los abusos a los menores y las mujeres, el uso de la fuerza como parte de los mecanismos de educación en la escuela y la tendencia a convertir disputas solubles en peleas armadas hacen parte de este ‘tono’ general de la vida que viene siendo recreado en muchos textos literarios (incluso muy brillantes) y que el gobierno Petro se ha impuesto la obligación de reprobar en sus profundas intervenciones frente a las comunidades.

ALPHER ROJAS C.