Francisco de Roux o la verdad resplandeciente

Una de las instituciones trascendentes definidas por el Acuerdo Final de Paz de La Habana (12.11.2016) -entre otras muy significativas y coherentes- es la del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIV JRNR), cuyo objetivo central está orientado a la estructuración de mecanismos para generar, de manera articulada, la mayor satisfacción posible en términos de derechos fundamentales de la ciudadanía victimizada.

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Bajo esta denominación se integraron instituciones que, desde un comienzo, se vieron recíprocamente fortalecidas, a efectos de ampararles a las víctimas sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales a la verdad, la justicia y la reparación. Así y desde entonces la SIVJRNR constituye un escenario desde el cual ha sido posible mejorar las garantías de convivencia y contribuir a la reconciliación y no repetición del conflicto que nos deja millones de muertos y desplazados, un cúmulo de posverdades y fake news y con ello un considerable incremento de la pobreza multidimensional.

El diseño institucional surgido del Acuerdo, encontrado jurídicamente satisfactorio por la Corte Constitucional, alcanzó la calificación de “los mejor diseñados en el mundo” por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, de Estados Unidos, uno de los centros de estudios en construcción de paz con mayor liderazgo en investigación científica de paz en el planeta, ¡solo comparable con el MAPP de la ONU!

De conformidad con este análisis, el Acuerdo de Paz avanzó en varios logros a corto plazo, que sentaron las bases necesarias para el desarrollo de su indispensable implementación por el Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque no ha tenido la suficiente voluntad política ya por presión de su regente Uribe Vélez o por falta de cultura adecuada para concretar ese proceso.

El documentado estudio de Kroc no descartó que, en la implementación de un acuerdo de paz tan complejo, se presentaran temas críticos relacionados con garantías de seguridad y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y los excombatientes, así como en la participación política y puesta en marcha de los mecanismos adecuados.

La exigente y rigurosa selección de de esas instituciones fue exitosa en la medida en que a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presentaron destacados pensadores e investigadores, mujeres y hombres, con amplios conocimientos de la historia del conflicto y de la violencia política en nuestro país.

En la Comisión de La Verdad, integrada por once comisionados, elegidos por convocatoria pública, fue nombrado presidente el sacerdote jesuita Francisco de Roux, sobresaliente integrante en la vida académica del país (teólogo, filósofo, y economista de London Schools of Economics y con doctorado de la misma especialidad en la Universidad de París (Sorbona).

De Roux es una valiosa figura pública de firme e implacable honestidad, clave en la búsqueda de la convivencia, calidades que demostró como fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, uno de los aportes más notables de su trabajo intelectual y luego como director del Cinep, donde analizó la multiplicidad de intereses y perspectivas en conflicto, así como las antinomias pendencieras de la sociedad tradicional, procurando establecer si en la sociedad civil todavía había algo de conciencia sobre los derechos humanos.

Además de ejercer un considerable influjo intelectual, De Roux ha sido un ser humano prudente, dueño de una brillante racionalidad expositiva, que mide las palabras como si estuviera frente a examinadores de excelsos atributos. “Trabajamos arduamente -dice- para comprender qué fue lo que nos pasó en esta larguísima conflagración, (ver; /opinion/editorial/que-haiga-paz-editorial-el-tiempo-672218), pero la tarea es tan grande y los puntos de vista tan distintos, hay tanto dolor, que a veces me pregunto si seremos capaces de darle una respuesta a lo que el país espera”.

Próximo a entregar el 28 de junio el Informe final de la Comisión, los colombianos tenemos la certeza de su buen juicio y de que su inmensa capacidad analítica tendrá un influjo grande en el futuro de la convivencia democrática.

ALPHER ROJAS

Ex-subdirector del Cinep