A transformar violencias en cultura política

El modelo de convivencia democrática (‘paz total’) que promueve El Pacto Histórico corresponde a un acumulado experiencial y académico de estudios, investigaciones de campo, análisis de datos y narrativas comparadas de por lo menos cinco procesos de paz de medio siglo de conflicto armado y confrontación sociopolítica.

(También le puede interesar: Una pedagogía crítica de la política)

Se trata de novedosas coordenadas científicas dentro del modelo de sociedad del conocimiento, en buena hora rescatadas de la historia por el presidente Petro y su equipo para diseñar el piloto puesto en función a fin de abrirle camino a la necesaria convivencia pacífica y a un modelo preventivo requerido por el país con sujeción a las normas del Derecho Internacional Humanitario. No se trata de un capricho personal o una inclinación ideológica del nuevo gobierno, como pretende el falaz imaginario de la derecha uribista.

Por ello, quienes dedicados a la investigación académica en ciencias sociales o a la docencia universitaria con el interés de formular criterios de orientación para la resolución pacífica de los conflictos, la superación de la crisis humanitaria y la polarización política, han construido modelos con los cuales aspiran esencialmente a contribuir a la supresión de las expresiones más degradadas de la confrontación y, así, abrirle horizontes de paz al progreso social y al desarrollo económico de las comunidades marginadas desde modernos postulados teóricos.

Los estudios examinados permiten concluir que “cualitativamente los hechos de violencia política tienen una mayor significación e incidencia mediática que los de la multicriminalidad urbana, muchos de los cuales quedan en el anonimato.

La negación de los derechos de la población rural y los desequilibrios en la distribución y uso de los recursos naturales, principalmente la tierra, han originado tradicionalmente los conflictos sociales en el campo, de allí la necesidad de avanzar en el proceso de reforma agraria integral, puesto que la falta de resolución de esos conflictos ha contribuido decisivamente para que se haya extendido la confrontación armada en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, diversas modalidades y contextos los relacionan y retroalimentan entre ellas y, tal como lo ha expuesto en un interesante trabajo el investigador Álvaro Guzmán Barney “entender la violencia hoy en Colombia seguramente implica entender su articulación”. Tal es la razón del horizonte que ha diseñado el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez para la ‘paz total’ al convocar a todos los actores armados ilegales (políticos, multicriminales y mafiosos) a acogerse al nuevo proceso bajo el acatamiento —o acogimiento— a determinadas reglas de la justicia ordinaria.

El Congreso de la República ya le impartió su aprobación a la Ley 418 o de orden público que define la ‘paz total’ co mo política de Estado y ya cuenta con la sanción presidencial, un texto cuyo espíritu establece el marco legal para el restablecimiento de conversaciones de paz con los movimientos insurgentes y la política de acogimiento con grupos de la multicrminalidad, la cual incorpora a la vez el Servicio Social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio para los jóvenes y dota de suficientes recursos humanos y financieros todo el proceso.

Estos significativos acontecimientos pasarían por comunes y corrientes sino estuvieran impulsados por los Diálogos regionales Vinculantes, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en los que los colombianos, de dentro y fuera del país podrán inscribir sus propuestas de transformación y cambio de su respectivo territorio, lo cual incluye especialmente entre otros puntos los siguientes: ordenamiento territorial hacia la paz, ¿cómo conseguir el fin de las economías ilegales hacia la paz? ¿Cómo garantizar el derecho de propiedad a la tierra? ¿Cómo garantizar educación, empleo o la seguridad social en salud? Esta última, por cierto, producto de la Ley 100 que, a juicio de especialistas no ha sido más que la mitologización de un servicio sobrevalorado.

Otros ejes transformadores son los de la transición energética y el crecimiento verde con justicia ambiental y ¿cómo generar saneamiento básico, seguridad alimentaria, educación superior publica y de calidad, adaptación al cambio climático y mitigación del riesgo, según lo ha declarado el director del DNP, el reconocido científico social de la Universidad Nacional Jorge Iván González?

ALPHER ROJAS C.