Aforados sin juez

Sin entrar en la discusión suscitada por quienes, con razón, rechazan la “reformitis constitucional”, dado que Colombia no es precisamente un paradigma de estabilidad en esta materia –pues en tres décadas la Constitución de 1991 ha sufrido 55 enmiendas–, es innegable que, partiendo de la premisa de que ninguna constitución es perfecta, existen reformas urgentes y largamente postergadas, estas sí necesariamente vía referendo o constituyente: una reforma estructural de la justicia y la reforma política, incluyendo el sistema electoral. Desde luego, la coyuntura actual no resulta propicia para tales cambios. No obstante, estos serán temas ineludibles para que sean liderados por quien asuma la presidencia en 2026.

Más allá de la imperiosa reforma de la justicia, existe un aspecto que también guarda relación con la política y que debe ser reconocido como un error de nuestra Constitución: el organismo encargado de investigar, acusar, juzgar y sancionar a los aforados, en este caso, el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Estas atribuciones fueron asignadas al Congreso de la República, rama del poder público que, por su origen y conformación, no debería istrar justicia, precisamente porque su esencia como rama legislativa es política. Sus integrantes son políticos y, por ende, sus decisiones inevitablemente están marcadas por intereses políticos.

Así como repudiamos algunas decisiones de la Rama Judicial cuando percibimos una “politización” en ciertos fallos que evidencian un sesgo político –ya que es inisible que los jueces y magistrados contaminen sus decisiones con sus inclinaciones ideológicas–, de igual manera, las decisiones del Congreso en materia judicial siempre serán cuestionadas. 

Por estas razones, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ha cargado con el estigma de dejarse corromper por el Ejecutivo a través de dádivas, puestos o contratos, y de otros aforados mediante la intimidación ejercida por magistrados o el fiscal general. Actualmente, por ejemplo, varios integrantes de dicha Comisión, empezando por su presidente, enfrentan graves acusaciones de haber recibido millonarias sumas de dinero por parte de funcionarios involucrados en el escándalo de la UNGRD. Esta situación debió llevarlos a separarse de las investigaciones, especialmente en contra del presidente de la República.

La célula legislativa ha sido duramente cuestionada por su inoperancia deliberada desde los tiempos del expresidente Samper, cuando en una madrugada archivó el proceso sobre el ingreso de dineros ilícitos del narcotráfico a su campaña. Y en su historial se acumulan innumerables casos en los que se vencen los términos, se favorecen investigados o desaparecen expedientes, entre otros absurdos. 

De forma recurrente, la Comisión de Acusación ha sido objeto de propuestas para su eliminación o sustitución, como la aprobada en el Acto Legislativo 02 del 2015, mediante el cual se creó la “Comisión de Aforados”, declarada inexequible por la Corte Constitucional al considerar que dicha enmienda no solo reformaba la Constitución, sino que la sustituía al alterar sus principios fundamentales. Y aunque se hubiese modificado el origen de los postulados para esa comisión, esta terminaba siendo igualmente elegida por el Congreso. Posteriormente, en medio de la cascada de proyectos tramitados bajo los acuerdos de La Habana y mediante la vía del fast track, se buscó resucitar improvisadamente la comisión de aforados en un acto legislativo de reforma política, pero con los mismos vicios que llevaron a la Corte a tumbar el anterior intento.

Lo cierto es que, si algo es urgente de incorporar en la Constitución, es un tribunal o corte especial con plena autonomía para investigar, juzgar y sancionar a aquellos aforados, quienes hoy disfrutan del privilegio de no tener un juez verdaderamente independiente que ejerza justicia sobre ellos. Ese organismo, aunque ligado a la Rama Judicial, debe estar aislado de la influencia de magistrados de las altas cortes, del fiscal general y, con mayor razón, del presidente y de los congresistas. 

Ernesto Macías Tovar