En 2022, cuando se cumplen 23 años del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja), de la OEA, cuya misión es promover la transformación judicial en la región, por primera vez llega a la cabeza del organismo una mujer, la abogada peruana Nataly Ponce Chauca. EL TIEMPO conversó con la directora sobre los cambios que vienen para este organismo.
En más de 20 años usted es la primera mujer que va a dirigir el Ceja, ¿qué dice esto de un organismo dedicado a apoyar a los países de la región en su transformación judicial?
Espero que mi posición represente un profundo cambio en nuestra organización para mejorar y que mi asunción como directora aporte a visibilizar la importancia que las mujeres cumplimos en las Américas en la istración de justicia; también, a visibilizar la importancia de que los sistemas de justicia realicen ajustes en sus procesos para atender de manera adecuada las necesidades de justicia de las mujeres.
La paridad de género en los sistemas judiciales en la región sigue siendo una deuda, ¿adelantará el Ceja un esfuerzo para promover en los países un cambio al respecto?
Hay que reconocer que los contextos han cambiado y sin duda ha habido esfuerzos y cambios progresivos en varios sistemas de justicia, de cara a visibilizar a las mujeres y aplicar una perspectiva de género dentro de la istración de justicia. Colombia es uno de los 18 países que han creado comisiones de género en justicia.
Trabajaremos de la mano con todos los sistemas judiciales y con las mujeres a cargo de los sistemas judiciales para construir una mejor istración de justicia para todas las personas, pero en particular para poblaciones vulnerables, como las mujeres.
¿Habrá un nuevo enfoque en el Ceja con su llegada?
Mi lineamiento es garantizar la continuidad de la alta calidad de nuestro trabajo en el marco de los desafíos que tenemos. Las Américas no son iguales a hace 20 años; en términos de desafíos hay varios en equidad, pobreza; en la violencia, que se ha agudizado en algunos territorios, la migración, salud pública, a la justicia como mecanismo para facilitar el a derechos, conflictos medioambientales, situaciones con las comunidades indígenas y personas afrodescendientes.
En ese sentido, nuestro primer enfoque será apoyar a los Estados para unir esfuerzos para visibilizar y poner en agenda pública la importante prioridad de impulsar políticas públicas para tener sistemas de justicia eficientes y eficaces para todos, pero en especial para personas que están en mayor vulnerabilidad.
¿Cómo van a promover estos cambios?
Fortaleciendo la articulación con la comunidad internacional, con ONG, movimientos, redes juveniles, en trabajo colaborativo. También tendremos el primer plan estratégico a mediano plazo de nuestra organización, que abordará los desafíos y las propuestas de prioridades institucionales a mediano plazo.
Nuestro reto es desarrollar una estrategia de sostenibilidad financiera para que la organización cumpla con las tareas que se está proponiendo; también queremos incrementar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La pandemia aceleró procesos de virtualidad judicial, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta en países como Colombia, que le apuesta a un modelo de justicia digital?
Hay que asumir que el covid no se va a ir pronto, tenemos avances y retrocesos, ese será el contexto en que las sociedades se tendrán que desenvolver. Respaldamos el uso de la tecnología para generar más a las poblaciones, pero el uso de la tecnología no es en sí el propósito, es un mecanismo para garantizar que los procesos puedan continuar.
Esta es una oportunidad para incrementar el a la justicia, por ejemplo, para personas con discapacidad que también tenían limitaciones para acceder a una justicia presencial. Y todas las reformas y esfuerzos deben tomar en cuenta que el uso de la herramienta digital debe ayudar a las personas, en especial a las más vulnerables, a acceder a una justicia rápida, en un lenguaje comprensible.
¿Cómo hacer que la justicia digital no afecte el de personas a ese servicio por la brecha digital?
Hay un reto con la brecha digital, hay comunidades rurales donde el juzgado más cercano es a 3 días en canoa, la pandemia nos ha llevado a profundizar limitaciones. Lo que hay que hacer es que la virtualidad sirva para que personas que tal vez no puedan ir geográficamente, a través de un celular puedan avanzar.
Hay otros retos con poblaciones que, además de lejos, no tienen a tecnología, y para eso hay que seguir trabajando con mecanismos innovadores como juzgados y fiscalías itinerantes, casas de justicia, facilitadores judiciales, redes comunitarias con servicios de mediación, conciliación, denuncia de delitos a través de los liderazgos regionales y que ellos puedan llevar esto a la justicia... Es importante que en esta crisis todos innovemos y usemos el capital local para atender estas necesidades.
Lea otras notas de Justicia