Seguridad en la frontera: ¿cuáles son los grupos armados y bandas que están afectando el orden público en esa zona?

Esta frontera, cuya extensión alcanza los 2.219 kilómetros, es considerada como una de las líneas limítrofes más porosas del continente y está conformada por los departamentos de Guainía, Vichada, Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar y La Guajira, del lado colombiano, y los estados de Amazonas, Bolívar Apure, Táchira y Zulia, en el lado venezolano.

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Una reciente investigación de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia señala que la situación se agudizó en los últimos años, tras el deterioro de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Esta situación permitió la consolidación de la presencia armada del Eln, las Farc, las Agc ('clan del golfo'), y hasta el ‘Tren de Aragua’, lo que “ha generado un ambiente de inestabilidad y se ha vuelto objeto de preocupación en materia de seguridad para los dos Estados”.

La investigación destaca que con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder se dio un “viraje importante” a las relaciones diplomáticas entre los dos países, que ahora están más centradas, al menos en el discurso, en resolver la crisis fronteriza.

“Este giro en la estrategia diplomática está íntimamente vinculado con la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, política que busca fortalecer escenarios de diálogo para desescalar el conflicto armado”, señala la investigación de la fundación.

Por otro lado, un estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) titulado ‘Balance de la situación humanitaria en Colombia durante el primer año de Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez (2022-2023)’ dedica un capítulo a la situación en la frontera y da cuenta de los episodios violentos en ese periodo.

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La investigación señala que para el tiempo analizado, en lo que tiene que ver con los 42 municipios de áreas fronterizas en Colombia, se registraron 16 eventos que dejaron al menos 4.713 víctimas de desplazamiento masivo. “Las zonas donde se concentran estos hechos son Catatumbo, Arauca y la frontera de La Guajira con Zulia”.

También señala que se registraron 9 confinamientos y restricciones a la movilidad humana que dejaron 3.057 víctimas.

“Históricamente, las dos primeras regiones han tenido presencia del Eln, razón por la cual persiste la crisis humanitaria y las demás afectaciones relacionadas con el conflicto armado”, dice el estudio.

En cuanto a violencias selectivas en la frontera, el estudio reveló 44 víctimas durante el primer año del gobierno Petro-Márquez. “Los tres municipios más afectados fueron Cúcuta (10 eventos), Tame (9) y Tibú (5). Sumado a esto, se registró un evento de violencia contra líderes sociales en el municipio de Fonseca (La Guajira)”.

El informe de Friedrich-Ebert-Stiftung expone precisamente que son Arauca y la región del Catatumbo las más afectadas por la violencia: “Durante el periodo presidencial de Gustavo Petro, en el departamento de Arauca se aumentó la participación de hechos del conflicto por iniciativa del Eln. La situación es distinta al analizar la dinámica del conflicto en la región del Catatumbo, donde el Eln tuvo una participación más significativa a lo largo del gobierno Duque”.
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Varios investigadores del conflicto en esta región señalan que sería “un error” percibir la frontera como un territorio homogéneo en términos culturales, institucionales, sociales y delictivos.

Luis Fernando Trejo, experto en conflicto y líder de la agenda de investigación UNCaribe de la Universidad del Norte, considera que una forma de lograr una mejor aproximación para entender la realidad de esta zona es dividiendo la frontera en tres zonas: zona norte (La Guajira y César), zona centro (Norte de Santander) y zona sur (Arauca, Vichada y Guainía).

Para el académico, esta división obedece a la ubicación geográfica de las macroestructuras insurgentes y paramilitares que operaban en ellos. Señala que aunque la frontera pueda tener algunas dinámicas que se repitan en diversas regiones, cada subregión (tanto en Colombia como en Venezuela) tiene particularidades territoriales, políticas e históricas que hacen que los actores armados busquen intereses distintos y se comporten de forma diferenciada.

Trejo manifiesta que la frontera, en el norte del país (La Guajira y Zulia), tiene presencia de varios actores armados como Eln, Agc, ‘Pachencas’, y otros grupos de delincuencia organizada locales. Sin embargo, no hay registros de confrontación armada en la frontera, pero sí en la zona rural de Riohacha.

“En esta zona se ha conformado un sistema de gobernanza criminal fronteriza apalancado en dos elementos: la presencia indirecta en el departamento (algunos grupos a través de la subcontratación de grupos locales de delincuencia organizada, otros con presencia sostenida en Venezuela para solo ingresar a La Guajira de forma ocasional) y la repartición tácita de las rentas a las que cada grupo puede acceder”, dice el investigador.

Señala además que el Eln extorsiona a comerciantes y agricultores y controla el contrabando y el corredor de movilidad por la Serranía del Perijá, y parte del estado Zulia y por el lado venezolano se encuentra el ‘Tren de Aragua’ con injerencia en el control del narcotráfico y de pistas aéreas clandestinas. También están los grupos derivados del paramilitarismo que controlan los puertos naturales de salida y el acopio de clorhidrato de cocaína en la Alta Guajira.

En esa zona de la frontera, manifiesta el experto, los grupos armados “aún no han tenido la necesidad de combatir a sus competidores” porque cada uno está persiguiendo objetivos distintos y utilizando estrategias diferentes.

Para Damian Rodríguez Vera, profesor e investigador en materia de conflicto armado, las dinámicas o la crisis fronteriza no son responsabilidad exclusiva del gobierno Petro, pues los antecedentes recientes dan cuenta de que la situación se agravó con el rompimiento de relaciones entre naciones.

“Con la llegada de Petro, el restablecimiento de estas relaciones diplomáticas, primero tiene una base en materia económica y humanitaria, toda vez que con el cierre de las fronteras los grupos se fortalecieron con las famosas trochas que eran controladas por estos, de manera que al restablecerse las relaciones, la apertura le quita dinamismo a esas rentas ilegales, lo que se considera un avance significativo”, expresa Rodríguez Vera.

El experto, que hizo parte de la investigación de Friedrich-Ebert-Stiftung, explica que en la región del Catatumbo y Arauca en los últimos años se encontró una reducción de hechos de conflicto armado.

“En el último año de Duque la cifra de enfrentamientos con la Fuerza Pública fue de 27 y pasaron a 8 durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro; y hablando ya específicamente sobre algunos repertorios de violencia, los homicidios selectivos pasaron de 102 durante el último año del mandato de Duque a 54 en el primer año del gobierno de Petro; aquí vemos un comportamiento positivo que muestra que obviamente ha mejorado las condiciones de seguridad”, señala Rodríguez.

Sin embargo, en cuanto al asesinato de excombatientes y líderes sociales, durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro las cifras indican que creció. 

Por su parte, en cuanto a hechos de violencia en general, "en el caso de Arauca, en el comparativo entre el último año de Duque y el primer año del gobierno de Gustavo Petro se presentaron 29 hechos de conflicto armado durante el mandato Duque y 25 en el primer año del gobierno de Petro”, dijo Rodríguez.

Tanto los informes como los expertos consultados coinciden en que para desescalar la violencia en la frontera hay que insistir “en que se fortalezca una política de cooperación y diálogo político”.

Rodríguez Vera va más allá y considera que los actuales procesos de paz en curso, tanto con el Eln como con las disidencias del Estado Mayor Central, “cualquier gesto que intente fortalecer la paz es un avance y eso repercute principalmente en los territorios, de modo que promover la participación de las comunidades fronterizas en los procesos de paz es un aspecto clave para garantizar el desescalamiento del conflicto armado en la región”.

Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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