Los chats y testimonios que analizó la Corte para llamar a juicio a reconocido exsenador del Centro Democrático

EL TIEMPO tuvo al expediente que tiene como ponente al magistrado Marco Antonio Rueda, quien documentó los señalamientos contra Ramírez remitiéndose a 2021, cuando se habrían dado una serie de reuniones en Bogotá y Armenia para gestionar cómo desde el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, iban a llegar el convenio y la interventoría ya direccionados a Proyecta Quindío, la empresa estatal señalada como la base para embolsillarse entre ellos los recursos del contrato 670 de 2021, por 48.660 millones de pesos.

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En la acusación contra Ramírez por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, el alto tribunal tuvo en cuenta fotos, chats, oficios y 55 testimonios, entre esos los de los salpicados Pierre García, exjefe del DPS; Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta y testigo estrella; Alejandro Noreña y Katherine Rivera, exasesora de Ramírez.

En medio de esas declaraciones lo que sale a flote es que hay versiones encontradas, pues mientras que para la Sala y la Procuraduría hay indicios de que Ramírez, del Centro Democrático, habría delinquido; para su defensa -encabezada por el penalista Pedro Nel Escorcia- es inocente.
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​La de la magistratura es que "el propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el investigado y (Pierre) García Jacquier pretendió afianzar el proyecto político de aquel en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $1.000 millones".

Para ello, habrían pactado repartir los contratos en dos obras con distintos coordinadores. Saldaña y Quindío Varios fueron a parar al grupo de Raúl Alfonso Ordoñez; mientras que las de Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar -llamadas Tolima Varios- habrían favorecido a Anderson González.

En todo esto, quien ha servido de testigo en contra de Ciro Ramírez es precisamente Pablo César Herrera, quien recibió un principio de oportunidad por este caso y quien ha relatado a los investigadores varios encuentros y planes en 2021 que tendrían el procesado, García y otras personas para hacerse a una bolsa gerencial integral que constaba de 170.000 millones de pesos de recursos. 

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A la par de ello, "se discutía que conduciría al crecimiento del caudal político del procesado, así como de otros congresistas, a quienes identificó como Carlos Motoa, Julio César García y Miguel Ángel Barreto".

En cuanto a las entregas, Pablo César Herrera dijo en un interrogatorio que Anderson González le contó que antes de las elecciones legislativas de 2022, "les entregó a García Jacquier y al procesado Ramírez $1.000.000.000 'a manera de adelanto de la coima correspondiente a la obtención de estos contratos'", cierra el auto.
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​Y sobre el apoyo electoral a Ramírez en el Eje Cafetero por parte de Alejandro Noñera, exasesor clave en esta historia, este le habría generado frutos, pues en el Quindío el exsenador sacó 751 votos en 2022, mientras que en 2018 tuvo 38; y en Caldas tuvo 923 en 2023; y 308 cuatro años atrás. 

Para la Corte, esos números puede que hayan sido del trabajo político y limpio de muchas personas, pero en el caso de Noreña, calificó que no era de "manera altruista", sino como consecuencia del contrato 670.

En su oficio, la Corte Suprema recogió las declaraciones de personas como Noñera, al que la Fiscalía interrogó en varias oportunidades. Allí narró algunas reuniones que cuadró en Bogotá y Armenia con el gerente de Proyecta y el equipo de Ciro Ramírez. Según el auto, los encuentros no habrían sido solo de índole electoral, sino también para gestionar la contratación en cuestión y la repartida de recursos.

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Por su parte, en su versión ante la Sala de Instrucción, Ciro Ramírez reconoció que recibió apoyos políticos de algunos salpicados, pero se desmarcó de cualquier hecho ilegal. 

Es así como afirmó que "no obtuvo réditos, ni políticos ni económicos, por el actuar de la empresa criminal que presuntamente organizó y dirigió; situación que contrasta, a su juicio, con la del entonces gobernador del Quindío, quien derivó beneficios políticos de la celebración del convenio 670".

E​n su defensa, Ciro Ramírez también ha insistido en que el alto tribunal tiene la versión de Pablo César Herrera como testigo; sin embargo, en el auto se lee que esos supuestos direccionamientos ilegales no estarían soportados solo con ese testimonio, sino que "ha establecido la existencia de un patrón de sistematicidad en la asignación de los contratos, caracterizado por la selección de proponentes ligados entre sí".

Tras analizar conversaciones, documentos y los testimonios, el alto tribunal detalló que, en efecto, en algunos chats se notaba que había intereses entre ellos de hablar de contratación en regiones, por lo que no eran diálogos de manera aislada.

Uno de esos es el que sostienen Ramírez y Noreña. El último le dice "sí le dio Katherine la información de los municipios que van por Proyecta?", a lo que el senador dice: "sí jefe", y añade "con cuánto quedaron al final Alejo", quien responde que "85 mil más 30 mil de vivienda, pero Pier me dijo que hoy podía variar el monto". Entre las frases de los presuntos involucrados también están anotaciones como "pero Ciro es un redurísimo, eso se ve en los medios".

Otro indicio que habrían despejado en la Corte es quién sería el direccionador de ese contrato desde Bogotá en el DPS. Todo apunta a Pierre García, el exdirector imputado por este escándalo. 

De acuerdo a un par de interrogados, él sería quien a dedo mandaba a designar los recursos sin mayor justificación. "Así queda desvirtuada, entonces, la versión del otrora subdirector del DPS, en cuanto adujo que esas decisiones se adoptaban de manera colegiada", dice el auto.

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A manera de conclusión, la magistratura reseñó que Ciro Ramírez, con su actuar de servidor público, habría actuado de manera "mezquina" y con el interés particular de generar un fortín político en el Eje Cafetero, y a la par quedarse con recursos de manera ilegal.

El caso, ahora, pasa a la Sala de Primera Instancia de la Corte, en la cual se adelantará el respectivo juicio en contra de este aforado, a quien en el auto decidieron mantenerle la medida de aseguramiento intramural en la cárcel La Picota, donde se encuentra en el famoso 'Congresito', el patio para funcionarios públicos de alto nivel.
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​Carlos López
​Redacción Justicia
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