Las irregularidades por las que la ANI habría dejado perder más de $ 39.000 millones en 2023, según la Contraloría

En más de 850 páginas la Contraloría General de la República dejó plasmados los hallazgos de una extensa auditoría financiera realizada sobre la vigencia 2023 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que encontró 43 hallazgos o irregularidades de las cuales 36 tienen presunta incidencia disciplinaria, tres tendrían impactos fiscales por 39.169’907.690 pesos y un hallazgo más se remitió para abrir una indagación preliminar.

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El análisis de la Contraloría a los estados financieros y ejecución presupuestal el año pasado en la ANI señala varias incorrecciones contables por la sobreestimación o subestimación de varios procesos, señalando que las incorrecciones y circunstancias encontradas alcanzan un total de $316.730.581.420, “respecto a la cantidad las incorrecciones sobrepasan la materialidad de planeación en 7 veces, con una materialidad de planeación de $45.258.937.44”, dice el informe.

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Por esto se le dio una opinión contable ‘negativa’ y una opinión presupuesta ‘no razonable’ a la gestión del 2023 de la ANI, en cuanto para la Contraloría estas cifras indican que “los estados financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, a 31 de diciembre de 2023, no presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Agencia”. Se añade que las las incorrecciones evidenciadas, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas.

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De otra parte, se habla de diferencias entre los saldos de activos y pasivos de proyectos de concesión y los saldos registrados en informes de inversiones, falencias en la conciliación de contabilidad con el área predial, en la planeación contractual de convenios, en el reconocimiento de recaudo por distintas concesiones, en el mantenimiento de vías, entre otras falencias, algunas incluso relacionadas con la señalización de deslizamientos y de obras en la vía, entre otros. 

De todos los hallazgos de la auditoría, tres tendrían un impacto fiscal, es decir, habrían derivado en la pérdida de recursos públicos.

El hallazgo más grande es por 38.994’022.727 pesos y tiene que ver con demoras en pagos que la ANI debió hacer en 2022 por contratos de distintos proyectos como las vías Honda-Puerto Salgar-Girardot, o Autopista al Mar 1. Esas demoras en pagar los contratos ocasionaron intereses por mora y por remuneración que tuvieron que pagarse en 2023.

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En ese sentido, la auditoría describe que por “deficiencias e inoportunidad en las acciones istrativas y presupuestales, así como un manejo de los recursos con una gestión antieconómica para el pago oportuno de los saldos de los aportes pendientes de pago de la vigencia 2022”, se terminaron pagando intereses moratorios y remuneratorios por más de 30 mil millones de pesos

“Se pagaron intereses remuneratorios e intereses moratorios $ 34.071.368.693, hubo inoportunidad en los desembolsos del déficit de los aportes del año 2022 e incremento del pago del valor de los aportes de la Nación desembolsados por la ANI, lo cual generó mayor valor pagado por $4.922.654.034, afectando el patrimonio de la Entidad”, se lee.

Otro hecho en el cual se perdieron más de 160 millones de pesos tiene que ver con la compra de un predio para un proyecto vial en Puerta El Hierro – Palmar de Varela- Carreto - Cruz del Viso. Según la auditoría, el predio PHPV-2-192 se compró para construir un puente pero la comunidad y el alcalde electo del municipio San Juan Nepomuceno para el periodo 2020-2023 manifestaron desacuerdo con la ubicación de la infraestructura, por lo cual el concesionario la desmontó.

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Pese a que la construcción del puente había sido relocalizada, el predio en cuestión se compró de todas formas aunque ya no era necesario, dice la auditoría, que indica que esto “genera una lesión al patrimonio al utilizar inadecuadamente recursos de la subcuenta predial para la adquisición de dicha franja, lo que generó un perjuicio que asciende en una suma de $160’435.867 pesos, lo que constituyen en un detrimento patrimonial al Estado”.

El tercer hallazgo con incidencia fiscal es por el pago de una licencia de maternidad en la cual se había reconocido a la mujer más dinero del correspondiente y luego no se garantizó la devolución del excedente que quedaba, según las diferencias del valor reconocido por la ANI y el valor reconocido por la EPS.

En este caso se señala que la madre gestante tuvo contrato por prestación de servicios (independiente) hasta el 18 de junio de 2018 y se vinculó como funcionaria provisional de la ANI desde el 19 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021 (dependiente). Ocho días después de ser vinculada como provisional a la ANI, dio a luz, por lo cual se generó licencia de maternidad. Según la auditoría, de acuerdo a las normas vigentes, la licencia no debía pagarse de manera completa -como se hizo- sino proporcionalmente por el número de días cotizados frente al periodo de gestación, o sea, desde el 19 de junio de 2018 hasta el 29 de junio de 2018, cuando empezó a gozar de la licencia.

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En este caso se encontró que aunque la mujer devolvió parte del dinero recibido en la licencia, había un saldo cuya posibilidad de ser cobrado prescribió en 2021, “toda vez, que si bien la funcionaria realizó un reintegro por $25’824.875, quedó un saldo pendiente de reintegro por $15’449.096 y la Entidad no realizó la gestión a tiempo, por lo cual operó la prescripción de la acción de cobro, lo cual conllevó a que no se devolviera el valor faltante”, dice la auditoría.

Finalmente, aunque el presunto daño al patrimonio no ha sido calculado aún, uno de los hallazgos de la auditoría motivó una remisión para abrir una indagación preliminar en cuanto aunque se pagó a un concesionario por el mantenimiento de una vía, esto no ha sucedido.

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En este caso, una visita de inspección que se hizo en marzo de este año a la concesión Girardot-Honda-Puerto Salgar evidenció “deficiencias en el mantenimiento y operación de la concesión, puesto que algunos tramos de la vía presentan fallas en la estructura del pavimento tales como ahuellamientos, hundimientos, grietas, fisuras; así mismo, deficiencias en el mantenimiento rutinario, como falta de rocería y limpieza en el derecho de vía, deficiencias en la señalización horizontal y vertical, y deficiencias en el manejo de boletería manual estación de Peaje Brisas”.

En la auditoría se indica que tras el acta de terminación para las unidades funcionales 1, 2, 3, 4 y 5, debían realizarse a los cinco años siguientes inversiones un mantenimiento periódico, el mismo fue pagado en 2022 y 2023, pero según lo evidenciado, “no se ha efectuado el mantenimiento periódico de las unidades funcionales”. Esto sería a causa de deficiencias en la operación y mantenimiento por parte del concesionario, así como debilidades en el seguimiento y control técnico de las obras de mantenimiento y en la operación de la concesión.

La Contraloría sostuvo que estas falencias generan un riesgo en la seguridad y transitabilidad de los s de la vía, y como sí se ha pagado al concesionario por la operación y mantenimiento, “se ocasionó daño al patrimonio del estado correspondiente al valor remunerado del mantenimiento periódico del pavimento no efectuado por la Concesión en cuantía por determinar, por lo que se considera que debe adelantarse una indagación preliminar”. 

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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