Las millonarias irregularidades que detectó la Contraloría en entidad encargada de apoyar en vivienda a militares y policías en Colombia

En un documento de 168 páginas la Contraloría General de la República dejó plasmados 20 hallazgos o irregularidades que se detectaron en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, conocida como Caja Honor, para la vigencia 2023, entre las cuales hay cinco falencias con incidencia fiscal por 3.426’955.459,71 pesos.

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Caja Honor funciona como una empresa industrial y comercial del Estado, está organizada como establecimiento de crédito y su misión tiene que ver con beneficiar a sus afiliados con apoyos para soluciones de vivienda. Sin embargo, la Contraloría encontró varias falencias, tanto istrativas como disciplinarias y fiscales en las finanzas de la entidad durante el año pasado.

Frente a la opinión contable, la auditoría señala que Caja Honor aplicó la normatividad correspondiente pero hubo deficiencias de control relacionados con la conciliación así como debilidades en la valoración de activos depositados en negocios fiduciarios, “que afectan las finanzas de la entidad al determinarse valores inferiores a su costo de adquisición inicial y el asumir gastos a través de procesos contractuales que no aportan a la misionalidad de la entidad”.

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En cuanto a las irregularidades detectadas de tipo istrativo, se reseñan, entre otras, diferencias entre la información reportada por los bancos y la registrada por Caja Honor sobre la circularización de saldos y sobre los saldos de las inversiones; errores en los números de identificación de los beneficiarios y deficiencias en la descripción de los registros en el libro auxiliar.

El ente de control también llamó la atención por las diferencias presentadas entre el valor pagado por los lotes y su correspondiente desenglobe, lo que daría pie a sobreestimaciones en la determinación de los valores de los patrimonios autónomos constituidos por la venta de lotes.

Otro hallazgo istrativo es por un contrato para un software de manejo de crédito hipotecario y de leasing habitacional que tenía un plazo de ejecución inicial de 18 meses pero en el cual se han firmado 8 otrosíes y el contratista seguía sin cumplir con el plazo, retrasando la puesta en marcha del programa.

En otros casos, se cuestionaron deficiencias en la compraventa de predios que daban pie a que particulares tuvieran la posesión y usufructo de los bienes inmuebles estatales sin que mediara contrato.

En cuanto a los cinco hallazgos con connotación fiscal, el primero tiene que ver con la venta de viviendas de la urbanización Bicentenario, ubicadas en Palmira, Valle del Cauca. Según se indicó, Caja Honor firmó un contrato con Alianza Fiduciaria S.A para mantener en un patrimonio autónomo la titularidad jurídica de los bienes, a ese patrimonio autónomo ingresaron 37 viviendas, pero por motivos de orden público, la mayoría debieron ser desalojadas por los militares y sus familias, por lo cual 28 fueron objeto de negociación posterior para venta. Para establecer el valor de la venta se firmó un contrato de prestación de servicios con una persona que no estaba inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores por lo que no tenía una licencia válida como avaluador.

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No solo el avaluador no podía ejercer sino que con base en su avalúo se vendieron casas por debajo del valor adecuado. “El valor del avalúo comercial presentado en 23 inmuebles está muy por debajo del avalúo catastral para cada una de las vigencias de venta de los inmuebles, lo cual evidentemente genera una diferencia en el valor de la venta de los inmuebles frente al valor inicial de adquisición causando un perjuicio probado sobre el patrimonio de la entidad (...) estas diferencias presentadas en 23 inmuebles suman un total de $676’345.700”, se lee en la auditoría.

También relacionado con el proyecto Bicentenario otro hallazgo fiscal tiene que ver con que se pagaron avalúos que no se hicieron, puesto que se pagó un avalúo a una persona que supuestamente realizó 20 valoraciones, pero al revisar los documentos, se encontró que al final fue otra persona la que los realizó.

“No se tienen los soportes que justifiquen el pago del servicio valuatorio presuntamente realizado por el señor Evier de Jesús xxxx xxxx por los 20 avalúos sobre estos predios, pese a que obra resolución de pago, cuenta de cobro y exitoso del pago realizado por Caja Honor a favor de esta persona por $6.000.000. En ese sentido, se generó una pérdida de recursos de la entidad por la suma de $6.000.000”, se lee al respecto

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Una tercera irregularidad de tipo fiscal tiene que ver con el pago de la estructuración del desarrollo inmobiliario para el predio San Isidro en Jamundí, Valle del Cauca, por un contrato para la compra de unas casas que al final no se adquirieron. 

Pese a que las casas no se compraron, sí se pagaron, por diseños y licencias, 2.668’000.000 de pesos a un contratista-comprador que no estaba obligado a entregar las viviendas a Caja Honor porque la entidad desistió de esta opción de negocio.

“Del expediente contractual y la información solicitada a Caja Honor se evidenció que tanto la entrega de los productos acordados como el pago de los porcentajes pactados anteriormente fueron efectivamente realizados. Sin embargo, estos productos y trámites acordados no fueron utilizados debido a que la Caja no adquirió ninguna vivienda en virtud del citado contrato. No obstante, se adelantaron todos estos trámites istrativos que representaron para la entidad un desembolso de recursos de $2.668’000.000 incluido el valor de IVA, sin que dichos productos hubiesen prestado algún beneficio para la entidad o sus afiliados”, dice la auditoría.

De otra parte, la Contraloría llamó la atención porque Caja Honor siguió pagando el impuesto predial del lote La Cordialidad, ubicado en Barranquilla, pese a que este fue vendido a un tercero en 2016, y ese comprador tenía que pagar el predial de 2020 y 2021, pero solo pagó una parte de este.

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“Caja Honor ha erogado recursos para el pago del impuesto predial del lote La Cordialidad sin que exista una obligación legal o contractual que así lo determine, ya que como se evidenció en otrosíes al contrato, el comprador era quien en primer lugar de acuerdo con la transferencia de terreno debía asumir el pago de impuestos, transferencias que iniciaron desde el 19 de febrero de 2018 y a raíz de esto, la matrícula quedó inactiva en el año 2019”, se lee.

La Contraloría dijo que “el contratista se comprometió a pagar proporcionalmente al área de terreno desenglobado que corresponde a $150.565.100,29, quedando un saldo por pagar de $51’977.499,71, debiendo asumir el comprador la totalidad de lo causado por impuesto predial de las vigencias 2020 y 2021”, se indica.

Finalmente el órgano de control cuestionó la contratación y pago de estudios de seguridad a través de un contrato de 2022 cuando desde 2017 Caja Honor había firmado un convenio que le permitía hacer lo mismo sin incurrir en más gastos.

En particular se indicó que para adquirir viviendas para entregarlas a sus afiliados, Caja Honor debe, entre otras cosas, elaborar un “estudio de seguridad” sobre las zonas, para ello suscribió el contrato de prestación de servicios No. 84 de 2022 con base en el cual se pidieron estudios de seguridad de proyectos en Boyacá, Córdoba y Valle del Cauca por los que se pagaron $17’047.665. Pero en 2017 la entidad había firmado un convenio interistrativo con el Departamento de inteligencia y contrainteligencia del Ejército que contemplaba también la elaboración de estudios de seguridad.

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“Caja Honor tenía la disponibilidad de realizar los estudios de seguridad para los proyectos de adquisición de viviendas por el Fondo de Solidaridad, mediante el convenio interistrativo 143 de 2017, en el cual no se generaría ningún costo por la elaboración de ellos; sin embargo, optó por establecer dicha actividad mediante un contrato de prestación de servicios con un tercero, lo que conllevaría al gasto de recursos. En ese sentido, se generó una pérdida de recursos de la entidad por la suma de $17.047.665”, concluyó la Contraloría. 

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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