Las alarmas que prende la Contraloría sobre crisis y hacinamiento carcelario

Según el organismo, se han invertido más de 4.8 billones de pesos y el problema no se ha superado.

Hacinamiento en la estación de policía de Ciudad Bolivar, Jorge Enrique Ibañez magistrado corte constitucional hace un recorrido evidenciando el hacinamiento que se presenta en varias estaciones de policía de la ciudad .Bogotá 6 de marzo del 2023. Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

PERIODISTA24.11.2023 19:47 Actualizado: 25.11.2023 00:30

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Aun con una billonaria inversión en los últimos 20 años, sigue siendo muy preocupante la “carencia de condiciones humanas dignas para la población carcelaria y los altos índices de hacinamiento, que para 2026 llegarían al 61,5 por ciento”.

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Así concluye el estudio de la Contraloría que analizó los recursos en los últimos 20 años y cuestionó que, pese a todo, el problema no se ha superado y el hacinamiento penitenciario sigue siendo una constante.

Investigadores dicen que ley no resuelve de fondo el hacinamiento como el de la foto, en La Modelo. Foto:Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Continua el hacinamiento, los problemas de alimentación, salubridad y garantizar el goce de condiciones de humanidad.

En el estudio se señala que en las últimas dos décadas se han hecho 8 Conpes, 8 planes nacionales y se han invertido más de 4.8 billones de pesos y la crisis no se ha superado, por lo que sostiene que hace falta articular más esfuerzos para superar la problemática carcelaria, por la cual, desde 1998, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) por la masiva vulneración de derechos humanos en las penitenciarías del país.

Sobre el estudio, el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Zuluaga, dijo que, tras la gigantesca inversión, persisten “el hacinamiento, los problemas de alimentación, salubridad y garantizar el goce de condiciones de humanidad”.

En el estudio se señala que en el país no se han tomado acciones efectivas para manejar las causas estructurales del problema carcelario: el aumento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones del Código Penal.

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En el mismo orden, el documento cuestiona que los planes de ampliación de la infraestructura carcelaria no han servido para bajar el hacinamiento y que hay un 88,1 % de cárceles “con problemas de vetustez y sin tener los adecuados mantenimientos y mejoras que permitan que las personas privadas de la libertad cuenten con condiciones dignas”.

Además, la Contraloría realizó encuestas a 126 directores de establecimientos y encontró diferencias en la información de cupos, por lo que para el órgano de control hay dudas frente a las estadísticas que sirven de base para la formulación de las políticas públicas y la asignación de recursos.

“La crisis carcelaria y los altos índices de hacinamiento no se solucionan con acciones únicamente encaminadas a aumentar la capacidad instalada en los establecimientos de reclusión, sin tener estrategias orientadas al manejo de cada una de las causas que motivan la problemática”, se lee.

Hacinamiento en estaciones de Policía de Candelaria y Uri de Puente Aranda Foto:Sergio Acero Yate. El Tiempo

Para la entidad, las condiciones críticas en los penales hacen que el propósito de resocialización no se logre “porque los establecimientos carcelarios se convirtieron en universidades del crimen y el impacto negativo de la reincorporación del exconvicto a la sociedad es cada vez mayor”.

Otra parte del estudio recogió las opiniones de expertos sobre las transformaciones que serían necesarias en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y señalaron que es urgente implementar acciones para lograr una gestión eficiente.

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Así mismo tocaron temas sobre el otorgamiento de beneficios istrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena.

También se reiteró a los alcaldes un llamado que desde hace años ha hecho el Ministerio de Justicia para que cumplan su obligación, consignada en el Código Penitenciario, de encargarse de la reclusión de los sindicados –quienes aún no tienen condena–, pues a las cárceles nacionales istradas por el Gobierno solo deberían ir los condenados.

242 personas detenidas que están en la estación de policía de Usme, que sirve de Centro transitorio que solo tiene cupo para 60 personas, sufren a diario las precarias condiciones de su hacinamiento. FOTO MAURICIO MORENO Foto:MAURICIO MORENO

“Si los alcaldes cumplen su responsabilidad frente a los privados de la libertad en calidad de sindicados, la presión de cupos en las penitenciarías puede disminuir en 30 por ciento. Las medidas que puedan tomarse al respecto dependerán de la categoría del municipio y de su capacidad económica”, señaló la Contraloría.

También se llamó la atención para mejorar los programas de resocialización de los internos y de incorporación a la sociedad de los pospenados, con el impulso del enfoque diferencial y la justicia restaurativa, así como para ajustar el Plan Decenal de Justicia 2017-2027.

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Esto con el fin de incorporar “mecanismos eficaces para la articulación y trabajo complementario entre las instituciones del Gobierno Nacional y de la Rama Judicial, asignando responsabilidades claras, metas alcanzables e indicadores reales que permitan hacer mediciones de avances e impacto, para que las inversiones generen mayores beneficios”.

El vicecontralor Zuluaga concluyó diciendo: “Hoy le estamos dando una mala calificación a la política penitenciaria, a los últimos 20 años de inversión de los 4,8 billones que no han significado para nada un mejoramiento en las condiciones de las personas recluidas”, pero el órgano de control seguirá monitoreando este tema.

Redacción Justicia

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