Pese a inversión de $4.8 billones en cárceles en 20 años, problemas siguen: Contraloría

Aún con una billonaria inversión en los últimos 20 años, hace falta articular más esfuerzos interinstitucionales para superar la grave problemática carcelaria de Colombia por la cual, desde 1998, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la masiva vulneración de derechos humanos en las penitenciarías del país.

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Así lo concluye un estudio sectorial de la Contraloría General de la República que señala que en las últimas dos décadas se han hecho 8 Conpes, 8 planes nacionales y se han invertido más de 4.8 billones de pesos y la crisis no se ha superado.

En el estudio se señala que en el país no se han tomado acciones efectivas para manejar las causas estructurales del problema carcelario, que el informe identifica como: el aumento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones del Código Penal.

Además, la Contraloría realizó encuestas a 126 directores de establecimientos carcelarios y penitenciarios y encontró diferencias en la información de cupos, por lo que para el órgano de control hay dudas frente a las estadísticas que sirven de base para la formulación de las políticas públicas y la asignación de presupuestos y recursos a las instituciones responsables.

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“La crisis carcelaria y los altos índices de hacinamiento no se solucionan con acciones únicamente encaminadas a aumentar la capacidad instalada en los establecimientos de reclusión del orden nacional, sin tener en cuenta las estrategias orientadas a mejorar las condiciones humanas y de resocialización de los internos”, indicó el órgano de control en un comunicado de prensa.

Por demás, para la entidad las condiciones críticas que se mantienen en los penales hacen que el propósito de resocialización no se logre “porque los establecimientos carcelarios se convirtieron en universidades del crimen y el impacto negativo de la reincorporación del exconvicto a la sociedad es cada vez mayor”.

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Una segunda parte del estudio recogió las opiniones de expertos sobre las transformaciones que serían necesarias en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) así como en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y señalaron que es urgente implementar acciones para lograr una gestión eficiente. Así mismo tocaron temas sobre los jueces de ejecución de y el otorgamiento de beneficios istrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena.

También se reiteró a los alcaldes un llamado que desde hace años ha hecho el Ministerio de Justicia para que cumplan su obligación, consignada en el Código Penitenciario, de encargarse de la reclusión de los sindicados –quienes aún no tienen condena-, pues en las cárceles nacionales istradas por el Gobierno nacional solo deberían estar los condenados.

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“Si los alcaldes cumplen su responsabilidad frente a los privados de la libertad en calidad de sindicados, la presión de cupos en las penitenciarías puede disminuir en 30 por ciento. Las medidas que puedan tomarse al respecto dependerán de la categoría del municipio y de su capacidad económica”, señaló la Contraloría.

También se llamó la atención a mejorar los programas de resocialización de los internos y de incorporación a la sociedad de los pospenados, con el impulso del enfoque diferencial y la justicia restaurativa, así como a ajustar el Plan Decenal de Justicia 2017 – 2027 para incorporar “mecanismos eficaces para la articulación y trabajo complementario entre las instituciones del Gobierno Nacional y de la Rama Judicial, asignando responsabilidades claras, metas alcanzables e indicadores reales que permitan hacer mediciones de avances e impacto, de manera que las inversiones generen los mayores beneficios”.

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