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Este es el organigrama de una 'red criminal' en la que aparecen seis senadores

Fiscalía y Corte Suprema investigan presunto entramado corrupto. ¿Quiénes aparecen en el esquema?

Búnker de la Fiscalía Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

24.11.2023 22:30 Actualizado: 25.11.2023 09:33

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En 2021, cuando la Fiscalía investigaba una red de corrupción asociada al entonces senador Mario Castaño, quien falleció el 18 de noviembre en la cárcel La Picota, tenía sospechas de que otros congresistas estaban inmersos en las mismas prácticas y se estaban beneficiando de contratos estatales.

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EL TIEMPO conoció los documentos asociados a esa investigación, que hoy está avanzada en el ente acusador y tiene capítulos abiertos en la Corte Suprema de Justicia, en los que aparecen seis congresistas y un excandidato a la Cámara de Representantes.

Captura senador Mario Castaño Foto:Fiscalía

En informes de policía judicial de la Fiscalía se señala que hay al menos 21 personas que harían parte de una organización criminal con diversos roles dentro de la misma.

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En la cúspide de la pirámide de la red aparecen los congresistas, luego sus enlaces, funcionarios y lobistas, y por último los contratistas beneficiados.

Así, en los documentos de la Fiscalía aparecen el fallecido exsenador Mario Castaño y los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Ciro Ramírez Cortés, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García.

En este organigrama aparecen varios senadores activos. Foto:Suministrado por las autoridades

Investigadores afirmaron en las audiencias contra varios de los procesados en el caso que este proceso no es una persecución política al señalar que hay congresistas de varios partidos y que se trata de una organización en la que hay integrantes del Congreso que intervenían en la contratación para conseguir beneficios.

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En la segunda línea de la organización aparecen enlaces como Katherine Rivera, asesora del senador Ciro Ramírez. Y luego salen contratistas conocidos como ‘Los Raúles’ y funcionarios de entidades públicas como el subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y excandidato a la Cámara de Representantes, Pierre Eugenio García Jacquier, y el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, quien ahora es testigo de la Fiscalía.

En la investigación de un grupo de fiscales de una unidad especial anticorrupción hay 25 investigados y solo cuatro han sido imputados hasta ahora, por lo que los procesos apenas están avanzando. Dos de ellos ya negociaron y están delatando a los demás.

En este otro esquema, figuran algunos congresistas, de UTL y contratistas. Foto:Suministrada por autoridades.

El propósito de los políticos, según la Fiscalía, sería aumentar su caudal electoral en las regiones en las que se iban a realizar obras con plata de la paz; el de los contratistas, aumentar sus riquezas; y el de los funcionarios, conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’ a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.

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Pese a que la Fiscalía no puede procesar a los congresistas por su fuero –que corresponde a la Corte Suprema–, en la investigación contra los funcionarios y contratistas se afirma que todos ellos se concertaron en un grupo criminal que funcionó desde 2021 e incluso se extendió a este año, y que buscaba “direccionar contratación pública para dar beneficios a senadores y un candidato a la Cámara”.

En esta parte del organigrama se pueden leer los nombres de funcionarios de entidades del Estado, y contratistas. Foto:Suministrado por las autoridades

Las presuntas irregularidades detectadas hasta el momento superan los 70.000 millones de pesos, y los intentos por cooptar contratos públicos incluso se habrían extendido hasta hace unos meses, por lo que la Fiscalía mantiene la investigación sobre nuevos procesos licitatorios.

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De hecho, en interceptaciones telefónicas a algunos de los investigados se escucha que hablaron de citas con el alcalde actual de Sincelejo para una adición de un contrato con el Invías y de un contrato del parque automotor de Bogotá.

La Fiscalía, además, documentó los contratos 501 de 2021 y 670 de 2021, suscritos entre el DPS y Proyecta Quindío, en los que se buscaba “direccionar” proyectos de obras para los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca. En esos contratos habría injerencia de los congresistas para entregarlos a determinados contratistas.

Redacción Justicia

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