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Entrevista
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'La operación por 11 millones de dólares existió': Fiscal Luz Adriana Camargo sobre compra de Pegasus
La jefe del ente acusador confirma que Colombia adquirió el polémico software espía, pero dice que hoy no se sabe quién lo tiene. Investigan en medio de ruptura diplomática con Israel.
En diálogo con EL TIEMPO, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habló de cómo avanzan las pesquisas para establecer dónde está el software Pegasus, qué autoridad lo compró, con qué fines y si exfuncionarios de la Presidencia de Iván Duque o de la Fuerza Pública participaron en esos hechos en 2021, tal y como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro.
Por ahora, la jefa del ente acusador afirma que sí existieron transacciones financieras por 11 millones de dólares, los cuales aparecen soportados en un documento israelí que recibió la Fiscalía. Para indagar en el caso, ya han escuchado en entrevista al exdirector del Dapre Víctor Muñoz, al exviceministro Jairo García, al general Juan Diego Sepúlveda, quien dirigió el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares en el gobierno de Iván Duque; y al general (r) Carlos Iván Moreno, quien era el segundo comandante del Ejército. También escucharon a Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del gobierno Petro, y a Carlos Ramón González, exdirector de inteligencia.
El presidente Petro habló esta semana de vuelos con directivos de NSO Group y responsabilizó nuevamente al gobierno Duque de dicha compra. ¿Qué sabe la Fiscalía?
Quiero recordar que iniciamos esta investigación mucho antes de que se conociera la información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel, que nos fue trasladada directamente por el Presidente de la República. Iniciamos una investigación que tenía que ver con una denuncia que nos trasladó el presidente de la Corte Constitucional, de un magistrado que tenía muchas preocupaciones porque consideraba que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas.
A raíz de esa investigación, empezamos a mirar el tema de las posibles interceptaciones ilegales a funcionarios del poder judicial, como ustedes lo recordarán. En el marco de esa investigación, allegamos la información primera que nos arribó el presidente de la Uiaf, y empezamos a hacer una serie de verificaciones, las cuales no han sido fáciles porque no tenemos relaciones diplomáticas con Israel.
Ya hay evidencia de vuelos que partieron desde Israel a Colombia, que son rastreados. Foto:Archivo particular
Entonces eso ha influido...
Tanto la llegada de esos vuelos como lo que tiene que ver con las transacciones financieras en Israel está apoyado en pruebas bastante objetivas, estamos hablando de rutas de dinero, que son comprobadas por entidades oficiales israelíes, que tienen también una verificación objetiva.
Eso dificulta un poco la consecución de información. A hoy, se han adelantado bastantes diligencias, tenemos efectivamente la información porque nos llegó oficialmente también, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, lo de los vuelos de Tel Aviv a Bogotá, y de Bogotá a Tel Aviv en fechas coincidentes con lo que se reporta en la Uiaf Israel, que es entre los días 25 y 27 de junio de 2021. Tanto la llegada de esos vuelos como lo que tiene que ver con las transacciones financieras en Israel está apoyado en pruebas bastante objetivas, estamos hablando de rutas de dinero, que son comprobadas por entidades oficiales israelíes, que tienen también una verificación objetiva.
Entonces, en ese sentido, esas verificaciones básicas nos estarían dando un escenario de que efectivamente estaríamos eventualmente hablando de que sí hubo una adquisición de ese software. Hemos inspeccionado bastantes dependencias, no existe una compra oficial del software hasta donde hemos rastreado y, por supuesto, nos encontramos en el proceso de verificación. Es un caso difícil porque no basta con tener esas verificaciones objetivas, sino que hay que saber mucho más, poder identificar si se pagó la suma de la que se habla: que efectivamente el dinero viajó hasta Israel, si era para eso, de dónde salió, quién lo llevó.
¿Pero confirma usted que los documentos de las autoridades de Israel, hasta ahora reservados, dan cuenta de la compra?
Claro, la información de hecho –con independencia de la publicidad que le dio el Presidente–, la Uiaf de Israel autorizó a que fuese entregada a la Fiscalía. Después de la rueda de prensa que dio el Presidente dando a conocer a la opinión pública ese documento que fue desclasificado para tales fines, fue recibido oficialmente por nosotros, entregado por la Uiaf Colombia, que es la fuente que lo recibe de Israel. Ese reporte de operación sospechosa es cierto y existe, y lo emitió la Uiaf de Israel, entonces en cuanto a eso, claro que lo confirman, en eso no hay ninguna duda. La operación por 11 millones de dólares existió, hubo un primer pago, que fue en junio, de 5,5 millones. De acuerdo con la información que se emite ahí, la alerta de operaciones sospechosas nos indica que el dinero llega en efectivo, en dólares americanos. Se tiene la certeza de que es así porque hay un formulario de operación cambiaria donde se registra el ingreso del dinero a Israel.
Esa información tiene un carácter muy objetivo, no es un tema de si creemos o no. Hace parte del rastreo del dinero que hizo Israel respecto a una operación que una autoridad de ellos estimó sospechosa. Esas operaciones suelen rastrear estas unidades de inteligencia financiera que tienen casi todos los países de occidente.
¿Estos documentos que envió la autoridad de Israel afirman que esa plata la recibió NSO Group?
Sí, correcto. Ese reporte se dio a conocer a la opinión pública, lo hizo el Presidente. En eso se indica que con esos 11 millones de dólares (5,5 en junio y 5,5 entre septiembre y octubre) se canceló a NSO Group el software denominado Pegasus, incluso por esa razón, por el carácter tan objetivo de esta información, nosotros al día siguiente de esa rueda de prensa emitimos un comunicado diciendo que inmediatamente asumiríamos el conocimiento de esa denuncia, dada la gravedad de la misma por la fuente de la información que es una unidad de inteligencia financiera.
Entonces están unidas las denuncias de la Corte Constitucional y del presidente Petro...
Las estamos asociando porque se trata del mismo tema, independientemente de cuál es el método que se utiliza para hacer una interceptación o monitoreo ilegal de comunicaciones –en este caso un software como Pegasus–, lo que estamos investigando es si hay interceptaciones ilegales en el país como las denunciadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El tema de Pegasus llega ahí porque este es un software que sirve para esos fines, por eso tenemos asociados los dos casos.
¿De qué manera la ruptura de relaciones con Israel ha obstaculizado el trabajo de la Fiscalía?
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto:César Melgarejo/El Tiempo
Hasta el momento, hemos preparado una serie de solicitudes que aún no se han enviado porque estamos intentando hacer primero un acercamiento, esperaríamos que no haya muchas dificultades. Lo que sucede es que, por ejemplo, cosas que pudiéramos hacer directamente en la embajada de Colombia en Israel no las podemos hacer, podríamos obtener las declaraciones de NSO allá, viajando a Tel Aviv, pero está cerrada porque no tenemos relaciones. A eso me refiero con las dificultades que eso nos genera porque nos pone a buscar en otros canales.
Y debe ser una barrera la sanción a la Uiaf...
Lo que entiendo es que no es una sanción, sino una medida provisional, y que el canal de Egmont para Colombia está siendo examinado por los directivos.
Exfuncionarios del gobierno Duque han negado con vehemencia la compra y NSO Group ha dicho que solo negocian con los Estados. ¿Hay alguien mintiendo?
El punto es que esto no es de ponernos del lado de la Presidencia actual o de la pasada. Quiero insistir en esto: nos estamos basando en una información de carácter objetivo que se recibe de parte de una unidad de inteligencia financiera que hace un rastreo de recursos, y que lo asocia a la compra de un software, que es un arma de guerra, que se llama Pegasus, y por eso no es una compra cualquiera. Un ciudadano cualquiera no puede ir a Israel a comprarlo, no se lo venden porque esas son operaciones reservadas. Esa es la información que nos llega y la que estamos investigando.
Víctor Muñoz, director del Dapre en el gobierno Duque. Foto:Archivo particular
Una fiscal dijo que Pegasus está licenciado a la Fiscalía...
Por supuesto que no, y buena parte de la investigación se ha concentrado en identificar si Pegasus puede estar en la Fiscalía, o en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la Policía, en el Ministerio de Defensa, y no hemos encontrado Pegasus en ninguna entidad. En el caso particular de la Fiscalía, tenemos las plataformas de interceptación legales, sería bastante curioso tener una sala de interceptaciones ilegales, no la tenemos. Quiero ser absolutamente tajante en esto. La fiscal que salió a dar su información en su cuenta de X fue llamada a entrevista en la Fiscalía que lleva el caso, porque queríamos saber cuál era la fuente de su conocimiento, de revelaciones que no coinciden para nada con la investigación que estamos adelantando, y con pesar tengo que decir que por lo que me informa quien adelanta el caso, la funcionaria no nos aportó ninguna información que permita decir que eso que dijo en X sea medianamente cierto.
Para cerrar el tema de Pegasus, ¿es posible que no se haya podido rastrear esta compra porque se efectuó mediante gastos reservados?
Agradezco la pregunta, nosotros no tenemos reserva como Fiscalía para revisar los presupuestos de gastos reservados, y hace parte de la investigación que estamos adelantando.
Fiscal, ¿cómo avanza la investigación por el escándalo de la UNGRD contra los ya procesados?
Avanza muy bien, rápidamente.
Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, y Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López, junto a sus abogados. Foto:Audiencia
¿Y contra las otras personas implicadas, como Sandra Ortiz?
También avanza bien, estamos pendientes de fecha para nuevas imputaciones. Hicimos después de las primeras otras tres imputaciones. Tenemos nuevos elementos, hemos avanzado en corroboraciones, yo esperaría que por lo que tiene que ver con principios de oportunidad tengamos pronto una solicitud para la presentación oficial a un juez. Yo no he recibido aún el proyecto, pero más o menos he venido siendo informada por el equipo que maneja el caso de cuál es la orientación del mismo, y en principio estoy de acuerdo. Por supuesto, tendré que revisarlo con calma, con la que un caso tan delicado se merece. Pero básicamente como ha sucedido en el pasado, van a tener buenas noticias a través de las audiencias.
¿Han escuchado en este caso a los altos funcionarios del gobierno actual?
Correcto.
¿Al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, al exjefe de la DNI Carlos Ramón González, al ministro de Hacienda?
Hay algunos funcionarios que han sido escuchados, efectivamente.
Fiscal, ¿cómo van los acercamientos con Nicolás Petro para una negociación?
Recibimos el caso en etapa de juicio, se está concluyendo la audiencia preparatoria. Quiero recordar que la posibilidad de hacer preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía tiene un plazo perentorio, y vence una vez inicie el juicio, que es lo que le sigue a la preparatoria. Estamos en un momento muy cercano a ese juicio, efectivamente ha habido un acercamiento de la defensa del señor Nicolás Petro haciendo solicitud de que se examine la posibilidad de un preacuerdo, y en los términos normales de una negociación que se hace ahí como en cualquier otro proceso, se ha revisado la propuesta, sin que se haya llegado a ningún acuerdo porque las alternativas que se han dado no han sido satisfactorias para la Fiscalía.
Hace unos meses se habló de una presunta amenaza contra el Palacio de Justicia, ¿se descartó?
En este momento no puedo afirmar ni descartar nada, seguimos investigando.
El presidente Petro dijo: "O muero o me tumban, la orden está dada", ¿qué sabe la Fiscalía sobre esa afirmación?
Venimos trabajando en esa línea investigativa desde las primeras amenazas del 20 de julio, pero está en proceso de investigación.
Carlos López y Ana Cuesta - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]