La red de corrupción a la que pertenecía el general Jorge Romero Pinzón, junto a otros militares y particulares seguía funcionando hasta hace 20 días.
Así lo dijo la Fiscalía durante la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá en la que pide que el general Romero Pinzón, capturado este jueves en la mañana, sea asegurado en centro carcelario.
Señaló que con la captura de nueve personas, entre militares, ex militares y contratistas, el 23 de julio se desmanteló la red dedicada a adjudicar irregularmente contratos para lograr beneficios económicos. La Fiscalía señaló que el valor de la contratación irregular llegó a los 3.296 millones de pesos y se mantiene el rastreo de otros procesos contractuales.
Uno de los testigos señaló que en algunos casos el contratista “prestaba la plata” antes de la adjudicación de los contratos y luego se realizaba todo el proceso licitatorio en el que resultaba ganador quien había anticipado el giro de los recursos.
Esto, dijo la Fiscalía, sucedía con contratos entregados a la empresa de Samir Fernando García y Ana Lucía Posada, capturados en la primera fase de la operación y quienes no solo ganaban contratos para el suministro de alimentos sino que en la realidad no entregaban los elementos contratados.
Añadió que por la línea de mando en la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, el general Romero Pinzón era quien daba el direccionamiento de los contratos a través de sus subalternos más cercanos.
Mano derecha de varios comandantes
En una de las conversaciones se menciona que Samir Fernando García llevaba ocho años recibiendo contratos en la Brigada.
“Era el man de confianza de todos los comandantes porque era el que soltaba la plata (…) era el de la caja menor”, se escucha en una conversación entre alias Charry y el sargento Jorge Luis Echavarría García, ayudante del general Romero Pinzón.
“Desde la época de mi general Mejía, ese 'man' se la pasaba allá porque era el que manejaba la tula”, se escucha en la grabación interceptada con orden judicial.
En una llamada del 29 de diciembre de 2018 se escucha a Samir Fernando y su socia Claribel Cubillos cuando hablan de un contrato en el que aparece mencionado otro general que aún no ha sido judicializado. En la llamada hablan de sacar la plata para el general Rodríguez, sin precisar su nombre.
Cubillos le dice a Samir que estuvo revisando las cuentas y que de los 590 millones de pesos hay que sacar lo de la Unión Temporal, “más otros 50 millones” y que restando unos recursos les quedan “556 millones de pesos y nos toca dividirnos y restarle lo del general Rodríguez y lo de la gente de acá”.
La Fiscal del caso señaló que se está rastreando ese nuevo contrato que no se realizó en la Cuarta Brigada y que actualmente se está ejecutando.
General intentó obstruir la justicia
El general Romero Pinzón, dijo la Fiscalía, puso en riesgo la investigación “desde el primer día que supo de este proceso”.
Añadió que el oficial aún activo en el Ejército fue notificado de la investigación en su contra y se detectó que un hombre de su confianza sacó documentos claves en el proceso y que “los hundiría a todos”.
“Esto no es un invento de la Fiscalía está documentado en una llamada en poder de la Fiscalia”, indicó la funcionaria.
El sargento Jorge Luis Echavarría, ayudante del general, habla de una reunión con el alto oficial quien estaría “muy tocado” y que se enteró que varios subalternos estaban declarando en su contra.
Agrega el Sargento que si en realidad dieron las declaraciones el general “los clava, los clava, el man está indignado”.
El interlocutor, el sargento Wilson Manuel Villota, dice que si lo hubiera querido entregar había entregado la caja que tiene en la casa.
Y más adelante dice que por orden del general “todo se sacó de la Brigada, todo salió sin problema”.
La Fiscalía señaló que los investigadores siguen trabajando en la búsqueda de esos elementos de los que habla el hombre.
“Capi. Dígale al mayor que ya se sacaron esas planillas, que no se preocupe por esas planillas que ya se sacaron de los archivos, pero pasito, chito, que nadie escuche, no vaya a decir nada”, se escucha a una mujer.
En una conversación el mismo general Romero Pinzón habla con el sargento Jorge Luis Echavarría y le pide el número telefónico de uno de los testigos para hablar con él
Y además, añadió la Fiscalía, el oficial estuvo monitoreando los movimientos de los testigos e incluso de los investigadores "haciendo seguimientos a las personas que estamos cumpliendo con este deber constitucional".
En una conversación habla el general con una asesora jurídica de nombre Angélica a quien cita a una reunión y le dice que se deben encontrar "todos con todos". Y que ese día el oficial se reunió con varios de los testigos, justo cuando la Fiscalía estaba haciendo inspecciones judiciales en la Brigada.
REDACCIÓN JUSTICIA