Un coronel del Ejército le dijo a la Fiscalía que se negó a firmar contratos de la Cuarta Brigada de Medellín, Antioquia, al advertir que presentaban irregularidades.
Esa es una de las evidencias que destapó el viernes la Fiscalía durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra nueve personas capturadas el miércoles, entre ellas tres uniformados activos, y procesadas por supuesta corrupción.
El ente investigador presentó apartes de la declaración del coronel Heiver Norberto Dueñas, jefe del Estado Mayor y gerente de proyectos en la Cuarta Brigada, quien tenía la misión de revisar toda la etapa contractual de los procesos que se adjudicaban en esa unidad militar.
El uniformado dijo que hubo al menos dos contratos que se negó a firmar al considerar que presentaban graves irregularidades.
Esos procesos licitatorios estaban relacionados con ferretería y con la compra de repuestos para blindados.
El coronel Dueñas aseguró que una vez sostuvo una conversación telefónica con su superior, el general Jorge Horacio Romero Pinzón, sobre uno de esos contratos y que luego el coronel en retiro Harold Felipe Páez, uno de los capturados, le dijo que el alto oficial estaría tratando de incidir en ese contrato para su adjudicación a una empresa específica.
Para evitar incurrir en una irregularidad, el coronel Dueñas dijo que esos procesos se declararon desiertos.
En su momento, el general Romero, tras conocer la decisión de llamarlo a calificar servicios el 9 de julio, había señalado en una comunicación que en febrero de 2017 tuvo información de unas irregularidades en la entrega de salvoconductos y que ordenó que se abriera una investigación disciplinaria contra el coronel Dueñas, quien ahora declara en su contra.
Un alto oficial interesado
Entre las ofertas más llamativas para la Fiscalía encontradas en la Brigada se detectó la de una empresa que por solo 7.500 pesos ofrecía almuerzos tipo parrilla, compuestos por 250 gramos de carne de res, 250 gramos de cerdo, 250 gramos de pechuga de pollo, morcilla, longaniza y papa salada.
Otra de las firmas que participaron en el proceso cuestionó la generosa oferta y la Brigada respondió que era autónoma para contratar y que esa oferta no ponía en riesgo la ejecución del contrato.
El fiscal cuestionó que ese contrato no se podía cumplir, porque implicaría que la empresa operaría a pérdida y que todo habría sido una maniobra para ganarse el contrato.
Para el fiscal del caso, las evidencias muestran que el coronel Páez, quien se encargaba de liderar las reuniones con los proveedores para presuntamente ajustar los pliegos de contratación, no era el único oficial vinculado a las irregularidades y que había un superior interesado.
Y agregó que indagando en la contratación de la Cuarta Brigada se encontró que en 2016 se abrió un proceso identificado como el 015, cuyo objeto era la adquisición de repuestos y mantenimiento de vehículos de nivel 1, 2 y 3 (livianos, medianos, pesados y blindados).
Ese primer proceso fue declarado desierto, aduciendo que ningún proponente cumplía con los requisitos.
Luego, en junio de 2016 se abrió un segundo proceso (esta vez abreviado) por 1.261 millones de pesos, que fue adjudicado el 22 de junio de 2016.
Luego aparece la irregularidad más grave para la Fiscalía. Se abrió el proceso 346, con el mismo objetivo de los contratos anteriores, pero retirando los vehículos blindados. Pese a que el objeto fue menor, ese nuevo proceso se firmó por 1.694 millones de pesos.
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