Prohibido el matrimonio infantil, ¿también debería tumbarse el consentimiento para relaciones sexuales con menores de edad?

La Corte Constitucional dio un paso paralelo al Congreso, que en noviembre pasado, vía proyecto de ley, prohibió el matrimonio infantil. Esta vez, mediante un fallo, el alto tribunal modificó los artículos del Código Civil que permitían esta práctica. Ninguna notaría podrá avalar las uniones entre o con menores de 18 años, ni siquiera con el consentimiento de sus padres, que era una salvedad con la que se seguía sosteniendo esta norma de 1873.

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EL TIEMPO conversó con Nicolás Giraldo, coordinador de Cambio Político y Legal de Profamilia, quien abordó el contexto de la problemática y solicitó un trabajo pedagógico para lograr las transformaciones sociales y culturales necesarias para erradicarla. Además, habló sobre el vacío en torno al consentimiento de las relaciones sexuales entre adultos y menores de 18 años, en relación con un proyecto de ley en curso que busca aumentar la edad de consentimiento, que actualmente es de 14.

Desde Profamilia celebramos y aplaudimos esta decisión, porque ratifica el proceso que hemos venido adelantando en el país para prohibir y erradicar esta práctica nociva de los matrimonios y uniones tempranas forzadas. Se trata de un respaldo al proyecto de ley aprobado el 13 de noviembre del año pasado. La Corte reconoce, al igual que lo hizo el Congreso, que estas prácticas son nocivas para los niños y adolescentes, y que representan una vulneración de sus derechos humanos y fundamentales. 

Esas normas que permitían estas prácticas en Colombia desconocían tratados de derechos humanos suscritos por el país, como la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Además, algo muy importante, que está alineado con el proyecto de ley aprobado, es que la Corte señala que no basta con prohibir estas prácticas, sino que también es necesario generar políticas públicas que prevengan y aborden estas situaciones para llegar a un contexto en el que estos hechos ya no ocurran. No se trata solo de prohibirlo, sino de generar cambios y transformaciones sociales y culturales que erradiquen las creencias que aún permiten que estas prácticas ocurran en Colombia.

Sí, este es un fenómeno que afecta principalmente a las niñas. En 2023, tan solo en Colombia, hubo 114 matrimonios oficialmente registrados en notarias y juzgados con menores de edad. Eso por un lado. En cuanto a las investigaciones de Profamilia y la Encuesta Nacional de Democracia y Salud, hemos encontrado que el 70 % de las adolescentes que terminan en una unión temprana o matrimonio están fuera del sistema escolar. También sabemos que el 21.5% de las niñas entre 10 y 14 años que figuran en distintos registros de unión o matrimonio están dedicadas a servicios domésticos. Estas prácticas refuerzan estereotipos de género que terminan excluyendo a las niñas de la educación y de las oportunidades laborales. Cuando pueden acceder al mercado laboral, lo hacen en trabajos precarizados y sin las protecciones legales necesarias. 

A nivel global, Profamilia es parte de la Alianza Mundial de Niños y Esposas, y allí encontramos que Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en cuanto a la prevalencia del matrimonio antes de los 15 años. En América Latina, específicamente en Sudamérica, Colombia y Argentina eran los únicos países que permitían aún el matrimonio con menores de 18 años.

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De hecho, hemos identificado que el embarazo es tanto causa como consecuencia del matrimonio infantil. Las niñas terminan en matrimonios, muchas veces como una forma de sanción por el embarazo, pero también, como consecuencia del matrimonio, terminan en embarazos tempranos. En 2023, según los datos de una técnica de investigación que cruza diversos instrumentos estadísticos, hubo un millón de embarazos con nacimientos de madres entre 10 y 19 años. Es importante señalar que todo embarazo en una niña menor de 14 años debe ser considerado inmediatamente como violencia sexual. De esos, 65.000 fueron partos de niñas entre 10 y 14 años y 34.433 correspondieron a niñas que estaban en un matrimonio o unión temprana. Además, es relevante mencionar que los departamentos con mayor prevalencia de matrimonios y uniones tempranas son Antioquia, Magdalena, Cauca y Vichada. Esto muestra que el problema no es exclusivo de pueblos indígenas, sino que también afecta a la población sin pertenencia étnica.

La postura de Profamilia es de oposición a este proyecto. La diferencia, desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos, es que la edad de consentimiento para relaciones sexuales no debe confundirse con la edad para el consentimiento en los temas jurídicos. El matrimonio es un negocio jurídico con implicaciones no solo emocionales y sexuales, sino también patrimoniales. El aumento de la edad de consentimiento de 14 a 18 años generaría la criminalización de las relaciones entre adolescentes y sería un atentado contra su autonomía sexual. Lo que nosotros creemos es que el ejercicio de la sexualidad debe estar basado en la educación y la información para que los adolescentes puedan tomar decisiones informadas y seguras, sin riesgo de sufrir vulneraciones.

Lo que necesitamos es prohibir las uniones entre adultos y menores de edad, y asegurar el cumplimiento de las normas de violencia sexual con menores de 14 años. Además, es fundamental garantizar que los niños y adolescentes tengan a información y a anticonceptivos, tal como lo dictan los tratados internacionales.

Cuando se identifican estas relaciones, el proceso es el siguiente: se evalúa si existe alguna violación de derechos por parte de los sectores de justicia y protección. En el caso de los menores de 14 años, siempre se asume que se trata de violencia y se activa el sistema judicial para restablecer los derechos de los menores.

Lo que hay que entender es que las prohibiciones en estas situaciones, si no se manejan adecuadamente, pueden generar contextos de desprotección. Las normas deben evolucionar para adaptarse a las nuevas formas de relación y proteger los derechos de los adolescentes sin generar nuevos riesgos.

Queremos aprovechar esta oportunidad para decir que, en el proceso ante la Corte, llevamos las voces de los niños y adolescentes, para que la Corte considerara sus percepciones sobre este tema. También solicitamos que emita la sentencia en una versión de lectura fácil, para que sea accesible a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los más afectados por esta decisión. Es importante que la sociedad civil y las entidades puedan difundir esta sentencia de forma accesible para ellos.

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Redacción Justicia