La 'lluvia' de quejas contra el concurso de jueces y magistrados: denuncian irregularidades a lo largo del proceso

La noticia que dio el Consejo Superior de la Judicatura, a inicios de julio, respecto a la creación de 1.390 cargos transitorios para tribunales, juzgados y dependencias de apoyo a nivel nacional, para descongestionar la justicia en este segundo semestre de 2024, no cayó bien en los aspirantes del IX Curso de Formación Judicial para Jueces y Magistrados.

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Lo anterior, toda vez que alegan que la creación de estos cargos provisionales se habría terminado si el curso de formación no hubiese tenido “tantas trabas” a lo largo de estos últimos seis años.

Parte de las quejas manifestadas quedaron recogidas en una tutela que llegó el martes 30 de julio a la Corte Suprema de Justicia en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla toda vez que la entidad, según dice la acción, “eliminó el aspecto presencial de la capacitación y se negó a atribuir puntaje a las actividades desarrolladas durante el curso, lo cual refleja un apartamiento total de la delegación de funciones atribuidas por el Consejo Superior de la Judicatura y los protocolos establecidos en los acuerdos PCSJA19-11400 y PCSJA18-11077 poniendo en superioridad de condiciones a los jueces en posición de discentes sobre los compañeros discentes que por primera vez acudimos a un curso programado por la EJRLB”.

Para el accionante, la Escuela en el transcurso de la fase inicial del curso “desvió” las funciones delegadas por el CSJ y, desconociendo las condiciones de capacitación y evaluación definidas en los acuerdos y en su lugar, puso en marcha “un nuevo sistema de capacitación y evaluación” netamente virtual, el cual se caracterizó por ser “improvisado y totalmente antitécnico”.

El accionante señaló que dentro de las manifestaciones detectadas está que la Escuela “exigió” a los aspirantes leer un cúmulo gigantesco de información compuesto por más de 4.315 páginas y 2.758 diapositivas; así como el consumo de las lecturas complementarias de cada programa “sin propiciar un espacio para el diálogo, la capacitación y la solución de las dudas”.

“La entidad obligó a los discentes a ver más de 958 minutos de video 'webinar' con los cuales pretendió evadir lo establecido en el acuerdo inicial, según el cual, las capacitaciones debían suplantar el componente presencial, lo cual no es siquiera comparable por cuanto los videos en comento fueron improvisados y otros fueron objeto de innumerables críticas por exhibir a personas que solamente se limitaron a leer la información, lo cual viola los objetivos planteados en los acuerdos”, se lee en la tutela.

Dentro de la acción hay un punto, el cual generó incertidumbre entre los aspirantes y que en su momento manifestaron a este diario, y está relacionado con la modificación de los protocolos de la evaluación, en el sentido de cambiar el examen presencial y los talleres descritos por una sola evaluación virtual, la cual se realizó a través de un contratista que istra la plataforma Klarway.

Así las cosas, la plataforma fue ensayada sin éxito, toda vez que los más de 3000 aspirantes conectados superaron su capacidad.

“A pesar de las múltiples falencias de la plataforma Klarway y sus constantes ensayos sin éxito, la accionada decidió seguir adelante con las evaluaciones contratadas sin importar las seguras vulneraciones de los derechos fundamentales de los discentes”, se lee en la acción.

Es así como para el 19 de mayo y el 2 de junio de 2024, se citó a la evaluación virtual, la cual presentó “innumerables” problemas técnicos que afectaron el desempeño de los aspirantes.

Además, otro grupo de aspirantes reportó que en la prueba más de 20 preguntas contaron “con doble clave o error en la clave”.

“Las preguntas tipo taller, las cuales equivalen a las de mayor valor cuantitativo, pues cada pregunta correspondía a 10 puntos, fueron preguntas, en donde se apeló a la memorización literal. En ese sentido, se formularon preguntas, en donde el discente debía elegir entre sinónimos, para escoger la palabra que textualmente el autor había escrito dentro de su texto. En ese sentido, aunque muchas de estas palabras mantuvieran la coherencia y la pertinencia del texto, el discente debía elegir la palabra exacta que el autor había escogido en la construcción de su obra”, señaló uno de los aspirantes que solicitó reserva de su identidad.

Tanto el accionante, como los demás denunciantes, piden que la Escuela “programe nuevas fechas” para que varios de los aspirantes realicen las evaluaciones descritas, toda vez que ellos no pueden “asumir” las cargas jurídicas derivadas de las falencias presentadas por la plataforma.

Al tiempo que también solicita que la Judicatura resuelva de manera expedita los recursos interpuestos contra el proceso. “El Consejo Superior de la Judicatura tiene que ser consciente de los errores que hubo a lo largo del concurso”, dijo otro de los denunciantes.

EL TIEMPO elevó consulta a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla respecto al tema y está a la espera de que se remita la respuesta.

Redacción Justicia:

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