La Guajira: Corte aplaza discusión sobre el futuro de la emergencia económica

Luego de un día de discusión, la Corte Constitucional no tomó una decisión este martes sobre el futuro del Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de una grave crisis humanitaria que se estructura en la falta de a servicios básicos vitales.

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La Sala estudia una ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo que pide avalar con condicionamientos el decreto, en el entendido que la medidas sí busquen conjurar los elementos estructurales de la crisis.

Esa postura tiene apoyos, pero no los suficientes por el momento, por lo que el debate de este martes es clave para definir el asunto.

Lo anterior ya que, hay al menos tres magistrados que apoyarían la inexequibilidad del decreto, es decir, tumbarlo, al estimar que la crisis, aunque grave, se puede solucionar con medidas normales, sin necesidad de la declaratoria de un Estado de Excepción.

EL TIEMPO estableció que la propuesta de la magistrada Ángel Cabo propone avalar aquello que sí esté relacionado con la crisis, siempre que se traten de elementos que no estén contemplados en leyes o normativas existentes.

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Se trataría, preliminarmente, de temas relacionados con el suministro o atención urgente de agua potable, saneamiento básico, alimentación y servicios de salud, siempre que sean necesarios en el marco de la emergencia.

Uno de los temas claves, como ya había revelado este diario, tiene que ver con la mortalidad infantil y al sistema de salud de menores de edad, lo cual tiene que ver con la crisis que la misma Corte diagnosticó y por la cual declaró un estado de cosas inconstitucional en 2017.

Y un punto central de la discusión es el artículo tercero del decreto, que permite al Gobierno desarrollar medidas adicionales, sin especificar cuáles, para conjurar la crisis.

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Ahora, la discusión será retomada por la Corte el lunes. En todo caso, tiene términos para resolver este caso hasta el 5 de octubre, por lo que el debate se reanudaría después del encuentro anual de la Corte Constitucional que se realizará en Girardot los días 28 y 29 de septiembre.

La decisión que se tome será clave respecto de otros 11 decretos que están relacionados con la emergencia y que también debe revisar la Corte, y de cara a las medidas de atención que el Presidente Gustavo Petro dispuso para atender la crisis en La Guajira.

En este caso, la Presidencia ha dicho que el departamento vive una crisis humanitaria desde hace varios años, por la falta de a servicios básicos vitales, que incluso llevaron a la propia Corte Constitucional a declarar en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la situación que afecta especialmente a la niñez Wayúu.

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"La dramática situación se agravó, dadas las condiciones climatológicas y los fenómenos extremos de variabilidad climática, que se han intensificado a partir de junio de 2023, además de los eventos sobrevinientes e inesperados, tales como la llegada de la temporada de ciclones tropicales; el fenómeno de El Niño que mutó de una categoría moderada a la categoría fuerte; y el déficit de precipitaciones dadas en el primer semestre que en medio de una temporada seca", dijo la entidad a la Corte.

El Ministerio de Vivienda dijo, a su turno, que hay una "amenaza grave e inminente al orden económico, social y ecológico en materia de al agua y saneamiento básico".

Lo anterior por tres causas: la escasez de agua apta para consumo humano, los efectos del cambio climático frente a la disponibilidad del recurso hídrico; y los problemas de orden socioeconómico asociados a la escasez de agua.

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Sobre la escasez de agua potable, se indicó que con base en el censo de 2018, la población del departamento es cercana a los 1.038.397 habitantes, "para la cual se estima una demanda de agua de uso doméstico de 2.243 l/s".

Y esta demanda puede incrementarse a 2035 a cerca "de 2,500 l/s para una población cercana a 1.3 millones de habitantes".

En este caso, la Procuraduría solicitó tumbar el estado de emergencia al estimar que los hechos que llevaron a la declaratoria, aunque graves, no son nuevos y pueden ser atendido por medio de mecanismos ordinarios.

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Para la entidad, además, el Presidente estaría buscando “instrumentalizar la crisis para obtener facultades legislativas excepcionales”.

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