¿Fallo sobre el monopolio rentístico del aguardiente va a impactar las finanzas de los departamentos?

En uno de los fallos más trascendentales de este año, la Corte Constitucional le puso fin a la disputa legal que había por la venta de aguardiente en Colombia. La Sala Plena decidió desbloquear el monopolio rentístico de esta bebida embriagante que habían puesto algunos departamentos, con el fin de no dejar entrar algunas marcas a su territorio.

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El caso más connotado es el del aguardiente Amarillo de Manzanares, fabricado por la Industria Licorera de Caldas. Desde hace varios meses, este producto no podía venderse en las principales capitales del país -Bogotá, Medellín y Cali- porque las respectivas gobernaciones habían acordado proteger sus mercados de una "amenaza de daño grave a la producción local". 

La medida podía tomarse hasta por seis años, amparados en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. Este fue el apartado que tumbó la Corte en su Sala Plena, con una votación de cinco a cuatro entre sus magistrados. Al atender un par de demandas que presentaron ciudadanos como el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, el alto tribunal dijo que en este debate prevalecen la libertad del consumidor y la libertad de comercio.

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"La Corte recordó que la jurisprudencia constitucional ha sido pacífica al señalar que, si bien el derecho a la libertad de elección de los consumidores no es absoluto y puede ser limitado por la ley, la completa restricción de la libertad de elección es contraria a la Constitución Política", explicó la corporación, que tuvo como ponente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. 

En la práctica, esto quiere decir que cualquier aguardiente va a poder distribuirse en todo el país, lo que sin duda generará un cambio en las finanzas de este sector que cuenta con grandes casas fabricantes, como la Industria Licorera de Caldas, que terminó ganadora con su Amarillo de Manzanares.

Diego Angelillis, gerente de la licorera, le dijo a EL TIEMPO que este es un fallo histórico y que volverán a entrar al 67 por ciento del mercado del aguardiente que habían perdido por cuenta de las restricciones. "Desde el momento cero en donde hemos visto que no podíamos ingresar, hemos sido siempre unos convencidos de que es el consumidor el que debe poder escoger qué aguardiente se debe tomar. Vuelvo y repito: para nosotros es un triunfo que parte en dos la historia del aguardiente".

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Una fuente de la Corte explicó que una de las lecturas que deja este caso es que si bien los departamentos tienen el derecho a cobrar un impuesto en su territorio, esto no se extiende al punto de prohibir la entrada de otras marcas. Y añadió que ese cobro de impuestos va a poder hacerse sin sobrepasar lo que ya está establecido en las estampillas de este rubro. 

La balanza con números y cálculos que tendrán que empezar a medir las empresas lleva a Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Tolima y Caldas, donde se produce aguardiente, mientras que en otros seis departamentos se ejercía el monopolio aunque no eran fabricantes. 

De acuerdo con datos que aportó al proceso el Ministerio de Hacienda, el dinero de ese monopolio rentístico que venía ejerciéndose iba a parar en un 3 por ciento al deporte, en un 37 por ciento a la salud y del otro 60 por ciento, un 51 va a la educación. "Desafortunadamente, para efectos de lo que hoy tiene discusión, la salud se financia con el vicio, eso no debería suceder en Colombia", dijo el entonces ministro Ricardo Bonilla.

Juan Camilo Herrera, uno de los demandantes y director de Jurídica Herrera, Satller y Ossa habló con EL TIEMPO sobre si esta decisión de la Corte traerá alguna afectación a la economía del sector. "Depende de que entendamos como afectación. La posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tener la libertad de producir, comercializar y distribuir así como elegir en el corto, mediano y largo plazo, puede mejorarlas, como pasa en Escocia con el whisky, México con el tequila o Brasil con la cachaza, donde no existe un monopolio de esta naturaleza", anotó.

Por eso, para él las finanzas se fortalecerán en el mediano plazo porque "sin el monopolio habrá más competencia y eso significa más ventas y, por lo tanto, más impuestos recaudados por rentas. Segundo, porque impulsa la creatividad y la innovación en la industria local: las empresas departamentales ya no pueden depender de una protección artificial y tendrán que mejorar sus productos. Eso también debería generar más empleo e inversión".

Por su parte, Julio Andrés Ossa, otro de los demandantes, expresó que "esto fomentará una competencia justa, impulsará el crecimiento de los mercados, generará capital y empleo, y en términos generales, contribuirá al bienestar social".

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Estas reacciones contrastan con lo que en medio del estudio de la demanda le dijeron a la Corte los gobernadores de departamentos como Cundinamarca y Valle del Cauca. Ni Jorge Emilio Rey ni Dilian Francisca Toro se han pronunciado desde que el martes en la noche se conoció el fallo, pero en octubre advirtieron que si se levantaban las restricciones, se verían afectadas sus industrias económicamente.

"Es importante decir que en el efecto de esa suspensión (como pasó), el mayor impacto lo tendrá la Industria de Licores del Valle, que es el organismo a través del cual el departamento explota el monopolio rentístico de licores", dijo Toro, añadiendo que "al enfrentarse a una apertura de fronteras que permita la entrada de otros aguardientes a la jurisdicción en las actuales condiciones, podría significar una fuerte disminución en las ventas y llevar a la industria a un declive financiero importante".

Jorge Emilio Rey, por Cundinamarca, subrayó que una reducción a los ingresos de su departamento significaría una herida en la inversión a la educación y salud, pues en los últimos 10 años han recibido de recursos de capital 408.000 millones de pesos. "No es una cifra menor, es bastante importante, y en los próximos 10 años producto de nuestra empresa de licores de Cundinamarca transferidas como recurso de capital tendremos 550.000 millones de pesos", suscribió.

Sobre esto, Juan Camilo Herrera explicó que si se hace bien, "con una regulación adecuada, los departamentos terminarán recibiendo más recursos que antes. La clave es entender que esta no es una pérdida, sino una oportunidad para modernizar el mercado y hacerlo más eficiente".

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]