El fuerte llamado que hace asociación internacional de abogados al presidente Petro: ‘Debe reflexionar sobre su deber de proteger la independencia del poder judicial’

Haciendo un recuento de varios momentos en los que el presidente Gustavo Petro ha hecho comentarios en contra de la Rama Judicial, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) hizo público un informe en el que da cuentas que “está monitoreando un patrón de incidentes recientes que parecen socavar la independencia del poder judicial en Colombia y, por lo tanto, amenazar la separación de poderes, una piedra angular de la democracia”.

(Lea:  Los exhortos y órdenes que ha proferido la Corte Constitucional contra los Ministerios en el primer semestre de 2024)

Para la organización, en los últimos meses se han hecho “continuos comentarios despectivos” por parte del presidente Petro en contra el poder judicial y jueces individuales.

Lo anterior, según la IBAHRI, habría influido en el asedio a la Corte Suprema de Justicia por parte de manifestantes en febrero de 2024; en medio de las deliberaciones que hacía el alto tribunal para la elección de la Fiscal General.

“El IBAHRI observa con preocupación los continuos comentarios despectivos del Presidente Petro contra el poder judicial. Petro afirmó en muchas ocasiones haber sido víctima de un golpe institucional orquestado por el Fiscal General para expulsarlo del poder, o haber sido objeto de una guerra jurídica por parte del poder judicial contra su gobierno. Los ataques verbales del Presidente contra el poder judicial suelen producirse en el contexto del rechazo a decisiones que afectan a sus propuestas de reforma o al mandato presidencial. Sin embargo, cabe señalar que ninguna de las decisiones pertinentes de las Altas Cortes de Colombia ha sido denunciada como contraria al orden constitucional del país”, señaló la organización.

La asociación en el informe destacó cuatro hechos que catalogó como ‘incidentes relevantes’, que “merecen especial atención” en los que señala que el presidente Petro ha hecho comentarios en contra de fallos y decisiones de las altas Cortes.

Destacan el episodio del 16 de noviembre del año pasado cuando la Corte Constitucional declaró inaplicable la disposición que prohibía a las empresas extractivas deducir de sus ingresos imponibles las regalías pagadas al gobierno.

Frente a esa decisión, “el presidente Petro advirtió que debido a esta sentencia, el Ministro de Finanzas podría considerar recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.

Luego el 8 de febrero de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia fue asediada por parte de manifestantes que bloquearon por la fuerza la entrada y salida del Palacio de Justicia de Colombia, como mecanismo de presión contra la Corte para obligarla a nombrar al nuevo Fiscal General.

“Tras el suceso, el gobierno negó haber tenido algún papel en el fomento del asedio y afirmó haber buscado la protección de los magistrados retirando las barricadas humanas del Palacio de Justicia. El 11 de febrero de 2024, el presidente Petro volvió a comentar el episodio en su cuenta X al condenar a la Corte Suprema por no poder tomar una decisión sobre el nuevo Fiscal General y reforzó el derecho a la "movilización ciudadana sin violencia”, dice el informe.

También ponen de presente el hecho ocurrido el 8 de mayo de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un informe en el que anunciaba la apertura de una investigación contra el presidente Petro, su jefe de campaña y los auditores, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.

“Como respuesta, el presidente hizo un llamado a sus partidarios a tomar las calles en protesta y "rodear pacíficamente los centros de poder en Colombia hasta que se restablezca el poder constitucional en este país". Llamamientos similares plantean particular preocupación dado el precedente del asedio a la Corte Suprema apenas unos meses antes”, resalta la Asociación.

Y el pasado 10 de mayo de 2024, el presidente Petro “arremetió contra el Consejo de Estado después de que éste declarara la nulidad de un decreto presidencial mediante el cual Petro pretendía asumir funciones de regulación de los servicios públicos”. 

“Todos los episodios mencionados y la retórica incendiaria del Presidente Petro son preocupantes, dada la amplitud de las acusaciones. Declaraciones despectivas de ese tipo no sólo tienen el potencial de intimidar a los jueces, interfiriendo en su capacidad de llevar a cabo sus funciones sin temor a repercusiones, sino que también afectan la percepción pública de la independencia e imparcialidad del poder judicial, erosionando así la confianza de los ciudadanos en las instituciones, con un efecto perjudicial para el estado de derecho en el país”, señala el IBAHRI.

También destacan que el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresó su preocupación por posibles interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, así como de las comunicaciones de su esposa y de algunos de los magistrados auxiliares que trabajan con él.

Y no pasan por alto la convocatoria de reforma a la Constitución que ha hecho el Presidente. “Las reformas constitucionales no suponen en sí mismas una amenaza al Estado de derecho. En ocasiones pueden ser bienvenidas y deseables, especialmente cuando tienen por objeto fortalecer la protección y el cumplimiento de los derechos humanos en un país. Sin embargo, siempre deben evaluarse con extrema cautela, dada la naturaleza fundamental de los derechos que podrían verse afectados”.

Los acontecimientos mencionados, según la Asociación, “constituyen una clara alerta sobre las amenazas a la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho en Colombia”.

El IBAHRI recordó el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , que consagra la independencia e imparcialidad de los tribunales como un aspecto fundamental del derecho a un juicio justo, y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que garantiza además el ejercicio de dicho derecho de manera especular con el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Por todo lo anterior, el organismo hizo un llamado al presidente Petro a que “reflexione sobre su deber de proteger la independencia del poder judicial y abstenerse de menospreciar a los jueces por el ejercicio de sus funciones”.

“La legitimidad de su mandato presidencial sólo se ve reforzada por una separación de poderes que funcione y una fuerte independencia institucional”, señaló la asociación.

Redacción Justicia:

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