Corte Suprema defiende su decisión sobre elección de magistrada que no aparecía en lista de preseleccionados

El Consejo de Estado ha recibido dos demandas que piden tumbar el acto de elección de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Regina Expósito Vélez, escogida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia mediante una convocatoria pública.

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Las demandas de los ciudadanos Samuel Ortiz Mancipe y Rafael Mendoza Cuello cuestionan que la Corte Suprema eligió a Expósito pese a que habían preseleccionado a otros diez juristas, de un grupo de más de 90 abogados inscritos a la convocatoria. Las demandas aseguran que la Corte generó expectativas legítimas entre los abogados preseleccionados, que finalmente no fueron tenidos en cuenta en la elección que se efectuó el pasado 21 de agosto.

Las demandas cuestionan que el alto tribunal, presuntamente, privilegió el de una persona a un cargo público “en detrimento del derecho a la participación política y al debido proceso de los otros aspirantes que ya estaban preseleccionados”. Y advierten que la elección efectuada por la Corte vulneró los principios de 'buena fe, legalidad y acato del acto propio'.

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Mediante un abogado asignado por la Rama Judicial, el presidente de la Corte Suprema defendió la elección de la magistrada Expósito de las solicitudes de medida cautelar que se presentaron y que piden la suspensión del acto electoral.

Chaverra advierte, como primera medida, que la eventual suspensión de la elección de la magistrada pondría en riesgo el funcionamiento de la istración de justicia.

“La posibilidad de suspender provisionalmente los efectos jurídicos de los actos de elección y ratificación de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura tienen la virtualidad de afectar el debido funcionamiento de la istración de Justicia, pues esa corporación tiene a su cargo el gobierno y istración de la Rama Judicial; por ende, en la eventualidad de quedar acéfala una de las plazas que la integran, se corre el riesgo de que el funcionamiento de ese servicio público esencial se vea gravemente afectado”, advierte un documento suscrito por el apoderado de Chaverra: Alejandro Campos Pájaro.

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“La ausencia de uno de los de esa corporación y la desintegración de la sala puede ocasionar demoras, traumatismos y dilaciones injustificadas, pues cada uno de ellos de manera independiente tiene asignadas diferentes labores, que, ante la no desconocida envergadura de la Rama Judicial, no sería posible atender por los magistrados restantes”, agrega la defensa de la Corte.

El escrito además indica que aunque las opiniones de las demandas merecen respeto “lo cierto es que no son acertadas ni ofrecen elementos de hecho o de derecho con la entidad suficiente para poner en tela de juicio el proceder de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

La defensa de la Corte agrega que los demandantes no lograron acreditar los motivos que “dicho tipo de elecciones se deben seguir las pautas de los procedimientos de selección (concursos) de carrera istrativa o judicial, incluida la conformación de un registro de elegibles; y que sus reglas sean las contenidas en un instructivo, cuyo desconocimiento comporte indefectiblemente «el cambio de la conducta oficial»”.

La Corte sentencia que, de prosperar la medida cautelar, podrían afectarse los derechos laborales de la magistrada Expósito.

La jurista cartagenera Claudia Expósito presentó sus alegatos de defensa a través de su apoderado, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Humberto Sierra Porto.

“El demandante no consigue demostrar por qué la elección de mi representada afectó el principio o el derecho fundamental a la igualdad entre los candidatos a la elección de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pues no proporciona los elementos para llevar a cabo el test de igualdad entre los distintos candidatos y candidatas. Tampoco consigue articular las razones por las cuáles la elección de una de las candidatas que reunía los requisitos legales para a ocupar el cargo afecta el derecho a la igualdad de los restantes candidatos”, indica la defensa de la magistrada Expósito.

La jurista remata su defensa advirtiendo que en la convocatoria pública que abrió la Corte “no estaba establecida una fase de preselección ni se limitaba el derecho a ser elegido a quienes fueran 'preseleccionados'".

Ana Cuesta - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]