El 53 % de las extorsiones en Colombia se hacen desde cárceles: así se mueve este delito que se basa en atemorizar a las víctimas

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, no solo es el jefe de la facción de las disidencias de las Farc que por más tiempo –2023 y 2024– se ha mantenido a la sombra de la ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro. También es una de las cabezas de la hidra de la extorsión, el delito que más se ha disparado en los últimos años y que, según datos de Policía y Fiscalía, es hoy el tercer negocio criminal más rentable en Colombia, después del narcotráfico y la minería ilegal.

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A pesar de las negociaciones con el Gobierno, que lo mantienen blindado de las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, ‘Calarcá’ y su bloque, ‘Jorge Briceño’, tienen azotados a comerciantes y agricultores de Meta, Guaviare, Caquetá y otros antiguos territorios donde antes hicieron presencia las Farc. Tan solo en el Meta, este año va un 52 por ciento más de denuncias que en 2023.

Mientras su antiguo socio, ‘Iván Mordisco’, decidió irse de frente por el control del narcotráfico, sobre todo en la costa Pacífica, ‘Calarcá’ maneja una lucrativa fuente de ingresos no solo en los Llanos, sino también en Antioquia y Norte de Santander, donde tiene reductos criminales. Lo cual no significa que no tenga a la vez negocios de narcotráfico en todas esas zonas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es uno de los mandatarios regionales que insisten en que termine el cese de fuegos con el grupo de ‘Calarcá’ para empezar a frenar la extorsión y otros delitos en su departamento. “Lo único que tienen como propósito es capturar una renta ilícita; hacer negociaciones con el crimen lo único que propicia es una nueva oleada de violencia”, le dijo esta semana a EL TIEMPO.

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En Bógotá, entre tanto, esta semana fue capturado alias Elkin, un venezolano de 42 años que el Gaula de la Policía señala como uno de los principales articuladores criminales del ‘Tren de Aragua’. Este hombre movía el músculo financiero de la red delictiva a través del microtráfico y las extorsiones en centros nocturnos –discotecas y bares– en las localidades de Santa Fe y Antonio Nariño (centro y sur de Bogotá). De hecho, las autoridades estiman que recogía unos 500 millones de pesos al mes a través de estas actividades delictivas.

En la capital del país, las extorsiones al sector de comercio las vienen acaparando dos redes delictivas, ambas con capos provenientes del crimen del vecino país: el ‘Tren’ y ‘los Satanás’, aseguró a EL TIEMPO el director del Gaula de la Policía Nacional, coronel Élver Vicente Alfonso Sanabria, quien reconoció que este delito es uno de los que más “percepción de inseguridad generan en Colombia”.

Este año el Gaula ha recibido 9.408 denuncias de personas que fueron adas con fines extorsivos, lo que equivale a un incremento de denuncias del 13 por ciento con respecto al año pasado. “El 83 por ciento, que representan 7.768 denuncias, corresponde a personas que no pagaron, que no fueron extorsionadas porque denunciaron de manera oportuna y eso nos permitió actuar”, destacó el director del Gaula.

El oficial reiteró que, con base en esas denuncias, pudieron actuar y evitar el pago de 140.000 millones de pesos, “dinero que no llegó a las arcas de estos actores criminales”. Las denuncias han permitido materializar este año la captura de 2.353 extorsionistas.

El cruce entre esos 140 mil millones de pesos no pagados, los ingresos que manejaban capos ya detenidos como ‘Elkin’ y la certeza de que la extorsión es uno de los delitos con menos denuncia en Colombia es el que lleva a las autoridades a proyectar esta actividad ilícita en el top de las más rentables para el crimen.

El problema es tan grande que hace pocas semanas el presidente Gustavo Petro reconoció el reto de contenerlo: “Es el único delito que nos aumenta (...) Hemos tenido fallas porque no lo hemos podido contener. Tenemos que tener un aparato capaz de detener también la extorsión”, aseguró.

La tesis del Presidente, según la cual la extorsión aumentó por las incautaciones de droga, porque las organizaciones del microtráfico buscan en la extorsión los ingresos que pierden por los golpes policiales, no encaja con la lectura de los encargados de combatir este flagelo. Por un lado, el reciente informe de Simci puso en evidencia que a pesar de las incautaciones sin precedentes (pero a la vez, consistentes con la pendiente en ascenso de cada año de la última década), la productividad de cocaína en el país rompió todos los registros y, por lo tanto, a los mercados criminales habría llegado más droga que antes.

La existencia de poderosas organizaciones criminales, incluso blindadas por la ‘paz total’, detrás del negocio; la explosión de las redes sociales, la irrupción de nuevos actores más violentos y el agravamiento de la falta de control del Estado sobre las cárceles son cuatro factores clave que explican por qué el pago forzado por seguridad o tranquilidad se convirtió en una realidad para miles de personas en todo el territorio nacional.

Aunque los extorsionistas están entre los delincuentes que más son enviados a la cárcel por los jueces, su salida de circulación no está impactando la lucha contra ese delito. De hecho, al menos un 53 por ciento de las extorsiones, según el director del Gaula, se está realizando desde los centros de reclusión en el país.

Este año van más de 160 operativos del Inpec y la Policía, principalmente en La Picota de Bogotá; El Barne y Cómbita (Boyacá); La Tramacúa de Valledupar (Cesar) y La Dorada, en Caldas.

En esos sitios de reclusión se han incautado 1.544 celulares y 1.506 SIM cards, utilizados para estas actividades delictivas. “Tenemos una criminalidad que ha desbocado el sistema carcelario. Hay dinámicas propias en los pabellones que tratamos de minimizar”, reconoció la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

El coronel Alfonso señala que la tecnología les ha brindado a los criminales más facilidades para actuar. Empezando por la información que los ciudadanos publican a través de sus redes sociales y por los anzuelos en los que caen. Por ejemplo, los delincuentes, a través de un mensaje de texto con un enlace infectado con un malware, pueden acceder a la información de os y bancos de la persona que entra al enlace. Esto facilita la extorsión o el hurto de información personal.

La extorsión digital representa ya un 45 por ciento de los casos. Pero en todo el territorio, sobre todo en zonas rurales y en barrios populares, sigue operando el modo tradicional: la gente es ada directamente o por teléfono y la conminan a que se comunique con un número o a que asista a una reunión convocada por los ilegales. Varios casos de asesinatos, especialmente en Barranquilla y Bogotá, están relacionados con la decisión de los ciudadanos de negarse ante esas presiones.

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El ‘Tren de Aragua’ es señalado como el principal motor criminal de la extorsión no solo en Bogotá sino en Norte de Santander, donde sus aprovechan la cercanía de la zona de frontera para atemorizar y atacar, especialmente en Cúcuta y Villa del Rosario. Grandes superficies, medianos comercios y sector de transporte son víctimas permanentes. 

Otra red con sus principales capos presos, pero que sigue fuerte en el negocio es ‘la Inmaculada’, el azote de Tuluá y el norte del Valle cuyo jefe, Andrés Felipe Marín, alias Pipe, ha sido trasladado en varias oportunidades de cárcel, sin que hasta ahora parezca haber menguado su poder criminal. También están ‘los Juanitos’, que compiten con las disidencias por las extorsiones en Meta y los Llanos, cuyo jefe está privado de la libertad desde 2021.

“La orden del director de la Policía es actuar contra esta organización, si delinquen, no nos quedamos de brazos cruzados”, puntualizó el jefe del Gaula.

En la radiografía criminal aparecen también ‘los Rastrojos Costeños’, en cabeza de alias Castor (privado de la libertad), y ‘los Pepes’ como los mayores dinamizadores de la extorsión en Barraquilla y su área metropolitana. En Medellín y el Eje Cafetero, siguen vivas estructuras asociadas o herederas de la Oficina de Envigado y ‘la Cordillera’, que manejan por igual narcotráfico, extorsiones y otros negocios criminales. Y hay estructuras del ‘clan del Golfo’ sacándole plata a la gente en Magdalena, Córdoba, La Guajira y el nordeste antioqueño. El Eln, a su vez, no ha dejado de extorsionar en estos dos años de ‘paz total’, especialmente en Arauca, Chocó y zonas de Cauca, Sur de Bolívar y Nariño.

Sobre las extorsiones, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le dijo a este diario que es un problema grave en el país y que viene trabajando en acuerdos con la Policía Judicial para actuar de manera más rápida. Afirmó que los grupos ilegales han pasado del secuestro a la extorsión como el delito que más suelen cometer, porque eso les da movimiento a sus finanzas, control territorial y genera miedo en sus zonas de influencia.

Hugo Acero, experto en seguridad, considera que este flagelo se mantendrá hasta tanto no se ataque de manera efectiva la corrupción que existe dentro del Inpec, ya que en algunos centros penitenciarios existen verdaderos call centers “que cuentan con anuencia de los guardias y dragoneantes corruptos de esta institución, que no son pocos”, puntualizó.

A su turno, Fernando Rojas, experto en temas de seguridad y profesor de la Universidad Javeriana, considera que la extorsión desde las cárceles se da por “debilidad de los controles de las autoridades” sobre las comunicaciones de los presos con el exterior.

“Es de público conocimiento que algunos de ellos tienen a teléfonos o equipos tecnológicos que utilizan para intimidar a sus víctimas. Por otra parte, hay una debilidad en las políticas de resocialización de los delincuentes; la cárcel termina siendo un lugar más desde el cual explotan diversas rentas criminales, y las autoridades parecieran ser las únicas que no lo saben”, dice Rojas.

Por su parte, Daniel Mejía, experto en asuntos de seguridad, advierte que “los estudios muestran que la tasa de denuncia en este delito es una de las más bajas. La gente prefiere pagar y no denunciar”. Sobre la problemática de las cárceles y la propuesta de bloqueadores de señal, indicó que “estos se han intentado poner en un área que también afecta a los vecinos de las cárceles. Ya existen tecnologías en las que los bloqueadores de señal no bloquean un área completa, sino que detectan los celulares dentro de las cárceles y bloquean cada aparato. Uruguay ya lo ha intentado. Pero al final termina siendo un tema de voluntad política para invertir en medidas más eficientes”.

Los frentes de seguridad son una estrategia que ha funcionado también. Vecinos y comerciantes se unen para imponer mecanismos de seguridad y vigilancia, como cámaras de seguridad, grupos de WhatsApp y una comunicación directa con la Policía.

“Individualmente, una persona no tiene incentivo de denunciar, pero colectivamente se puede hacer. Toca hacer también trabajo de pedagogía, porque sino, va a seguir creciendo este delito desmesuradamente”, concluye Mejía. Pero no se trata solo de bloquear las comunicaciones, si no de romper las cadenas de poder criminal que se mantienen intactas a pesar de que los capos puedan estar en una cárcel.

Y los expertos advierten que no se ven las grandes operaciones contra el lavado de activos y los testaferros de los reyes de la extorsión y de otros delitos de alto impacto en el país. En ese frente, tanto la Fiscalía como la Policía tienen el reto de rastrear e iniciar las acciones de extinción de dominio sobre fortunas ilegales que en los últimos años pueden haber acumulado, a punta de amenazas, cifras billonarias. 

Carlos López y Alicia Méndez - Redacción Justicia - @JusticiaET