Condenan al municipio de Fundación, Magdalena, por la tragedia en la que murieron 33 niños

El Consejo de Estado modificó una sentencia en la que sólo se había condenado a una Iglesia.

18 de mayo de 2014. 33 niños y una mujer murieron calcinados en un bus que los transportaba en Fundación, Magdalena. Foto: Archivo El Tiempo

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Ana María Cuesta

EDITORA27.12.2024 08:03 Actualizado: 27.12.2024 08:56

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Al medio día del 18 de mayo del año 2014, un bus contratado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que transportaba a 60 niños a la escuela dominical del culto, en el municipio de Fundación, Magdalena, se incendió por una maniobra que desplegó el conductor del vehículo, modelo 93, cuando intentó encenderlo tras una avería.

La maniobra con gasolina en ese viejo bus que funcionaba con gas generó una chispa y un fuerte incendio que acabó con la vida de 33 de los niños que acudían al culto. Varios de los fallecidos escasamente alcanzaban los 5 años de edad. También falleció una mujer de 42 años que custodiaba el traslado de los menores desde el barrio Faustino Mojica a la Iglesia Pentecostal de Fundación.

El Consejo de Estado, adoptó antes de irse a la vacancia judicial, un importante fallo en el que condenó al municipio de Fundación Magdalena y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación a indemnizar a los familiares de los 33 menores que fallecieron en el siniestro.

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"Declarar civil, istrativa y patrimonialmente responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por los perjuicios causados con ocasión de la conflagración de la buseta de placas UV8-556, el 18 de mayo de 2014", dice la decisión.

Norma Cecilia Meza, Mamá de Antonio José Pabón, de 7 años, se separó a los dos meses de la tragedia. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO

El fallo resulta crucial pues la decisión de primera instancia, adoptada por el Tribunal istrativo del Magdalena, había decidido en el año 2021 que los únicos responsables por la muerte de los menores eran los integrantes de la Iglesia Pentecostal de Fundación, que para ese momento contaba con el liderazgo espiritual de Manuel Salvador Ibarra.

En ese momento se condenó a la Iglesia a pagar el equivalente a 27.805 salarios mínimos a las familias. En esa sentencia se advirtió que el bus involucrado tuvo documentos legales hasta el año 2012 y que aunque las autoridades de tránsito debían velar por la vigilancia de ese tipo de vehículos, no se podía culpar a las entidades por las omisiones de los particulares.

"No se puede pretender que las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones imputadas a los ciudadanos generen de forma directa responsabilidad de reparar del Estado”, indicó la decisión de primera instancia.

(Visite el especial: Voces de la tragedia)

Karen Díaz Hernández, 32 años, madre de Selena Patricia Urbina Díaz, de 5 años. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Por qué se condenó al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito?

El Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María Adriana Marín, advirtió que aunque la "omisión" de la Iglesia y el "actuar" del conductor tienen "indefectiblemente" la culpa directa de los hechos, también se comprobó una omisión de las autoridades estatales.

"Aunque se probó que existió una falla del servicio por parte del Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación y el municipio de Fundación y no fue la causa eficiente del daño, la ausencia absoluta de una mínima diligencia antes del suceso y el día de los hechos, en relación con la adopción de medidas de seguridad y control del tráfico vial en el transporte de menores en el municipio de Fundación sí incidió en el resultado".

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Yenis Movilla Ortiz, 25 años Mamá de Bladimir Otero Movilla, 3 años. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO

El fallo, adoptado el 6 de diciembre, advierte que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia debe asumir el 80% de la condena total, es decir, 14.320 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

El municipio de Fundación asumirá el 10% de la condena, equivalente a 1.790 salarios mínimos. Y el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación asumirá el otro 10% de la condena total.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]

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